Legitimación colectiva de legisladores nacionales y medidas cautelares contra leyes del Congreso Nacional: 10 años de la sentencia de la CSJN en “Thomas” (*FED)

El 15 de junio de 2020 se cumplieron 10 años del dictado de la sentencia de la CSJN en la causa “Thomas, Enrique c/ E.N.A. s/ amparo” (Expte T.117.XLVI, Fallos 333:1023), mediante la cual revocó la medida cautelar obtenida por un legislador nacional para impedir la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522.

El tribunal estableció allí las siguientes premisas:

(i)   Estándar de interpretación “especialmente estricto” para medidas cautelares con este tipo de objeto:

“El a quo debió haber considerado que una cautelar que suspende la vigencia de toda la norma con efecto erga omnes, tienen una significativa incidencia sobre el principio constitucional de división de poderes, por lo que su procedencia debe ser evaluada con criterios especialmente estrictos que la cámara no aplicó”.

(ii)   No pueden llevarse al Poder Judicial discusiones perdidas en el debate legislativo:

“Un legislador no tendría legitimación activa cuando lo que trae a consideración de un tribunal de justicia es la reedición de un debate que ha perdido en el seno del Poder Legislativo por el juego de las mayorías y minorías respectivas, y, por el contrario, dicha legitimación podría eventualmente resultar admisible cuando se trata de la afectación de un interés concreto y directo a su respecto”.

Este último criterio (“afectación de un interés concreto y directo a su respecto”) fue aplicado la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal al dictar sentencia en la causa “Solá” el 23 de noviembre de 2017, donde el voto de Treacy señaló lo siguiente: “en el presente caso no se trata de la reedición de un debate perdido en el seno del ámbito legislativo, sino que, según sostiene el recurrente, su voluntad (puesta de manifiesto en el agregado al artículo 83 de la Ley Nº 27.260) es la que primó en la discusión parlamentaria y ello fue determinante para que se consiguieran las mayorías necesarias para la aprobación de la norma; todo lo cual -entiende- se ve desvirtuado por conducto de un reglamento respecto del cual no se puede tener control posterior por parte del mismo órgano”.

(iii)   Si bien las medidas cautelares no son sentencias definitivas, cabe así considerarlas a los efectos del recurso extraordinario federal cuando “puedan enervar el poder de policía del Estado o excedan el mero interés individual de las partes y afectan de manera directa el de la comunidad”.  

La CSJN sostuvo que esta circunstancia se configuraba en el caso porque “la decisión recurrida- suspensión de la aplícación de la ley 26.522 que reglamenta los Servicios de Comunicación Audiovisual- neutraliza por completo la aplicación por las autoridades competentes de una ley formal del Poder Legislativo, de modo que la decisión en recurso presenta gravedad institucional en la medida que trasciende aquél mero interés particular para comprometer el sistema de control de constitucionalidad y el principio de división de poderes previsto en la Constitución Nacional”.

Sentencia completa acá.

Acá el dictamen fiscal.

Acá la ficha técnica del caso publicada por la CSJN.

Autor: Francisco Verbic

Abogado y Profesor de Derecho

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