La impugnación colectiva de la Ley de IVE N° 27.610 llegará a la CSJN con criterios contradictorios en materia de legitimación activa. Integración del proceso con organizaciones que representan a mujeres y personas gestantes. Debido proceso colectivo (*FED)

El litigio contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo N° 27.610 cuenta con más de 30 casos articulados por diversas legitimadas y legitimados colectivos en distintas jurisdicciones del país. Algo sobre esto escribimos con Mariela Galeazzi acá, donde señalamos que tales demandas «han sido promovidas por una diversidad de sujetos, invocando, con sustento en el art. 43 de la CN, la representación del colectivo de personas por nacer, y en ciertos casos, de las mujeres y de las niñas. En algunos supuestos, también se invocó la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, como un supuesto especial de legitimación colectiva».

Casi todas esas causas recibieron rechazos in limine por falta de legitimación activa y ausencia de «causa o controversia». La principal excepción a este criterio general puede encontrarse en «Fiore Viñuales, María Cristina y otros c/ Ministerio de Salud de la Nación s/ Acción meramente declarativa de inconstitucionalidad» (Expte. N° FSA 4290/2020), de trámite ante el fuero federal de Salta.

Allí, el 20 de enero de 2021 el Juzgado Federal N° 1 rechazó la medida cautelar con invocación del precedente «Thomas». La Cámara revocó esa resolución el 8 de febrero de 2021 y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento sobre la cuestión. El Juzgado, entonces, rechazó in limine la demanda por sentencia del 29 de abril de 2021, fundado en que no se había verificado la existencia de una «causa o controversia» ni la legitimación para accionar en cabeza de las actoras.

Sin embargo, la Cámara de Apelaciones, por mayoría, revocó nuevamente la decisión del Juez de grado por sentencia del 27 de agosto de 2021 y reconoció legitimación a las actoras por entender que la Ley N° 26.061 les atribuye la capacidad para representar a las personas por nacer. Sostuvo que, si dicha norma se interpreta conjuntamente con su similar N° 23.849 (que aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño) «es dable concluir que las previsiones de aquella habilitan a todo ciudadano a instar judicialmente el reconocimiento de los derechos esenciales de las personas por nacer y de los niños, niñas y adolescentes».

Lo más novedoso del caso es que, con esta sentencia de Cámara ya dictada, un grupo de organizaciones integrado por la Asociación Civil Pro Amnistía, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, la Fundación Mujeres por Mujeres, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables y el Centro de Estudios Legales y Sociales, se presentó en el expediente y pidió que se habilite su intervención como terceras litisconsorciales «alegando que se encuentran directamente amenazados los derechos a la vida, integridad física y psíquica, autonomía y salud, así como el derecho a ser oídas y a todas las garantías que hacen a un debido proceso» de las mujeres y otras personas gestantes.

Mediante resolución del 21 de octubre de 2021 el Juzgado hizo lugar al pedido. Para ello, entre otras cosas, sostuvo:

«Resultaría contradictorio prohibirles a esas organizaciones que intervinieran en el litigio como terceros, siendo que se encuentran dentro de los sujetos contemplados por el art. 43 de la Constitución Nacional con legitimación para promover acciones de índole colectivo. También sería absurdo negarles legitimación pasiva cuando la propia Alzada, en la sentencia revocatoria, adoptó una postura amplia otorgándoles legitimación activa a los demandantes bajo el fundamento (no el único) de no obstruir irrazonablemente el acceso a la jurisdicción mediante interpretaciones excesivamente formalistas y restrictivas.

Nótese que si en aquella resolución los jueces abogaron por otorgar legitimación a los actores en torno a la exigibilidad de los derechos de los niños por nacer, ya que de lo contrario se restringiría su acceso a la justicia, con mayor razón debe procurarse la intervención de aquellas asociaciones y fundaciones que lo hacen en representación de las personas gestantes, a quienes la norma impugnada les reconoció el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo.

(…)

A todo lo expuesto se agrega que la propia actora consintió expresamente la intervención de esas organizaciones como litisconsorte de la parte demandada; además, entiendo que debe procurarse su participación en el proceso, teniendo en cuenta las características de la cuestión que se discute, y a fin de no violentar su derecho de defensa y a ser eventualmente oídas ante el Máximo Tribunal del país tal como lo preanunció el Tribunal de Alzada».

De esta manera, el caso se convirtió en un proceso colectivo mixto (con grupos que defienden posiciones contrapuestas en ambos lados de la relación procesal).

La decisión es lógica y respetuosa del debido proceso colectivo de las mujeres y otras personas gestantes, cuyos derechos están amparados por la ley impugnada por las actoras y, sin embargo, hasta el momento habían carecido de voz dentro del debate.

En el trabajo que escribimos con Galeazzi a que hicimos referencia, sostuvimos al respecto que «la configuración de ‘causa o controversia’ en estos litigios encuentra otro obstáculo insalvable: la ausencia de un ‘legítimo contradictor’. Sostenemos esto porque es evidente que, aun concediendo por un momento la existencia de interés en la parte actora, falta gente en la discusión procesal. Nos referimos al grupo de mujeres y personas gestantes que tienen el derecho de IVE, reconocido por una ley formal sancionada por el Congreso de la Nación.

Si estos grupos de personas no participan de la conversación, una sentencia favorable a pretensiones colectivas como las analizadas en este trabajo les resultaría inoponible por implicar una violación manifiesta del debido proceso, ya que se verían afectadas -con cualidad de cosa juzgada- por una decisión colectiva tomada como resultado de un debate procesal en el cual no pudieron argumentar, ofrecer prueba y contestar las posiciones y prueba de la contraria».

La falta de intervención de las mujeres y otras personas gestantes en los casos promovidos para impugnar la Ley N° 27.610 configura un serio problema de defectuosa integración del proceso que también puede advertirse en otros escenarios. Por ejemplo, en la causa donde recientemente se declaró la nulidad de normas administrativas de la IGJ que establecían cupos por paridad de género sin participación ni escucha del grupo favorecido por ellas.

Sobre esto último escribimos algo acá, comentando la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en «Línea Expreso Liniers». Subrayamos en ese trabajo la situación de indefensión (violación del debido proceso) que se deriva para las mujeres «del hecho de no haber tenido siquiera oportunidad de participar en un proceso cuyo resultado es, hasta el momento, la eliminación de las Resoluciones del orden jurídico que les garantizaban el derecho de ejercer, efectivamente, cargos directivos en los órganos de administración y fiscalización de las personas jurídicas identificadas en el art. 1 de la Resolución General IGJ N° 34/2020».

Volviendo sobre «Fiore Viñuales», podemos ver que, una vez admitida la intervención del grupo de organizaciones como litisconsortes, éstas interpusieron un recurso extraordinario federal contra la sentencia de Cámara que reconoció legitimación a las actoras. El REF fue concedido por resolución del 7 de diciembre de 2021 y ahora la CSJN deberá resolver sobre la cuestión de legitimación en este tipo de procesos.

Además de «Fiore Viñuales», la CSJN tiene ante sus estrados otra causa proveniente de la Cámara Federal de Córdoba en la cual también se reconoció la legitimación colectiva para discutir el caso.

Nos referimos a «Asociación Civil Portal de Belén c/ ENA s/ Amparo colectivo» (Expte. N° FCB 291/2021), donde el 27 de diciembre de 2021 la Sala A de dicha Cámara resolvió «conceder el recurso extraordinario interpuesto por el señor Fiscal General Interino ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, doctor Alberto Gabriel Lozada y la señora Fiscal Federal de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres de la Procuración General de la Nación, doctora Mariela Labozzetta, en contra de la sentencia dictada por este Tribunal el 12 de octubre de 2021«.

La decisión impugnada por REF revocó la de primera instancia que, el 30 de junio de 2021, había rechazado in limine la demanda por falta de legitimación activa.

El escenario se completa con el caso «Kulanczynsky, Marisa Esther y otros c/ EN – Poder Ejecutivo s/ Amparo Ley 16986» (Expte. N° CAF 1252/2021), donde el 27 de febrero de 2022 la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó otro rechazo in limine por falta de legitimación activa, en un proceso colectivo por el mismo objeto.

Todo indica que este último también llegará a la CSJN, quien tendrá ante sí decisiones con criterios dispares en la materia. Esto aumenta las posibilidades de intervención del tribunal, especialmente si tenemos en cuenta todos los otros procesos donde se discute la misma cuestión.

Autor: Francisco Verbic

Abogado y Profesor de Derecho

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