La CSJN se expide sobre la legitimación colectiva de Cámaras empresariales para defensa de derechos patrimoniales. Derechos individuales Vs. derechos individuales homogéneos. Defectos postulatorios. Límites a los estatutos que consagran facultades para representar en juicio (*FED)

Por Augusto Martinelli

El 21 de diciembre de 2022 la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al Recurso de Queja que interpuso el Poder Ejecutivo Nacional en “Cámara Unión Argentina de Empresarios del Entretenimiento c/ Estado Nacional – AFIP s/ Inc. de Apelación” (Expte. CAF N˚ 21949/2017/6/1/RH5) y revocó la resolución de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que le reconoció legitimación activa a la Cámara Unión Argentina de Empresarios del Entretenimiento (UADEE) para actuar en juicio en representación de un grupo de empresas asociadas.

La CSJN concluyó que la UADEE no actuaba como representante adecuado de una clase y remarcó que cada empresa debe litigar en defensa de sus derechos patrimoniales, aún cuando se encuentre nucleada en una asociación cuyo estatuto le permita litigar en defensa de sus asociados.

El 20 de abril de 2017 la UADEE interpuso una acción declarativa de inconstitucionalidad en representación de una porción de empresas asociadas, que explotaban bingos y máquinas tragamonedas. Para justificar su legitimación activa, citó a su estatuto de creación y funcionamiento, que expresamente le reconocía la capacidad de presentarse en juicio en defensa de los derechos de sus asociados.

En concreto, la UADEE solicitó al Poder Judicial que se expida sobre la constitucionalidad de la Ley N˚ 27.346, que dispuso (i) un aumento en la alícuota del impuesto a las ganancias sobre juegos de azar en casinos y apuestas on-line y (ii) la creación de un nuevo impuesto sobre la realización de apuestas. Afirmó que la nueva alícuota y el impuesto afectaban el principio de legalidad, no confiscatoriedad e igualdad, además de violar los límites de la delegación legislativa. También solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de las normas impugnadas.

La demanda recayó en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N˚ 6, a cargo del Juez Enrique Lavié Pico que, previo a expedirse sobre la medida cautelar, corrió traslado al Estado Nacional y la AFIP para que presenten el informe del art. 4 de la Ley de Medidas Cautelares contra el Estado Nacional.

El 10 de mayo de 2017 el Estado Nacional y la AFIP contestaron el informe y plantearon que la actora carecía de legitimación activa porque, aun cuando las normas impugnadas pudieran afectar los derechos de varias empresas, no existía norma que la habilite a litigar en representación de las personas jurídicas afectadas porque el caso involucraba derechos individuales de cada empresa.

También plantearon que la UADEE implícitamente pretendía encuadrar la controversia en un caso colectivo sin reunir los requisitos de admisibilidad establecidos por la CSJN, que en varias oportunidades aclaró que en el sistema de justicia argentino existían tres tipos de derechos: (i) derechos sobre bienes jurídicos individuales (cuya defensa corresponde al titular o afectado) y derechos de incidencia colectiva (ii) vinculados a derechos individuales homogéneos o (iii) vinculados a bienes colectivos, (Fallos 332:111; 336:1236; 339:1077, Acordadas CSJN N˚ 32/2014 y 12/2016).

El 18 de mayo de 2017 el Juzgado N˚ 6 otorgó la medida cautelar solicitada. Consideró que se encontraba acreditada la verosimilitud en el derecho y peligro en la demora para suspender la vigencia de las normas impugnadas. Más allá de la cuestión de fondo, el Juzgado no analizó los planteos de las demandadas vinculados a la falta de legitimación activa de la actora. Frente a lo resuelto, el Estado Nacional y la AFIP interpusieron un recurso de apelación, que recayó en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

El 6 de abril de 2018 la Cámara de Apelaciones revocó la medida cautelar solicitada, pero confirmó la legitimación activa de la UADEE respecto de la acción declarativa de inconstitucionalidad. En lo que aquí interesa, resaltó que la actora corría con la carga de acreditar que los agravios expresados en su demanda la afectaban de forma “suficientemente directa” (Fallos 306:1125; 308:2147; 310:606; 333:1212). También remarcó que, como regla general, la afectación de un derecho plenamente individual debe ser defendida por la persona que sufrió el menoscabo, aun cuando existan varios afectados/as por el mismo hecho.

Luego de esta introducción, concluyó que no se encontraban reunidos los requisitos para que el caso fuera tratado como una acción colectiva en defensa de derechos individuales homogéneos, conforme las pautas establecidas por la CSJN en diversos precedentes y acordadas (previamente citados). En particular, manifestó que, aun cuando en el caso existiera una misma situación de hecho capaz de lesionar los derechos de varias empresas, no existía una lesión homogénea que justifique la agrupación del conflicto porque el reclamo se basaba en una supuesta confiscatoriedad tributaria que debía ser analizada y probada caso por caso.

Respecto al tercer requisito de admisibilidad establecido por la CSJN en Halabi y reiterado en otros precedentes (falta de incentivos para litigar individualmente que deriva en una lesión al derecho de acceder a la justicia), la Cámara resaltó que la controversia planteada tampoco podía colectivizarse porque las empresas afectadas tenían suficientes incentivos para litigar individualmente.

Sobre este aspecto, la Cámara se detuvo en la excepción a este requisito de admisibilidad que estableció la propia CSJN en “Halabi” y “PADEC c. Swiss Medical”, cuando sostuvo que determinadas controversias podrían colectivizarse aun cuando existan incentivos para litigar individualmente, siempre que involucren a “grupos que han sido tradicionalmente postergados o débilmente protegidos”.

En otras palabras, la Cámara reconoció la plena operatividad de la excepción a la regla sobre el requisito de falta de incentivos para litigar individualmente. La mención no es menor ya que en varias oportunidades la propia CSJN hizo caso omiso a esta excepción a la regla cuando, paradójicamente, fue ella quien la estableció en sus precedentes (ver sugerencias bibliográficas al final de esta entrada).

Luego de concluir que no se trataba de un caso colectivo sobre derechos individuales homogéneos, la Cámara analizó si, de todas formas, la UADEE estaba legitimada para iniciar la acción en representación de las empresas asociadas. Para ello, evaluó los alcances de su estatuto de creación y funcionamiento, que le reconocía la capacidad de “representar a sus asociados ante cualquier tipo de organismo con pleno ejercicio de legitimación activa”. También remarcó que las empresas asociadas habían accedido formalmente a que la UADEE las representara en juicio.

En base a lo analizado, la Cámara citó el precedente de la CSJN “Cámara de Comercio, Industria y Producción de Resistencia c/ AFIP s/ Amparo” (Fallos 326:3007), donde la Corte sostuvo que «el Tribunal coincide con el dictamen del señor Procurador General (que se da por reproducido en este punto) en cuanto, tras examinar el estatuto de la entidad actora llega a la conclusión de que aquél no le otorga potestad para estar en juicio en representación de sus asociados por un reclamo como el articulado en el sub judice, referente a derechos patrimoniales propios de cada uno de éstos». La Cámara consideró, sin embargo, que como el estatuto de la UADEE la facultaba expresamente a representar a sus asociados en juicio, entonces estaba legitimada para litigar aun cuando no se trate de un caso colectivo. Ante lo resuelto, tanto la UADEE como el Poder Ejecutivo Nacional interpusieron Recurso Extraordinario Federal. Ambos fueron rechazados (28/06/2018), pero solo el PEN interpuso Recurso de Queja ante la CSJN.

El 21 de diciembre de 2022, cuatro años y medio después de la sentencia de Cámara, la Corte Suprema se expidió sobre la queja interpuesta y, como adelantamos, revocó la resolución de la Cámara que confirmó la legitimación activa de la UADEE para litigar en representación de parte de sus asociados. Para justificar su postura, la Corte comenzó con un repaso de los principales precedentes vinculados al concepto de “caso o controversia” en los términos del art. 116 de la Constitución Nacional (Fallos 340:1084; 341:1356; 342:853, entre muchos otros).

Luego, con referencias a “Halabi”, se enfocó en los requisitos de admisibilidad de todo caso colectivo y resaltó la primera y más tradicional categoría de derechos cuya lesión implicaría la existencia de un caso o controversia, es decir, los derechos sobre bienes jurídicos individuales. Al respecto sostuvo que deben ser defendidos por su titular, aun cuando existan varias personas en la misma circunstancia. Aclarado ello, puntualizó que, en el caso planteado, no quedaban dudas de que la actora no inició una acción colectiva, sino una demanda en representación de empresas asociadas: «Que en esta instancia no hay discusión de que la
actora interpuso una acción en representación de los derechos puramente individuales de diversas entidades. Es decir, la asociación actora no pretende representar intereses individuales homogéneos en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional. Tanto la sentencia de cámara como la contestación del recurso extraordinario de la propia actora expresamente descartan que se trate de un supuesto de derechos de incidencia colectiva sobre intereses individuales (conf. fs. 470/480)» (considerando 8°).

También resaltó que era cierto que el estatuto de la UADEE le reconocía facultades de representación en juicio, además de que las propias empresas lo habían manifestado expresamente en reuniones de comisión directiva. Sin embargo, aclaró que el estatuto de una institución no era asimilable a un acto de empoderamiento por parte de los asociados.

Sobre este punto, afirmó que, cuando una persona jurídica actúa conforme las bases de su estatuto, lo hace en defensa de un derecho propio y no en defensa de los derechos individuales de las personas que la nuclean. Y en el caso planteado, tanto la nueva alícuota como el tributo creado afectaban directamente a las empresas vinculadas a los juegos de azar, y no a UADEE, que las nucleaba. Así, con cita al caso “Sociedad Rural Río V c/ AFIP s/ Ordinario” (FMZ N˚ 82203891/2012/1/RH1), el mismo que fuera aplicado erradamente en «CEPIS», la Corte rechazó la legitimación activa de la actora para accionar en defensa de sus asociados.

Por otro lado, también vinculado a cuestiones de incidencia colectiva, la Corte remarcó que no existía previsión normativa alguna que permita a este tipo de instituciones accionar judicialmente en defensa de derechos cuya titularidad corresponde a otras personas. Ello, en referencia al art. 43 de la Constitución Nacional, que consagra la “legitimación anómala” en cabeza de determinadas asociaciones creadas para defender derechos de incidencia colectiva, como pueden ser las asociaciones de defensa del consumidor, de defensa del medio ambiente, asociaciones sindicales o el propio Defensor del Pueblo (ver sugerencias bibliográficas).

La Corte también aclaró que no era aplicable al caso el precedente “Cámara de Comercio, Industria y Producción de Resistencia c/ AFIP s/ Amparo” (Fallos 326:3007) porque, en aquella oportunidad, la actora se postuló como adecuado representante de una clase, es decir, planteó un caso colectivo (circunstancia que no sucedió en este caso). Según manifestó la propia Corte, en aquella controversia resolvió que la institución actora carecía de legitimación para litigar colectivamente porque su estatuto no la facultaba a hacerlo frente al tipo de derechos que buscaba defender.

En otro orden de ideas, la Corte resaltó que, aun cuando un estatuto habilite a determinada institución a litigar en defensa de sus asociados, dicha facultad colisionaría con la Ley N˚ 10.996, que delimita quiénes pueden ejercer esa representación (abogados, procuradores, escribanos). También remarcó que no alcanzaba con que las empresas hayan manifestado su adhesión a la demanda en reuniones de comisión directiva porque implicaría reconocer una vía alternativa para incumplir las previsiones del art. 47 del CPCCN, que establecen los requisitos que deberán satisfacer abogados y procuradores para acreditar representación en juicio.

Para concluir, como disparador, cabe preguntarse si hubiera convenido que las empresas afectadas se presenten en un escrito conjunto, acrediten su respectiva personería y manifiesten que el caso se iniciaba bajo la figura de un litisconsorcio facultativo. De hacerlo, podrían haber solicitado la unificación de personería en pos de una mejor gestión del caso (conf. arts. 88 y 54 CPCCN)

Escritos y resoluciones analizadas:

Demanda de la UADEE.

Informe del art. 4 Ley N˚ 26.854 del PEN.

Resolución del Juzgado que concedió la medida cautelar.

Resolución de Cámara que revocó cautelar y confirmó legitimación activa.

Resolución CSJN sobre Recurso de Queja interpuesto por el PEN.

Sugerencias bibliográficas:

Sobre el requisito de admisibilidad vinculado a la falta de incentivos para litigar individualmente, ver:

Sobre la legitimación anómala típica de las acciones colectivas de tipo representativo, ver:

Autor: Augusto Martinelli

Abogado - Maestrando en Derecho Procesal (UNLP, ARG) - Diplomado en Argumentación Jurídica (USI, ARG) - LLM en US Legal Studies (Fordham, USA)

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