Implementación de la sentencia estructural en la causa “Mendoza”: declaración de incumplimiento y nueva orden para confeccionar un calendario por objetivos bajo apercibimiento de astreintes en cabeza del Presidente de la ACUMAR (*FED)

En fecha 9 de noviembre de 2107 la CSJN se pronunció en el marco de la ejecución de sentencia de la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo)” [Expte. N° CSJ 1569/2004 (40-M) /CS2 ORIGINARIO], ordenando a la Autoridad de Cuenca Matanza – Riachuelo “que en el plazo de treinta (30) días acompañe la información solicitada en los términos señalados en los considerandos 4° a 6°”.

En los citados considerandos 4° a 6° la Corte se expidió sobre los alcance del incumplimiento de su sentencia de fecha 27 de diciembre de 2016

En esa sentencia del 2016 (ver acá) el tribunal:

(i)  Ordenó a la ACUMAR establecer un sistema de indicadores “que, conforme a los criterios internacionales de medición disponibles, permita -en un plazo perentorio de tres meses- medir el nivel de cumplimiento de los objetivos fijados por la sentencia en ejecución”.

(ii)  Dispuso que dicho organismo debía presentar para el 1 de Marzo de 2017 “un informe en el cual se detalle -en forma sintética y precisa- un calendario con los objetivos de corto, medio y largo alcance para cada uno de los objetivos del PISA. Dicho informe deberá indicar el plazo de cumplimiento de cada uno de ellos”.

(iii)  Con el declarado objetivo de “controlar el cumplimiento de las obligaciones aquí impuestas”, también ordenó a la ACUMAR “a partir del dictado de esta resolución, presentar informes detallados, y de extensión moderada, sobre el avance de cada uno de los objetivos del PISA con la periodicidad que indiquen los jueces de ejecución. Dichos informes deberán ser presentados en un formato único que permita comparar de manera clara y efectiva a lo largo del tiempo el avance en el cumplimiento de cada objetivo”.

Con relación a ello, ahora respecto del incumplimiento, la CSJN sostuvo:

“Que de la lectura del informe presentado por la Acumar en cumplimiento de la mencionada resolucion, en el cual se establece un calendario por objetivos, se advierte que su contenido es insuficiente, por contener datos expresados de manera telegráfica y obviar referencias imprescindibles de contexto para conocer lo que se proyecta. En particular, las acciones por objetivo mencionadas en los cuadros carecen de referencias, y en consecuencia, resultan inentendibles. Ejemplo de ello es el término “SICOI 11″ referido a la contaminación industrial. Lo expuesto impide al Tribunal juzgar y arribar a conclusiones apropiadas sobre lo realizado y lo que proyecta realizar la Autoridad de Cuenca, razón por la cual la Acumar deberá presentar nuevamente el informe con las correcciones señaladas” (considerando 4°, énfasis en el original).

Además, estableció específicamente cuál es la estructura conceptual que deben tener dichos informes:

“El informe presentado por la Acumar no respeta la terminología que a partir de la sentencia dictada en la causa el 8 de julio de 2008 esta Corte estableció para precisar las diversas mandas y que de manera consistente siguió utilizando en sucesivos pronunciamientos para identificar los distintos componentes del PISA. En tales condiciones, a los efectos del seguimiento de la ejecución del plan, resulta imprescindible que la Acumar adecue sus informes a la siguiente clasificación: I. Adopción de un sistema de medición II. Información Pública III. Contaminación de origen industrial IV. Saneamiento de basurales V. Limpieza de márgenes de ríos VI. Expansión de la red de agua potable VII. Desagües pluviales VIII. Saneamiento cloacal IX. Plan Sanitario de Emergencia” (considerando 5°).

Finalmente, la decisión también indicó distintos puntos sobre los cuales se había omitido presentar cualquier tipo de “información específica” (considerando 6°).

El fallo tiene un voto en disidencia parcial de Rosatti y Rosenkrantz en lo que respecta a las consecuencias que puede traer consigo el incumplimiento de lo resuelto.

La mayoría sostuvo al respecto que “El incumplimiento de lo solicitado por este Tribunal dentro del plazo establecido, importará la aplicación de una multa a cargo del presidente de la Autoridad de la Cuenca”, confirmando así la posibilidad de aplicar astreintes de manera personal en cabeza de funcionarios del Poder Ejecutivo.

La disidencia no incluyó este apercibimiento en su parte dispositiva.

Texto completo de la sentencia acá.

Acá un trabajo donde propongo algunas líneas de análisis sobre las dificultades que enfrentan los jueces para hacer cumplir sentencias estructurales como la de esta causa.

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