La CSJN devolvió “Fernández” a su juez natural poniendo énfasis en la necesidad de que los magistrados “cumplan de manera estricta los recaudos estructurales de los procesos colectivos” (*FED)

En fecha 24 de Agosto de 2016 el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín dictó sentencia en autos “Fernández, Francisco Manuel y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional – Ministerio de Energía y Minería -ENRE- s/ Amparo Ley 16.986″ (Expte. Nº 33.645/2016), disponiendo remitir el expediente a la CSJN para que sea tratada y resuelta junto con “Abarca” (resuelto en fecha 6 de Septiembre, sentencia acá).

Recordemos que este Juzgado había dictado una medida interina suspendiendo el aumento de la tarifa del servicio público de luz eléctrica (ver acá) y que con posterioridad a ello la Cámara Federal de San Martín confirmó su competencia en el asunto al rechazar el planteo de recusación con expresión de causa articulado por el ENRE y el Ministerio demandado contra la Jueza (ver acá).

En esta decisión del 24 de Agosto (ver acá) la Jueza invocó lo resuelto por la CSJN en “CEPIS” (ver acá) y remitió el caso a la CSJN, sosteniendo lo siguiente: “En dicho pronunciamiento, considerandos 38 y 39, el Alto Tribunal hace hincapié en la necesidad de ‘evitar que la multiplicidad de procesos denunciados redundara en un dispendio de recursos materiales y humanos o en el dictado de sentencias contradictorias’ y que ‘cumplido con la inscripción ordenada por la Acordada N 32/2014 se utilice un criterio de preferencia temporal…’ Consultado el trámite de la causa ‘Abarca’, que tiene radicación en la Excma. Cámara Federal de La Plata, se puede certificar que se ha concedido el recurso extraordinario planteado por las demandadas y que elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se remitió la causa a la Procuración General de la Nación, haciendo saber a la Sra. Procuradora General, que considerará esa causa en el acuerdo del martes 6 de septiembre a las 10:00 horas. En consecuencia, por la doctrina citada del Alto Tribunal, en especial razones de economía procesal, ante un tema de gran repercusión social y más precisamente de “gravedad institucional” (vid. considerando 35), estimo que las presentes deben ser elevadas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde se encuentra la causa “Abarca” para su pronta resolución y a los fines que correspondan”.

Una vez recibido en la CSJN, el expediente fue acumulado a la causa “Abarca, Walter José y otro c/ Estado Nacional ­ Ministerio de Energía y Minería y otro s/ Amparo Ley 16986” (N° FLP 1319/2016/CS1).

El mismo día en que se resolvieron los REF contra la medida cautelar allí ordenada, la Corte también resolvió, mediante otra sentencia dictada en el mismo expediente, “devolver las actuaciones al juzgado de origen, encomendándole a la señora jueza interviniente que, sobre la base de las rigurosas exigencias vigentes en materia de procesos colectivos según lo recordado por el Tribunal en el pronunciamiento mencionado, verifique la subsistencia de los presupuestos que habilitan su intervención en el proceso y, en su caso, adopte las decisiones que correspondan con arreglo al estado de la causa” (considerando 9°).

En esta oportunidad la Corte profundizó algunos conceptos y mensajes que viene desarrollando en sus últimas decisiones colectivas con relación al alcance y requisitos de este tipo de tutela excepcional, así como también con respecto al rol de los tribunales y jueces inferiores en la ponderación y control de tales requisitos.

En este sentido subrayó que en “CEPIS” el tribunal dedicó “un tramo sustancial de la sentencia a recordar a todos quienes -de uno u otro modo- toman intervención en este complejo capítulo de la litigación en sede federal, y entre ellos -sobremanera- a los jueces y juezas federales, principios, reglas y recaudos que se consideran estructurales en materia de procesos colectivos. La decisión del Tribunal en este capítulo específico de su decisión, tuvo el explícito objeto de evitar que una valiosa herramienta’ de matriz constitucional cuya finalidad de mayor relevancia es profundizar la garantía de tutela judicial efectiva- sea frustrada en el momento de ser puesta en ejercicio, como consecuencia de llevarse a cabo una lectura deformada de los recaudos que condicionan la procedencia de esta clase de procesos. Esta prevención de que el proceso colectivo alumbrado por esta Corte en “Halabi” (Fallos: 332: 111) no debía ser desnaturalizado, fue rápidamente subrayada -cabe recordar- en la causa “Thomas” (Fallos: 333: 1023, considerando 40), al privar de validez una sentencia que había desconocido uno de aquellos principios elementales de esta clase de litigios, como era el de presencia de un caso contencioso” (considerando 4°).

Asimismo, apuntó que “el énfasis que el Tribunal ha puesto en la necesidad de que los señores jueces cumplan rigurosamente con los recaudos estructurales del proceso colectivo, en la inteligencia de que los altos propósitos perseguidos con la instrumentación de esta clase de litigios deben ser razonablemente conciliados con la firme tutela de garantías superiores -de igual raigambre constitucional- que se reconocen a todas las personas alcanzadas por una decisión judicial, impone a esta Corte proceder de plano a la devolución de las actuaciones al juzgado de origen” (considerando 5°).

Sobre estas premisas, fundó la devolución en dos argumentos.

El primero, su falta de competencia para entender en el proceso que le fuera remitido: “la radicación de dicha causa ante este estrado constitucional -cuando no se ha dictado sentencia de primera instancia- significaría una creación ex nihilo de un nuevo capítulo de su jurisdicción, en una suerte de avocamiento por salto de instancia que no hace pie en ninguno de los textos normativos aplicables que, con características de conjunto cerrado, regulan su competencia revisora u originaria” (considerando 6°).

El segundo, el hecho que la Jueza ya conocía la causa “Abarca” cuando dictó la medida interina. Sobre esta cuestión sostuvo que: “la existencia de esas actuaciones y la mencionada conexidad era conocida por la magistrada desde antes de dictar la medida cautelar “interina”, al ser anoticiada por una de las actoras (fs. 124/126). Pero además de dicha noticia, la existencia y alcances de dicho asunto fueron expresamente sopesados en la resolución -del 3 de agosto; fs. 128/134- que hizo lugar a dicha tutela preliminar, para concluir que no constituía un impedimento para ejercer su jurisdicción en la medida en que los colectivos de ambos procesos no se superponían en su totalidad” (considerando 7°).

La Corte concluyó así afirmando que “este desarrollo contradictorio de las actuaciones por parte de la señora jueza, con prescindencia de sus deberes como directora del proceso, no debe ser pasado por alto por el Tribunal”,  tanto desde una perspectiva procesal como desde otra de índole institucional (considerando 8°).

Desde la perspectiva procesal, “porque lesiona derechos de las partes de raigambre constitucional, al punto de que esta Corte ha privado de validez a decisiones que alteraban intempestivamente las reglas del proceso” (con cita de “Kersich”, ver acá).

Desde la perspectiva institucional, “porque al desplazar discrecionalmente la radicación del asunto -en que está en tela de juicio la validez del régimen tarifario en materia de energía eléctrica con un colectivo que, según la jueza, se extiende a todos los usuarios de la Nación- trasladó a esta Corte la responsabilidad por la decisión final de un conflicto de gravedad institucional que la sociedad y los poderes políticos, de la Nación y de las Provincias, vienen aguardando con especial interés, sustrayéndose de sus obligaciones como jueza de la Nación, colocando a esta Corte en un escenario judicial en el que, por el momento, no le compete conocer, y comprometiendo el prestigio de todo el Poder Judicial al frustrar las legítimas expectativas de los ciudadanos que aguardan la resolución definitiva de este conflicto, ignorando los ‘tecnicismos’ legales de las disposiciones regulatorias de la competencia, de los procesos colectivos y de la acumulación de procesos”.

Fallo completo acá.

Acá una entrevista realizada en TV a la Jueza Martina Isabel Forns el día 7 de Septiembre de 2016.

 

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