La CSJN ratifica que los conflictos ambientales locales no pueden discutirse en jurisdicción federal: interpretación restrictiva y carga de la prueba de la interjurisdiccionalidad (*FED)

El 4 de junio de 2020 la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en “Gahan, Juana María y otros c/ Córdoba, Provincia de s/ amparo ambiental” (Competencia FCB 1168/2018/CS1-CS3), un caso promovido en instancia originaria del tribunal para discutir la ausencia de evaluación previa de impacto ambiental respecto de las obras que está realizando la Provincia de Córdoba como parte del “Plan Estratégico de Manejo de Excedentes Hídricos y Regulación de Bajos Naturales en Zona Sudoeste de Santa Fe y Sudeste de Córdoba ‘Tramo I: Sur Ruta Provincial N°11 – Cañada de Jume – Tramo II: Bajo Moore -Sur Ruta Provincial N°11 – Tramo III: Arias – Bajo Moore'” . Se trata de un plan de obras acordado entre ambas jurisdicciones (Provincias de Córdoba y Santa Fe).

La demanda fue promovida contra la Provincia de Córdoba, con la citación como tercero de la Provincia de Santa Fe.

Según se desprende de la sentencia, los actores “Pretendieron, de manera preliminar y urgente, el dictado de una medida cautelar de no innovar, por la cual se disponga la suspensión inmediata de las obras hasta que se resuelva el fondo del asunto en autos. Alegaron tener fundadas y urgentes razones para solicitar dicha medida ante la justicia federal de Córdoba, aun cuando esta debería tramitar ante la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en razón del desplazamiento de competencia previsto en el segundo párrafo del art. 196 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”.

Frente a dicha pretensión cautelar, el Juez Federal de Córdoba se declaró incompetente y la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de dicha jurisdicción confirmó tal decisión. Los actores “renunciaron a recurrir dicha sentencia y el Juez Federal remitió las actuaciones a la Secretaría de Juicios Originarios” de la CSJN.

Ya en instancia del máximo tribunal, la parte actora amplió demanda en dos oportunidades y amplió también el alcance de la pretensión cautelar para incluir normativa vinculada con el asunto que fue dictada con posterioridad al inicio de la acción.

Para resolver del modo en que lo hizo, en primer lugar el tribunal señaló lo siguiente:

“Que en los procesos referidos a cuestiones ambientales la competencia originaria procede si es parte una provincia y la causa reviste naturaleza exclusivamente federal, para lo cual es necesario que se configure la interjurisdiccionalidad prevista en el art. 7°, segundo párrafo, de la Ley General del Ambiente 25.675, que dispone que la competencia corresponderá a los tribunales federales cuando ‘el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales'”.

Además, se refirió a los “criterios que se deben tener en cuenta para determinar la procedencia de dicha competencia federal en razón de la materia ambiental” de acuerdo con la jurisprudencia de la CSJN:

En primer lugar:  “Hay que delimitar el ámbito territorial afectado, pues, como lo ha previsto el legislador nacional, debe tratarse de un recurso ambiental interjurisdiccional (Fallos: 327:3880 y 329:2316) o de un área geográfica que se extienda más allá de la frontera provincial. Es decir, que tiene que tratarse de un asunto que incluya problemas ambientales compartidos por más de una jurisdicción (doctrina de Fallos: 330:4234; 331:1312; 331:1679)”.

Sobre ese piso de marcha, consideró que “los elementos probatorios aportados
por la actora no resultan suficientes para tener por acreditada la interjurisdiccionalidad exigida en este tipo de procesos a los efectos de la procedencia del fuero federal (conf. Fallos: 329:2469; 336:1336)”.

Y fundó dicha afirmación sosteniendo lo siguiente:

“Según surge de la demanda y del informe técnico acompañado, el pliego de licitación de la obra cuestionada expresa que el área en la cual se ejecuta la obra se circunscribe íntegramente a la jurisdicción de la Provincia de Córdoba, de manera que el manejo de los excedentes hídricos generados en el sistema son sistematizados de manera integral dentro de la misma jurisdicción (v. fs. 41, 146 y 229 vta.). En ese sentido, ni de los términos de la demanda ni de la prueba documental acompañada surge que la traza de la obra exceda los límites de dicha provincia. Por el contrario, los gráficos que forman parte del informe técnico acompañado (fs. 36 y 228) permiten concluir que la obra se desarrolla en su totalidad dentro de territorio cordobés.

No obsta a lo expuesto, lo sostenido en el informe técnico acompañado a fs. 224/350 por los demandantes, pues de sus términos tampoco puede inferirse la efectiva degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales
(art. 70, ley 25.675), en tanto los supuestos y eventuales daños son descriptos en modo potencial y condicional”.

La CSJN también recordó su doctrina en torno al carácter restrictivo con que debe interpretarse la competencia federal en este tipo de casos:

“Cabe recordar lo dicho por esta Corte en Fallos: 329:2469 acerca de que “la determinación de la naturaleza federal del pleito […] debe ser realizada con particular estrictez de acuerdo con la indiscutible excepcionalidad del fuero federal, de manera que no verificándose causal específica que lo haga surgir, el conocimiento del proceso corresponde a la justicia local” (Fallos: 336:1336, considerando 4°, entre otros y Competencia FSM 63869/2015/1/CS1 “Di Giano, Iris Mabel s/ incidente de incompetencia”, sentencia del 5 de abril de 2018)”.

Y concluyó que “la indiscutible migración de los cursos de agua, y de elementos
integrados a ella como consecuencia de la acción antrópica, no son datos suficientes para tener por acreditada la interjurisdiccionalidad invocada (….) Si bien la interdependencia es inherente al ambiente, y sobre la base de ella podría afirmarse que siempre se puede aludir al carácter interjurisdiccional referido, para valorar las situaciones que se plantean no debe perderse de vista la localización del factor degradante (Fallos: 331:1312; 331:1679), y resulta claro que en el sub lite dicho factor, en el caso de existir, está ubicado en el territorio cordobés”.

Sentencia completa disponible acá.

Autor: Francisco Verbic

Abogado y Profesor de Derecho

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