Poderes ordenatorios e instructorios del juez en los procesos colectivos: Corren traslado al Estado Nacional por denuncia de incumplimiento de la sentencia de la CSJN en “CEPIS” y le ordenan informar si la audiencia pública prevista para el 16/9 comprende la situación de los usuarios no residenciales (*FED)

En fecha 12 de Septiembre de 2016 el Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Adminstrativo Federal Nº 4 de La Plata se pronunció en la causa “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo” (Expte. Nº FLP 8399/2016), corriendo traslado al Ministerio de Energía y Minería de la Nación para que antes del día miércoles 14 de Septiembre a las 9.30 hs. se pronuncie sobre la denuncia de incumplimiento de la sentencia de la CSJN dictada el 18 de Agosto de 2016, por la cual se confirmó la anulación de las Resoluciones que dispusieron el aumento de la tarifa del servicio esencial de gas natural y se establecieron los estándares y requisitos a cumplir de cara a la audiencia pública que debe celebrarse para que tales aumentos sean válidos (ver esa sentencia acá).

La decisión se fundó en el art. 36 del CPCCN, que regula los “Deberes y facultades ordenatorias e instructorias” de los jueces (sobre el particular un trabajo acá), y establece que “para el caso de agregarse informes técnicos a la contestación referida, por razones de orden práctico y economía procesal, deberá cumplirse con los requisitos establecidos por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

La misma sentencia ordena a la demandada que “A efectos de evitar dispendio jurisdiccional y el dictado de sentencias contradictorias, como asimismo evaluar el posible colectivo involucrado, la eventual afectación a intereses individuales y la existencia de una potencial causa fáctica o normativa homogénea en el marco de aquellos actuados -Acordada 32/2014 CSJN-, deberá el Ministerio de Energía y Minería de la Nación informar (en oportunidad de contestar el traslado aquí ordenado) si en el marco de la audiencia pública convocada para el día viernes 16 próximo, se ha previsto el abordaje referido a la conformación de la tarifa correspondiente a los usuarios no residenciales (subrayado en el original).

Esta última manda -también fundada en el art. 36 del CPCCN- fue dictada con motivo de una causa colectiva que tramita en otro expediente ante el mismo Juzgado, promovida el 1 de Septiembre de 2016 (“Cámara de Comercio e Industria de Ensenada c/ Ministerio de Energía y Minería de la Nación s/ Amparo colectivo” Expte. FLP 36638/2016).

Texto de la decisión disponible acá.

El escrito de la parte actora acá.

 

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