Dictamen del MPF sobre habilitación de instancia en amparo contra Resolución N° 28/16: legitimación activa, trascendencia social del proceso y certificación de clase (*FED)

En fecha 14 de Abril de 2016 la Fiscalía Federal N° 1 de Mar del Plata dictaminó en autos “Marrero, Debora Carla Anahí y otros c/ Ministerio de Energía y Minería de la Nación y otro s/ Amparo Ley 16.986” (Expte. N° FMP 3408/2016), de trámite por ante el Juzgado Federal de Mar del Plata N° 4 y donde se ventila un amparo colectivo que tiene por objeto anular las Resoluciones del Ministerio de Minería N° 28/2016 y N° 31/2016, así como también anular la categorización de Mar del Plata dentro del cuadro tarifario aprobado por tales normas y obtener una medida cautelar que suspenda su vigencia.

El dictamen contiene desarrollos sobre:

(i) Competencia material y territorial, con criterio favorable a la tramitación de la causa ante el Juzgado donde está radicada (apartado II).

(ii) Legitimación activa de la actora que invocó su calidad de concejal, aconsejando su rechazo en base a diversos precedentes allí reseñados (apartado III.1.)

(iii) Legitimación activa de una sociedad de fomento, también rechazada pero en este caso por no ser una asociación de defensa del consumidor debidamente inscripta en el registro respectivo (apartado III.2.)

(iv) Legitimación activa de los usuarios afectados, en sentido favorable a su reconocimiento (apartado III.3.).

(v) Necesidad de “proceder a realizar la ‘certificación de clase'” de conformidad con los parámetros establecidos en “Halabi” y “PADEC c. Swiss Medical”. Sobre esta cuestión considera que el grupo afectado se encuentra debidamente identificado y que hay un planteo colectivo, aconsejando como medida de publicidad la difusión de la causa en diversas páginas web (acá y acá dos trabajos sobre publicidad y notificaciones en los procesos colectivos).

En lo que hace a la idoneidad del representante, señala que antes de certificar la clase deberá invitarse a participar en el proceso a todas las asociaciones de defensa del consumidor debidamente inscriptas en el Registro Nacional y a diversos organismos públicos “atento que no se han acreditado por los intervinientes antecedentes que acrediten su conocimiento o especialización en la materia” (apartado III.3.).

En ese mismo apartado III.3. el dictamen subraya “la trascendencia social que posee toda acción colectiva” (énfasis en el original) y califica a la “representación adecuada” como un requisito “esencial” en este tipo de procesos (acá y acá dos trabajos sobre representatividad adecuada, y acá un trabajo sobre alcances e implicancias de este tipo de procesos de interés público).

Sobre tales premisas, la intervención del Ministerio Público Fiscal concluye afirmando que “En suma, dados los derechos supuestamente afectados y, no advirtiéndose a criterio de la suscripta, otra herramienta con mayor grado de idoneidad para su tutela, a los fines de poder revertir en debido tiempo y forma en caso de corresponder la conducta denunciada, considero que se encuentra debidamente habilitada esta instancia judicial de amparo, con los alcances y por la vía señalada anteriormente (art. 43 CN y art. 1 y 2 ley 16.986”.

Texto completo disponible acá.

 

 

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