20 años de “Asociación Benghalensis y otras”, el primer amparo colectivo resuelto por la CSJN (*FED)

El 1 de junio de 2000 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia en “Asociación Benghalensis y otras c/ Ministerio de Salud y Acción Social – Estado Nacional s/ amparo ley 16.986″ (Causa N° A. 186. XXXIV, publicada en Fallos 323:1339).

Mediante remisión por mayoría al dictamen del Procurador General, con 3 disidencias y dos votos concurrentes, la Corte confirmó la sentencia de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que, a su turno, había confirmado la de primera instancia.

Dicha decisión “al hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por la Asociación Benghalensis y otras entidades no gubernamentales que desarrollan actividades contra el virus del SIDA, condenó al Estado Nacional -Ministerio de Salud y Acción Social- a dar acabado cumplimiento a su obligación de asistencia, tratamiento y en especial suministro de medicamentos -en forma regular, oportuna y continua- a los enfermos de ese mal registrados en los hospitales públicos y efectores sanitarios del país”.

Esta fue la primera sentencia definitiva dictada por la CSJN en el marco de amparos colectivos promovidos por organizaciones de la sociedad civil en los términos del art. 43 de la CN con posterioridad a la reforma de 1994.

En materia de legitimación colectiva, interpretando dicha previsión constitucional el dictamen del Procurador General consideró que las organizaciones actoras eran “titulares de un derecho de incidencia colectiva a la protección de la salud (…) además del derecho que les asiste para accionar para el cumplimiento de una de las finalidades de su creación”.

Al respecto, comparto la crítica que escribí sobre esta forma de encarar el tema en “Procesos colectivos” (Astrea, 2007; citas internas omitidas):

“6.1. Las asociaciones no son titulares de derechos de incidencia colectiva.

Luego de los vaivenes experimentados por la jurisprudencia en lo que hace al reconocimiento de la legitimación extraordinaria de estas entidades intermedias, la Corte Suprema sentó una doctrina acorde con el texto constitucional al fallar en autos ‘Asociación Benghalensis y otras c/ Estado Nacional’. 

En dicha causa, la asociación actora y otras ONG habían promovido una acción de amparo con el objeto de obligar al Estado Nacional a cumplir con la asistencia, tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por el virus del SIDA y, en especial, a cumplir con su obligación de suministrar medicamentos de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 24.798.  La Corte acogió favorablemente la pretensión remitiendo al dictamen del Procurador General, quien reconoció la legitimación de las actoras por considerar que eran ‘…titulares de un derecho de incidencia colectiva a la protección de la salud (…) además del derecho que les asiste para accionar para el cumplimiento de una de las finalidades de su creación…’.

Esta sentencia, señalada por algunos como el primer pronunciamiento sobre el fondo del conflicto en un amparo colectivo, se sustenta en un argumento que no resulta del todo feliz para delinear los contornos de la legitimación extraordinaria y objetiva de la figura que estamos analizando. 

En tal orden de ideas, entendemos desacertada la afirmación de que la asociación actora y sus litisconsortes resultaban titulares del derecho de incidencia colectiva que intentaban proteger.  Y este planteo no resulta meramente académico, ya que tiene derivaciones prácticas de suma trascendencia. 

Como hemos apuntado al analizar las nociones generales de la legitimación procesal frente a casos que involucran conflictos colectivos, los verdaderos titulares de los derechos de incidencia colectiva son las personas individualmente consideradas, quienes sufren en su esfera particular las consecuencias derivadas de la vulneración de aquellos en tanto coparticipan de una situación similar (de hecho y/o de derecho) que las sitúa como parte de un mismo grupo, clase o sector frente al demandado. 

Vulnerados estos derechos, lo que hace la entidad intermedia es defender y representar ante los estrados judiciales al grupo, clase o sector afectado; actuación que no implica la necesidad de ser titular de derecho alguno mas que del derecho de acción constitucionalmente puesto en su cabeza por el art. 43, 2do. párrafo de la carta magna.

Entender que es la entidad quien titulariza el derecho de incidencia colectiva implica desandar todo el terreno ganado en lo que refiere al carácter anómalo y extraordinario de la legitimación en esta arena.  

Según hemos visto, el derecho sustancial y el derecho de acción no tienen por qué encontrarse necesariamente en cabeza del mismo sujeto a partir de la reforma de 1994.  

El modo en que la Corte enfoca la cuestión omite realizar el necesario deslinde entre derecho sustancial y derecho de acción, premisa fundamental para comprender los verdaderos alcances de las legitimaciones extraordinarias previstas en el texto constitucional.  De seguirse este entendimiento, la legitimación vuelve a encasillarse en parámetros individuales, aún cuando tal individualidad refiera a una persona jurídica.

Sin perjuicio del análisis crítico efectuado, entendemos que el hecho de exponer la solución del caso en el modo en que lo hizo permitió al máximo tribunal no contradecirse con la doctrina tantas veces esgrimida para negar legitimación activa al Defensor del Pueblo de la Nación por considerar que el mismo no resulta titular de los derechos cuya protección persigue”. 

Sentencia acá.

Acá el dictamen emitido por el Procurador General el 22 de febrero de 1999, al cual remitió la mayoría de la CSJN.

Acá una nota de Ignacio López con una reseña y análisis del caso.

Autor: Francisco Verbic

Abogado y Profesor de Derecho

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