COVID-19 y traslado autorizado de personas desde Chile por el paso fronterizo Cardenal Samoré (Neuquén). La competencia territorial se define por el lugar donde el acto administrativo fue dictado o aquél donde exteriorice sus efectos (*FED)

En fecha 24 de junio del 2020 el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Ciudad de Neuquén, dictó sentencia en autos “Pereyra, Guillermo Juan y otro c( Estado Nacional Dirección Nacional de Migraciones s/ Amparo colectivo” (Expte. N.° FGR 4524/2020), declarando la incompetencia del Juzgado para conocer en el caso, y otorgando el plazo de un día a los actores para manifestar si optan por tramitar la acción ante el Juzgado Federal de Zapala o ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal en turno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de enviar digitalmente la actuaciones a este último.

La pretensión fue promovida por Pereyra, Secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, en su condición de representante legal del Sindicato y, a su vez, en tanto sujeto vulnerable por avanzada edad (77 años).

El objeto de tal pretensión es que se declare la nulidad por inconstitucionalidad de la Disposición N° 2437/2020, dictada por la Dirección Nacional de Migraciones, por la cual se autorizó de forma excepcional el tránsito de ciudadanos y residentes de la República de Chile, “siempre que las personas exceptuadas sean asintomáticas y den pleno cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones que disponga la autoridad sanitaria nacional“.

Como medida cautelar, se solicitó una orden innovativa que suspenda los efectos del mencionado acto administrativo. Esto es, que se suspenda el tránsito de ciudadanos y residentes en la república de Chile entre los pasos fronterizos de Cardenal Samoré (Argentina) y Chile.

El actora fundó su legitimación activa en los siguientes términos: “La legitimación procesal de la organización sindical, cuya representación se invoca ,resulta por ser una asociación especializada y registrada -conforme a la ley-en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional y, por tanto , habilitada para litigar colectivamente en nombre de quien representa. Y a que este proceso judicial es incoado por quien inviste el cargo de Secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Rio Negro, Neuquén y La Pampa, una entidad sindical de primer grado inscripta”.

La jueza se declaró incompetente de oficio por considerar que, de conformidad con lo dispuesto por el art. 4 de la Ley N° 16.986, el acto atacado de nulidad generaba sus efectos en la jurisdicción territorial del Juzgado Federal de Zapala.

Para arribar a esta conclusión, sostuvo que ante la ausencia de normativa que regule sobre procesos colectivos y la especial consideración en torno a la potestad judicial para dirigir los procesos ante tal vacío legislativo, era oportuno acudir a las reglas establecidas por la Ley de Amparo nacional.

En este orden de ideas, tuvo en cuenta que el señalado art. 4 de dicha ley dispone que tendrá competencia “el juez de primera instancia con jurisdicción en el lugar en que el acto se exteriorice o tuviere o pudiere tener efecto”. 

Y analizando el caso sometido a estudio, sostuvo que el acto administrativo impugnado fue dictado (exteriorizado) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que, respecto del lugar en donde “surtirá efectos”, la actora no había aportado indicio probatorio alguno de que los efectos fueran a producirse más allá del área geográfica del paso fronterizo Cardenal Samoré. Por ello, afirmó, cabe remitirse al Juzgado Federal de Zapala (órgano con competencia en dicha jurisdicción territorial).

Para descartar otros puntos de conexión que pudieran variar esa competencia, el juzgado sostuvo que el principio de prevención regulado en el apartado VII del Reglamento de Actuación en Procesos Colectivos aprobado por Acordada CSJN N° 12/2016 de la CSJN, “no obsta a la aplicación de las reglas de competencia, en tanto el fuero de atracción allí previsto lo es entre Tribunales que, determinada su competencia, pretendan entender en el asunto”.

Asumimos que esta última afirmación se desprende del hecho de no haber ninguna causa colectiva similar inscripta en el Registro Público de Procesos Colectivos, ya que -caso contrario- debería haberse aplicado la regla de competencia por prevención (la cual configura una excepción a las reglas de competencia territorial).

Sentencia completa acá.

Acá el escrito de demanda.

Autor: Francisco Verbic

Abogado y Profesor de Derecho

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