Derecho a la educación y legitimación colectiva de asociaciones de defensa del consumidor: los estudiantes extranjeros de postgrado de la UNLP son considerados usuarios de un servicio comprendido en la LDC (*FED)

En fecha 21 de septiembre de 2017 el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 2 de La Plata se pronunció en autos “CODEC c/ UNLP s/ Ley de Defensa del Consumidor” (Expte. N° 51436/2014) rechazando “la excepción opuesta como de previo y especial pronunciamiento por la Universidad Nacional de La Plata de falta de legitimación activa de la asociación CODEC para promover este reclamo en defensa de los intereses colectivos de los alumnos de posgrado de la citada Casa de Estudios bajo
el amparo de la ley 24.240″.

Conforme se desprende de la sentencia, la UNLP sostuvo dicha excepción sobre la base de dos argumentos: (i) que “la accionante no representa los intereses colectivos de los alumnos de universidades públicas, sean de grado o posgrado, toda vez que, a su entender, la representación genuina de dichos intereses la tendrían los centros de estudiantes o de graduados de las unidades académicas (art. 114 del Estatuto de la UNLP)”; y (ii) que “los alumnos no son consumidores ni usuarios de ningún servicio de los alcanzados por la ley 24.240 de defensa del consumidor” (considerando I).

El Ministerio Público Fiscal sostuvo la misma posición que la demandada, señalando que “no existe en el caso relación de consumo” y que “la accionante no se encuentra legitimada” (considerando III).

Para resolver el rechazo de la excepción, en el considerando IV de la sentencia el Juez sostuvo en primer lugar que “a fin de determinar la procedencia o no de la excepción opuesta, cabe tener en cuenta que como una asociación de defensa de los derechos de usuarios y consumidores la parte actora estaría legitimada para promover la presente acción si se establece que los alumnos de posgrado de la Universidad Nacional de La Plata comprendidos en el colectivo al que la accionante pretende representar reúnen la calidad de consumidores y se encuentra configurada la relación de consumo entre las partes”.

Luego afirmó que “la aplicación de los principios generales de los derechos del consumidor se extienden, por vía del art. 42 C.N., más allá de las relaciones de índole comercial, y abarca incluso aquellos supuestos, como el presente, en los que se trata de proteger los intereses económicos de la parte más débil de una relación jurídica en la provisión de un servicio”.

En este sentido también recordó que, con fundamento en el art. 42 de la CN y las disposiciones de la LDC, la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, en su calidad de autoridad de aplicación de la Ley N° 24.240, dictó las resoluciones N° 8/2003 y N° 678/99 dirigidas a establecimientos educativos privados.

Sobre ese piso de marcha, señaló que “no obstante no estar incluidas en dichas resoluciones los establecimientos educativos públicos, estimo que cuando las universidades públicas en el marco de sus facultades ofrecen actividades de postgrados arancelados, el servicio educativo que prestan se asemeja al servicio que brindan las universidades privadas, respecto de las cuales resultan aplicables las normas tuitivas de defensa del consumidor, conforme se reseñara supra”.

En el caso, concluyó la sentencia, “los alumnos de posgrado de la Universidad Nacional de La Plata son beneficiarios, como destinatarios finales, del servicio educativo brindado por la casa de estudios y en tal sentido encuadran en la definición de usuario o consumidor establecida por la norma del art. 1 de la ley de defensa del consumidor. Por su parte, la Universidad es una persona jurídica de naturaleza pública, productora de un servicio educativo destinado a la formación de sus alumnos y en tal sentido, integra también el concepto de proveedor definido por el art. 2 LDC”. Y por tal motivo “resulta de aplicación al reclamo de autos lo normado por la ley 24.240 y sus modificatorias”.

Sentencia completa acá.

Acá, acá y acá información sobre la medida cautelar trabada en la causa y las medidas de publicidad oportunamente ordenadas.

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