Preclusión y “debido orden procesal” Vs. Publicidad y participación en causas colectivas (*CBA)

Hace poco más de un mes comenté acá una providencia ordenatoria muy interesante dictada en los autos “Barbaro, Néstor Omar y otros c/ GCBA s/ Amparo (art. 14 CCABA)” (Expte N° 39.405/0), de trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 15 de la Ciudad de Buenos Aires.  Por medio de la misma se dispusieron amplias medidas de publicidad para permitir a la ciudadanía tomar conocimiento de la existencia del caso y de los alcances del conflicto colectivo que allí se discute, y se generaron condiciones de posibilidad para que quienes lo deseen puedan participar en el debate.

Dicha providencia fue apelada por la demandada, pero el recurso fue rechazado al no estar comprendida en ninguno de los supuestos previstos en el art. 20 de la Ley de amparo local N° 2.145. Frente al rechazo de la apelación, la Ciudad acudió en queja a la alzada y la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones del fuero hizo lugar a este recurso de hecho, concediendo además efecto suspensivo al recurso de apelación anteriormente articulado (por tanto, impidiendo la continuación del proceso).

Para resolver de este modo, la Cámara remitió a los argumentos desarrollados en el dictamen del Ministerio Público Fiscal y agregó -invocando un precedente de la propia Sala- que el recurso debía ser admitido ya que “la providencia apelada podía ser una especie del género reconducción” (considerando 4°). Ver sentencia acá.

El dictamen fiscal, a su turno, sostuvo que “las alegaciones que la parte demandada realiza para argumentar la queja bajo estudio resultan parcialmente dogmáticas y conjeturales, a poco que se repare que mediante la resolución apelada (v. fs. 3/4vta.), no se adoptó decisión definitiva alguna en punto a los aspectos que el recurrente menciona; a saber, la legitimación de los actores, el carácter colectivo de la acción y la existencia de caso, cuestiones éstas que serán objeto de tratamiento en oportunidad del dictado de la sentencia definitiva” (considerando IV.e.).

Sin embargo, inmediatamente a continuación consideró que “si bien las medidas adoptadas no podrían considerarse a priori particularmente gravosas e inclusive podrían compartirse de haberse adoptado en un contexto fáctico distinto (…) este Ministerio Público no puede dejar de llamar la atención sobre el punto de que su adopción en esta etapa del juicio de amparo, que ya lleva cinco años de duración, donde se ha producido profusa prueba con intervención de las partes, habiendo solicitado –por lo demás- la parte actora la clausura del período probatorio (conf. vista tomada por personal de esta Fiscalía de la causa principal en la sede del Juzgado), se presentaría contraria a los principios de preclusión y debido orden procesal”.

Con base en este argumento, y señalando también “las consecuencias definitivas que las medidas adoptadas podrían tener para las partes y para el concreto trámite de la causa” (pero sin especificar cuáles serían), el dictamen recomendó hacer lugar a la queja. Texto completo acá.

La postura asumida frente al asunto en discusión impide avanzar con los primeros intentos que se advierten desde la judicatura para establecer mecanismos de publicidad y participación adecuados en el marco de un proceso colectivo. Mecanismos que son fundamentales no sólo para el correcto trámite de este tipo de causas, sino también para dotar de mayor legitimidad a la decisión judicial que habrá de recaer en el expediente.

De la lectura del dictamen y del fallo no se advierte (ni se explica) cómo esta decisión del juez de grado puede afectar el “debido orden procesal” del expediente.  En cuanto al argumento de la preclusión, resulta claro que debe ser flexibilizado (como otros institutos tradicionales) para atender como corresponde esta clase de conflictos colectivos. La regla de la preclusión no debería ser nunca utilizada en este campo como un obstáculo frente a medidas que tiendan a la apertura del debate y a lograr la mayor información y participación ciudadana posible en el expediente. Máxime cuando, como sucede en el caso, esto no produce ningún agravio de entidad a la contraparte.

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