Tutela colectiva del derecho a la vivienda, legitimación del Ministerio Público de la Defensa y acceso a la justicia de grupos vulnerables en un reciente dictamen del Procurador ante la CSJN (*FED)

En fecha 4 de Marzo de 2016 el Procurador Fiscal de la Nación ante la CSJN se expidió en autos “Ministerio Público de la Defensa el Provincia de Córdoba-Estado Nacional si amparo ley 16.986” (Expte. FCB 35784/2013/1IRH1), emitiendo un dictamen con importantes desarrollos sobre el alcance de la legitimación colectiva del Ministerio Público de la Defensa de la Nación y su vinculación con el efectivo acceso a la justicia de grupos en situación de vulnerabilidad. En el caso se discute una pretensión colectiva dirigida contra el Estado Nacional y la Provincia de Córdoba para que ambos “arbitren los medios necesarios a los fines de garantizar el acceso a una vivienda digna, salubre, adecuada y segura a los niños que habitan el asentamiento Las Tablitas de la capital provincial” (apartado I del dictamen).

Si bien resolvió declarar admisible la acción y dispuso su tramitación como proceso colectivo,  la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba sostuvo que la defensora oficial no estaba legitimada “para intervenir en forma autónoma en representación de los niños”.  Fundó esta conclusión en que “no concurren los supuestos previstos en el artículo 54 de la Ley 24.946 de Ministerio Público que autorizan a la defensora oficial a actuar de manera separada de los padres, tutores o curadores de los niños. Señaló que, conforme esa norma, solo puede actuar autónomamente cuando hubiere intereses contrapuestos, los niños carecieren de asistencia o representación legal, fuere necesario suplir la inacción de sus asistentes o representantes legales, hubiere que controlar la gestión de estos últimos o cuando tomaren conocimiento de malos tratos, deficiencias u omisiones en la atención que deben dispensarles sus padres, tutores o curadores, o las personas o instituciones a cuyo cuidado se encuentren.  Por lo tanto, determinó que la representación de la defensoría oficial es de carácter coadyuvante y, en consecuencia, dispuso que esta debe completarse con la participación de los padres, tutores o curadores, quienes deben comparecer y ratificar o rectificar lo actuado y otorgarle mandato especial a aquella o a un abogado de su elección” (apartado I del dictamen, el fallo completo de la Cámara disponible acá).

Sobre la admisibilidad del REF el Procurador señaló que “fue mal denegado en la medida en que el a qua dictó una decisión que clausura, con efectos definitivos, la interpretación de la Ley del Ministerio Público -ley 24.946, hoy 27.149- respecto de la legitimación del Ministerio Público de la Defensa para promover, en forma principal, una acción de amparo colectivo, y la resolución fue contraria a las pretensiones que la recurrente funda en esa ley federal”.  Asimismo, dejó en claro allí las consecuencias de la decisión de la Cámara en clave de acceso a la justicia: “Ese agravio institucional irreparable causa, además, a los niños que habitan el barrio Las Tablitas un perjuicio de difícil e insuficiente reparación posterior puesto que la decisión apelada obstaculiza el acceso a la justicia de un grupo en situación de vulnerabilidad así como la tutela eficaz de su derecho a una vivienda digna” (apartado III).

El apartado IV del dictamen contiene una reseña del marco constitucional, legal y jurisprudencial que gobierna la actuación del organismo en este campo, despejando cualquier duda sobre su legitimación colectiva para actuar en defensa de grupos de personas (particularmente cuando se trata de grupos vulnerables).  En este sentido el Procurador  señaló que “las especiales características que rodean este caso evidencian un supuesto de inacción de los representantes legales producido por los obstáculos materiales que impiden que estos puedan acceder a la justicia en defensa de los derechos económicos, sociales y culturales de sus hijos (…) En este contexto fáctico, el supuesto de inacción de los representantes legales regulado en la ley 27.149 y en el Código Civil y Comercial no debe interpretarse de forma restrictiva de modo de ceñirlo exclusivamente a casos de negligencia, desidia o conflictos de intereses, sino que debe abarcar también la inacción que resulte de factores sociales que actúen como barreras para la actuación de dichos representantes y que estén más allá de su responsabilidad directa.  Así, entiendo que esta interpretación concilia, en las circunstancias del caso, el texto de las leyes que regulan la actuación principal de los defensores oficiales con las obligaciones del Estado de asegurar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva (arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), y de brindar una protección diferenciada y preferente a las personas que integran colectivos que sufren situaciones de desigualdad estructural (art. 75, inc. 23, Constitución Nacional)” (ver acá una reseña sobre la reciente reforma, con especial referencia a la legitimación colectiva del organismo).

En esta línea se recordó que “la protección del acceso a la justicia de los grupos tradicionalmente postergados o débilmente protegidos es uno de los fines de la doctrina de las acciones colectivas expuesta por la Corte Suprema a partir del caso “Halabi” (considerando 13°)”, y que “Más recientemente, en los citados autos “Asociación Civil para la Defensa en el Ámbito Internacional de Derechos c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ amparo”, enfatizó que el trámite colectivo es un modo de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de un colectivo altamente vulnerable, no solo por la discapacidad que padecen sus integrantes sino también por su delicada situación socio-económica” (algo sobre ese fallo acá).

De este modo el Procurador concluyó que “el caso debe ser subsumido bajo el supuesto de inacción de los representantes legales en los términos del artículo 43 de la ley 27.149 y 103 del Código Civil y Comercial, lo que habilita la representación principal de la defensora oficial. ASÍ, esa actuación del Ministerio Público garantiza la vigencia efectiva del acceso a la justicia de un grupo que demanda una especial protección. Por el contrario, requerir que los representantes legales del niño participen individualmente u otorguen un poder especial, como si se tratara de la acumulación de acciones individuales, no conduce más que a profundizar las dificultades y barreras de acceso que se pretenden conjurar precisamente a través de un proceso colectivo”.

Finalmente, el dictamen contiene en su apartado V. interesantes desarrollos vinculados con el requisitos de la adecuada representación. Al respecto recordó que en “Halabi” “la Corte Suprema destacó que en las acciones colectivas correspondía adoptar una interpretación armónica entre la operatividad de los derechos colectivos e individuales de carácter homogéneo previstos en la Constitución Nacional–en el caso, el derecho a un vivienda digna con el derecho a la defensa enjuicio de los individuos representados (considerandos 12° y 20°)” y sostuvo que “A fin de favorecer una adecuada representación, atañe al Ministerio Público de la Defensa establecer, en todas las etapas del procedimiento, vías de información, participación y diálogo con los niños y sus representantes legales y al juez, en su papel central de director del proceso, arbitrar los mecanismos necesarios a esos efectos”.

Dictamen completo del dictamen disponible acá.

 

 

 

 

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