Precisa definición de la clase y demostración de problemas de acceso individual a la justicia: La Cámara Federal de Córdoba revocó la medida cautelar que había suspendido el aumento de la tarifa de gas natural para diversos usuarios no residenciales (*FED)

En fecha 31 de Octubre de 2016 la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba dictó sentencia en autos “Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios Asociación Civil (APYME) c/ Estado Nacional y otro s/ Amparo Ley 16.986″ (Expte. Nº 32440/2016), revocando la medida cautelar dictada el 27 de Septiembre de 2016 por la cual se dispuso “para el colectivo integrado por los pequeños y medianos industriales, comerciantes, prestatarios de servicios, productores agrarios, sectores medios, cuentapropistas, profesionales y otros afines, la suspensión de las medidas contenidas en las Resoluciones N° 28/2016, 31/2016, 99/2016 y 129/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, concordantes y Resoluciones N° 3725/2016 e I/3843/2016 de ENARGAS, la continuidad del cuadro tarifario del servicio de gas conforme al vigente con anterioridad al 31 de marzo del corriente año, es decir, sin variación alguna que no surja del propio consumo del usuario, y ello hasta el 27 de diciembre de 2016 (art. 5°, Ley 26.854)” (ver sentencia cautelar acá).

El voto de Avalos, al cual adhirieron en lo sustancial y con consideraciones adicionales los otros miembros del tribunal, comenzó por señalar que no se trataba de una cuestión abstracta a pesar de haberse aprobado un nuevo cuadro tarifario: “no obstante los nuevos cuadros tarifarios vigentes instrumentados a partir de la Resolución E 212/2016 del Ministerio de Energía y Minería publicada en el Boletín Oficial el pasado 7 de octubre, se mantiene el interés jurídico en un pronunciamiento de esta Alzada en relación a la medida cautelar apelada, por los efectos que la misma ha generado entre los destinatarios de la medida y el colectivo de usuarios cuya representación se ha invocado” (considerando III).

Sentado ello, avanzó sobre el análisis de los agravios vinculados con la legitimación activa de la organización que promovió la demanda “pues si ellos tuvieran acogida, resultaría inoficiosa la consideración de las restantes cuestiones invocadas. Ello es así por cuanto dilucidar la cuestión relativa a la legitimación procesal de la actora constituye según jurisprudencia del Alto Tribunal (Fallos: 322:528; 323: 4098) un presupuesto necesario para que exista un caso o controversia que deba ser resuelto por un Tribunal de justicia” (considerando III).

Con cita de lo sostenido por la CSJN en los precedentes “Abarca” y “CEPIS”, y tomando lo sostenido en ambas sentencia como marco de ponderación, el fallo consideró que “Confrontadas las pautas dadas por el Superior, con el colectivo definido en la presente causa, se verifica que le asiste razón a los apelantes, en el sentido de que éste resulta de una heterogeneidad tal que no cumple con los estándares definidos anteriormente, dado que abarca a una variada e indeterminada gama de usuarios no residenciales, tales como pequeños y medianos industriales, comerciantes, prestatarios de servicios, productores agrarios, sectores medios, cuentapropistas, profesionales y otros afines que pudieran verse afectados con el dictado de las normas cuestionadas; por lo que no existe la posibilidad de identificar en forma precisa el colectivo involucrado. La enumeración efectuada demuestra que el universo de usuarios y situaciones que la actora pretende abarcar resulta excesivamente vasto” (considerando IV).

Agregó a ello que “el Alto Tribunal ha sido muy insistente en remarcar que quienes pretenden iniciar procesos colectivos deben ofrecer una definición cierta, objetiva y fácilmente comprobable de la clase, lo cual exige caracterizar suficientemente a sus integrantes de forma tal que resulte posible a los tribunales corroborar, en la etapa inicial del proceso, tanto la existencia de un colectivo relevante como determinar quiénes son sus miembros (‘Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur e/ Loma Negra Cía. Industrial Argentina S.A. y otros’ Fallos: 338:401), por lo que por las razones hasta aquí expresadas, corresponde concluir que en el presente caso no se encuentran cumplidos los recaudos para hacer viable una acción colectiva en los términos de la doctrina sentada por nuestro Máximo Tribunal” (considerando IV).

Esta circunstancia, continuó afirmando la sentencia, “impide afirmar que el comportamiento que se imputa a las demandadas haya afectado, de igual forma, a todos los sujetos que integran el colectivo que se pretende representar y, por lo tanto, no permite tener por corroborada, con una certeza mínima, la existencia de efectos comunes que, conforme la doctrina sentada en el precedente ‘Halabi’ (Fallos: 332:111), permitan tener por habilitada la vía intentada” (considerando IV).

Además de este argumento, para revocar la cautelar el tribunal también consideró que correspondía aplicar el estándar jurisprudencial establecido por la CSJN según el cual la tutela colectiva sólo es admisible, en principio, si el acceso individual a la justicia de los miembros del grupo se encuentra comprometido.

Sobre esta cuestión la Cámara acudió nuevamente a la doctrina “CEPIS”, recordando lo sostenido allí por la CSJN en cuanto a que “…De la reseña efectuada surge que sólo respecto de los ‘usuarios residenciales’…es posible sostener que el caso involucre un supuesto en el que se encuentre comprometido el acceso a la justicia. Ello es así, en tanto sólo en relación al mencionado colectivo cabe aquí presumir una posición de mayor vulnerabilidad frente al efectivo cumplimiento de la garantía constitucional señalada (considerando 13, 4° párrafo del precedente ‘Halabi’ citado)….Que sin embargo, respecto del resto de los usuarios (no residenciales) -que sería la categoría de usuarios involucrados en esta demanda- no se ha demostrado, ni resulta de manera evidente de las constancias de autos, que el ejercicio individual de la acción no aparezca plenamente posible en atención a la entidad de las cuestiones planteadas (sentencia de esta Corte en la causa ‘Sociedad Rural Río V c/ AFIP s/ Ordinario’, dictada el 4 de agosto de 2016). Esta circunstancia impide tener por corroborada, con una certeza mínima, que se encuentre comprometida la garantía de acceso a la justicia que, conforme a la doctrina sentada en el precedente citado, resulta necesaria para habilitar la vía intentada respecto de tales usuarios, por lo que los efectos de esta sentencia no pueden alcanzarlos’” (considerando V).

El fallo consideró que “La contundencia de tales aseveraciones, vertidas por el Máximo Tribunal del país el pasado 18 de agosto, es decir dentro del mismo contexto socio-económico actual, sella también el éxito de las apelaciones en estudio, debiendo remarcarse que el Juzgador, al despachar la medida cautelar en análisis, no ha siquiera mencionado este precedente, o lo ha rebatido o justificado el apartamiento de lo allí decidido” (considerando V).

Fallo completo disponible acá.

 

 

4 comentarios en “Precisa definición de la clase y demostración de problemas de acceso individual a la justicia: La Cámara Federal de Córdoba revocó la medida cautelar que había suspendido el aumento de la tarifa de gas natural para diversos usuarios no residenciales (*FED)

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