Presentaron en la Cámara de Diputados de la Nación un nuevo proyecto de ley para regular procesos colectivos interjurisdiccionales de consumo, trabajo, medio ambiente y demás derechos de incidencia colectiva en general (*FED)

En fecha 11 de junio de 2018 fue presentado en la Cámara de Diputados un proyecto titulado «Ley Nacional de Acceso a la Justicia Colectiva de Consumidores, Trabajadores, el Medioambiente y los derechos de incidencia colectiva en general». 

La iniciativa fue promovida por el Diputado José Luis Ramón y tramita por Expediente 3599-D-2018.

De acuerdo con lo dispuesto por su art. 1, tiene por objeto regular «los procesos judiciales para la prevención o reparación de daños a derechos de incidencia colectiva indivisibles interjurisdiccionales o para la prevención o reparación de daños a derechos individuales homogéneos con efectos en más de una jurisdicción, sea que tramiten ante la justicia provincial o nacional ordinaria o ante la justicia nacional federal». 

En los fundamentos se señala que «para la confección del proyecto se han tenido en cuenta los proyectos presentados en este Congreso hasta la fecha (en particular los expedientes N° 2748-D-2012, N° 1045-D-2014, N° 1607-D-2007, N° 7798-D-2016, 0826-D-2015, N° 4527-D-2015 y N° 5356-D-2016 y actualmente el 573-D-2018), así como muy en particular la “Propuesta de bases para la discusión sobre una ley de procesos colectivos” (Leandro J. Giannini; Perez Hazaña Alejandro; Caren Kalafatich; Dante Rusconi; José M. Salgado; Matías A. Sucunza; Matías R. Tau; M. Carlota Ucín; Francisco Verbic, publicado en la Revista de derecho procesal de la editorial Rubinzal Culzoni. 2016, número 2 p. 499 a 531) y el “Anteproyecto de ley de procesos colectivos” presentado por Leandro J. Giannini, José M. Salgado y Francisco Verbic en la Revista de Derecho Procesal 2017-1, editorial Rubinzal Culzoni. Sumados a estos documentos que marcan la preocupación por subsanar la grave omisión legislativa y ordenar el ejercicio de los derechos colectivos, se ha tenido también muy en cuenta la gran jurisprudencia generada a la fecha (tanto por la CSJN como por los superiores tribunales de justicia provinciales y los tribunales de todo el país), que permite conocer las problemáticas, las dificultades operativas y la necesidad de generar un equilibrio que permita agilizar, dar seguridad y permitir el ejercicio efectivo de estos derechos».

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