Acceso a información pública, secreto fiscal y protección de datos personales. La Procuración General ante la CSJN dictaminó que corresponde confirmar la sentencia de condena que ordenó a la AFIP informar sobre empresas que recibieron beneficios fiscales (*FED)

El 5 de noviembre de 2021 la Procuración General de la Nación emitió dictamen en «Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) c/ EN – AFIP s/ amparo Ley 16.986» (Expte. CAF 40994/2019/CS1-CA1), aconsejando rechazar el recurso extraordinario federal interpuesto por la Administración Federal de Ingresos Públicos contra la sentencia dictada el 18 de febrero de 2020 por la Sala III de la CNCAFed, mediante la cual se condenó a dicha entidad estatal a entregar la información solicitada por la organización actora (vinculada con empresas que recibieron beneficios fiscales).

El 7 de noviembre de 2018 ACIJ comenzó la instancia administrativa con “un pedido de acceso a la información pública ante el AFIP, con el objeto de conocer la cantidad de beneficiarios, su individualización y los montos percibidos en concepto de reembolsos adicionales a las exportaciones previstos en la ley 23.018 y en el decreto 2229/2015.

Pasado un año de recorrida la vía administrativa, habiendo intervenido oportunamente el organismo garante de la ley 27.275 (Agencia de Acceso a la Información Pública) y sin haber obtenido la información solicitada, ACIJ interpuso un amparo con el fin de que se cumpla con la ejecución de la resolución 72/2019 del AAIP que ordenaba brindar los datos solicitados.

El amparo fue rechazado en primera instancia, pero la Cámara de Apelaciones, como adelantamos, revocó esa decisión e hizo lugar a la demanda. El caso llegó a la CSJN por el REF interpuesto por la AFIP.

La AFIP argumentó que la información solicitada se encuentra amparada por un instituto de protección que limita su acceso: el secreto fiscal previsto en el artículo 101 de la ley tributaria 11.683. Asimismo, sostuvo que se trataba de información confidencial por referirse a datos personales.

Sobre el secreto fiscal, planteó dos puntos relevantes. En primer lugar, enfatizó que cumplir la orden judicial “expone a sus agentes a ser objeto de persecución penal ante la inobservancia de la obligación legal [art. 101 de la ley 11.683], razón por la cual, manifiesta, la cuestión excede el interés individual de las partes y debe ser calificada como de gravedad institucional”. En segundo lugar, recordó que la ley tributaria sufrió una modificación en el año 2017, por medio de la cual se incorporó como último párrafo del artículo 101 lo siguiente: “La información amparada por el secreto fiscal contenido en este artículo se encuentra excluida del derecho de acceso a la información pública en los términos de la ley 27.275 y de las leyes que la modifiquen, sustituyan o reemplacen”. De tal forma, para la AFIP, éste último párrafo resuelve el conflicto por entender que está justificada legalmente la limitación del derecho al acceso a la información pública en resguardo del secreto fiscal.

Sobre la cuestión de datos personales, afirmó que la información encuadraba en la excepción del artículo 8 inciso i) de la ley 27.275 en cuanto establece que “Los sujetos obligados sólo podrán exceptuarse de proveer la información cuando se configure alguno de los siguientes supuestos (…) i) Información que contenga datos personales y no pueda brindarse aplicando procedimientos de disociación, salvo que se cumpla con las condiciones de licitud previstas en la ley 25.326 de protección de datos personales y sus modificatorias”. La AFIP consideró que la información requerida “importaba revelar datos patrimoniales de los beneficiarios y (…) su otorgamiento requería del consentimiento de sus titulares, de conformidad con las previsiones de la ley 25.326 de Protección de los Datos Personales”.

El dictamen consideró que la cuestión central a resolver es “determinar si la nómina de las personas físicas y jurídicas beneficiarias de los reembolsos adicionales a las exportaciones previstos en la ley 23.018 y en el decreto 2229/2015 y los montos percibidos por cada una de ellas en tal concepto, pueden ser calificados como información pública”.

Con tal objetivo, comenzó delineando las principales disposiciones del derecho de acceso a información pública y haciendo un repaso de los principios que rigen la ley 27.275. Entre ellos mencionó que el objetivo de la ley es “garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública”. Asimismo, recordó el artículo 2 de la norma en cuanto establece que existe una presunción legal de que toda información en poder del Estado es pública.

Luego se refirió a las dos líneas argumentales de la AFIP.

Sobre datos personales, “a partir de una interpretación armónica de las normas involucradas “, el dictamen entendió que lo requerido por la ACIJ reviste la naturaleza de información pública y no cabe dentro del supuesto de excepción previsto en la ley.

Para llegar a esa conclusión, sostuvo que en el caso no se pretende “indagar indiscretamente en la esfera privada de las personas físicas y jurídicas que accedieron al beneficio fiscal ni acceder a datos sobre el modo en que se compone el patrimonio de los beneficiarios, sino conocer el aspecto referido a los montos individualmente percibidos por cada uno de ellos en concepto de reembolsos adicionales a las exportaciones previstos en la ley 23.018 y en el decreto 2229/2015 (doct. Fallos: 337:256)”.

Asimismo, enmarcó el conflicto como un caso de interés público al decir que “no puede perderse de vista que el otorgamiento de tales beneficios por parte del Estado Nacional se relaciona, en definitiva, con el manejo de recursos públicos (…)”, y que por ello “aun cuando pudieran hallarse vinculados a datos personales de los beneficiarios, el acceso a esa información resulta necesario para poder ejercer un adecuado control social sobre la regularidad con que los funcionarios competentes ejecutaron dicha política fiscal (doct. Fallos: 339:827)”. Especialmente cuando el art. 7 inc. J. de la ley 27.275 incluye como sujetos obligados a “[o]rganizaciones empresariales, partidos políticos, sindicatos, universidades y cualquier entidad privada a la que se le hayan otorgado fondos públicos, en lo que se refiera, únicamente, a la información producida total o parcialmente o relacionada con los fondos públicos recibidos”.

Sobre el de secreto fiscal, el dictamen sostuvo que “ha sido consagrado para resguardar las documentaciones, manifestaciones y declaraciones que presenten y formulen los contribuyentes ante el organismo fiscal”, y que la CSJN ha interpretado que «el sentido de la previsión consagrada en el actual art. 101 de la ley 11.683 es llevar tranquilidad al ánimo del contribuyente, con la ineludible consecuencia de que cualquier manifestación que se formule ante la DGI será secreta. Se trata, pues, de la seguridad jurídica como medio decisivo establecido por el legislador para facilitar la adecuada percepción de la renta pública (Fallos: 237:355: 248:627; 250:530; 331:2305; 335:1417, entre otros)”.

Sobre estas premisas, afirmó que no puede haber afectación del secreto fiscal debido a que la información solicitada no le implicaba al órgano recaudador que devele “dato o contenido referente a la situación económico y financiera del contribuyente ni tampoco a declaraciones o manifestaciones que hubieran efectuado las beneficiarias al organismo recaudador (conf. dictamen de esta Procuración en autos CAF 54782/2016/CS1, ‘Olivera, Gustavo Eduardo c/EN-AFIP s/amparo ley 16.986’, al que remitió la Corte en Fallos: 343:1663)».

En conclusión, “la privacidad y secreto de las presentaciones que las beneficiarias hubieren podido efectuar ante la AFIP para la asignación no resultan (…) afectados (…). En estas condiciones, [la Procuración no advierte] que la postura asumida por la AFIP encuentre sustento, como pretende, en los términos del mencionado art. 101 de la ley 11.683, con el alcance fijado por V.E. en los precedentes antes mencionados”.

Dictamen completo disponible acá.

Gacetilla informativa de ACIJ.

Otras entradas del blog en materia de acceso a información pública: sentencias de la CSJN que establecieron que la acción judicial para solicitar acceso a la información pública es una suerte de acción popular y también que reconocen una amplia legitimación activa, además de una de las más recientes (sobre acceso a decretos de la última dictadura militar).

Autor: Francisco Verbic

Abogado y Profesor de Derecho

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