Competencia territorial en acciones colectivas de consumo de alcance nacional (*ERI)

En fecha 29 de Febrero de 2012 la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú Entre Ríos declaró la incompetencia de la justicia entrerriana para conocer en la causa colectiva “Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur (Proconsumer) vs. Cablevisión S.A. s. Cobro de pesos o de sumas de dinero”.

El expediente llegó a la alzada con motivo de sendos recursos de apelación interpuestos por las partes contra una sentencia interlocutoria de primera instancia que había rechazado un planteo de caducidad de la prueba y acogido la defensa de cosa juzgada opuesta por la demandada.  A pesar de encontrarse firme y consentido el aspecto relativo a la competencia territorial, la Cámara sostuvo que el caso ameritaba “una solución específica y de excepción en lo concerniente a la competencia, pues cuando la incompetencia tiene una razón de orden constitucional o compromete el orden público, como acontece en la especie, su declaración puede darse en cualquier estado del juicio, incluso por el Tribunal de Alzada”.

A juicio del tribunal, “la cuestión de qué juez es competente para dictar sentencias que alcancen a todos los consumidores o usuarios del país se encuentra comprometido el orden público, cuando merced al vacío legal, en este supuesto en particular, dos asociaciones de consumidores se han arrogado representación y planteado contra el mismo accionado, en dos puntos distintos del país, dos acciones en principio similares, tendientes a tutelar la misma masa de consumidores”.

Profundizando en el mencionado vacío legal, la Cámara sostuvo que no sólo “hay aspectos procesales omitidos en los arts. 52 y 56 de la Ley 26361” (y vaya si los hay…), sino que -en lo que específicamente concierne al caso en comentario- “debería contarse con un Registro Universal de Acciones Colectivas, de modo de evitar que haya juicios en paralelo, con reclamos por el mismo motivo”.  A esto agregó que “ni el código de rito local ni el nacional, ni las leyes de consumidor y medio ambiente que se ocupan de las acciones colectivas, regulan qué tribunales son competentes cuándo el reclamo que se formula, afectará a un colectivo de alcance nacional”, y citó el caso “Mendoza I” (sentencia del 20 de Junio de 2006) en cuanto deslindó la pretensión colectiva propiamente dicha de aquella que involucraba derechos individuales homogéneos.

Con base en estos argumentos, la Cámara concluyó que “en función de la excepcionalidad de la competencia federal, que creemos compete seguir entendiendo en la cuestión, a la justicia nacional ordinaria en lo comercial, en función de la materia debatida”.

La remisión a dicha sede se funda, a su turno, en “la inidoneidad para el tipo de pleito de la pauta fijada por el art. 36 de la LDC” y el criterio según el cual “para determinar la competencia territorial para el ejercicio de acciones como la aquí tramitada, se tiene en cuenta el ámbito geográfico en el cual ha de regir la sentencia a dictarse según este se extienda al local, regional o nacional”.  Criterio que fue seguido por el Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica (CM), cuyo art. 9 “contempla para los procesos colectivos en general que será competente territorialmente el juez: “I. del lugar donde hubiere ocurrido o pudiera ocurrir el daño, cuando sea de ámbito local; II. de la Capital, para los daños de ámbito regional o nacional, aplicándose las reglas pertinentes de organización judiciaria”.

Entiendo que es una buena iniciativa tomar al CM como guía interpretativa, pero tengo mis reservas sobre el modo en que se resolvió el caso.  Sucede que la competencia para entender en determinados casos debe ser atribuida al órgano judicial por alguna norma de derecho positivo vigente en nuestro ordenamiento jurídico.

Al estar ausente -como bien señala el fallo- una regulación específica en materia de competencia territorial para casos colectivos que exceden los límites territoriales de una provincia, entiendo que es viable promover la demanda ante el domicilio de cualquier individuo miembro del grupo afectado.

Habrá  problemas de litispendencia, cierto.  Habrá problemas de conexidad, cierto también.  Pero ambos tipos de problemas seguirán existiendo aun cuando todas estas causas se remitan a la capital federal.  El problema no es dónde tramitan, el problema es cómo.  En otras palabras: si no hay reglas específicas en materia colectiva para regular la litispendencia y la competencia por conexidad, si no se establecen registros de procesos colectivos, si no modificamos las reglas sobre acumulación de procesos, entre otras cosas, no interesa donde tramiten estas causas, los problemas que generan los litigios paralelos y superpuestos seguirán existiendo.

Más allá de este argumento -el cual puede ser discutible, me refiero a la competencia territorial del juzgado correspondiente al domicilio de cualquier miembro del grupo afectado- existe otro aspecto de la sentencia que merece ser discutido.

Me refiero a la elección de los tribunales de la capital del país como lugar donde habrá de decidirse la suerte del planteo colectivo.  En efecto, la sentencia sostiene que el caso debe continuar tramitando ante la “Cámara Nacionial de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, tribunal competente en razón de la materia en debate, y en atención al interés público que conllevan este tipo de procesos colectivos, en cuanto su proyección subjetiva tiene un alcance nacional”.

La pregunta es: ¿Por qué habría de ser la justicia nacional (local) con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una plaza más adecuada que la justicia de Entre Ríos o de cualquier otra provincia del país para discutir sobre el caso? Aun concediendo por un momento que la atribución de competencia en este tipo de casos y su tramitación configuren asuntos de interés público por tener trascendencia nacional, ¿por qué los tribunales nacionales de justicia ordinaria de la capital (que actúan en sede local, insisto)  se encontrarían en una mejor posición para tratar el asunto?

Hay dos argumentos que entiendo pueden socavar la solución brindada por la Cámara.

Por un lado debemos tener presente que la República Argentina es un país federal, en el cual los actos pasados en cualquiera de las provincias que componen la nación gozan de plena validez en las restantes (art. 7 CN).

Por otro lado, tenemos que recordar que la expansión de la cualidad de cosa juzgada de los efectos de una sentencia colectiva no depende de la competencia territorial del tribunal que la dicta sino de los alcances del caso, de la representación colectiva con que cuenta el legitimado activo y de cómo la invoca.  Esto de la expansión de los efectos de la sentencia fuera de la sede territorial del juzgador se presenta así incluso en el marco de procesos tradicionales como la quiebra, ¿o acaso la quiebra decretada por un juez en Entre Ríos no afecta con cualidad de cosa juzgada a los acreedores domiciliados en Jujuy, Misiones o Tierra del Fuego?

Si sumamos ambas premisas, podemos concluir que el juzgado de primera instancia de Gualeguaychú (o donde sea que haya tramitado la causa en primera instancia, no surge de la sentencia de Cámara) era competente y -por ello- estaba en condiciones de dictar una sentencia colectiva cuya cosa juzgada se expandiera sobre todo el grupo representado por la asociación actora.  Ello, claro está, siempre que ésta hubiera ejercido una adecuada representación del grupo afectado y se hubieran cumplido en el caso los requisitos que hacen a la admisibilidad y procedencia de la tutela colectiva de los derechos del consumidor.

2 comentarios en “Competencia territorial en acciones colectivas de consumo de alcance nacional (*ERI)

  1. Termina de zanjar cualquier tipo de dudas la posición recientemente tomada por la Corte Suprema de la Nación en el marco de un conflicto de competencia en autos “Unión de Usuarios y Consumidores c/ Banco de la Provincia de Neuquén S.A. s/ Ordinario”.-
    Dentro de dichas actuaciones, la ONG actora promovió una acción colectiva en representación de personas físicas deudoras de créditos, a fin que el Banco demandado cese en el cobro de primas superiores a los precios corrientes de plaza en los seguros colectivos de vida contratados y el reintegro de lo percibido en exceso a sus clientes, se declare la nulidad parcial de los contratos celebrados y se aplique la multa civil reglada en el artículo 52 bis de la ley 24.240.- También denunció que dicha entidad, con domicilio sociaI en la ciudad de Neuquén; tiene una filial en Buenos Aires donde contrajo obligaciones con sus clientes y que por aplicación del artículo 5, inciso 3″ del Código Civil y Comercial de la Nación y 90 del Código Civil, a su elección, la justicia nacional en lo comercial -con asiento en Buenos Aires- resultaba competente para entender en la causa por razón del territorio.- En definitiva una causa estructuralmente idéntica a la que nos compete.-
    Luego, la Sala III de la Cámara Civil Laboral de Neuquén revocó la decisión del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nº 4 y admitió la inhibitoria deducida por el Banco Provincia del Neuquén SA declarando la competencia de la justicia ordinaria provincial para entender en estos autos en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 13.-
    En consecuencia, ante el conflicto de competencia, la causa llegó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.-
    En oportunidad de emitir dictamen, el Procurador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictaminó que “Reconocido por las partes que el lugar de cumplimiento de las obligaciones comprende dos o más jurisdicciones y toda vez que el Banco demandado posee una sucursal instalada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por aplicación del artículo 5 inciso 3° y de la jurisprudencia citada, en mi opinión, la actora se encontraba facultada para optar -como lo hizo- por promover la demanda ante la justicia nacional en lo comercial. – Máxime cuando, el Banco tampoco acreditó hasta la fecha la prórroga de jurisdicción que denuncia ya sea en los contratos con sus clientes o en los seguros colectivos, no obstante encontrarse, en principio, en mejor posición para hacerlo (art. 53, ley 24.240).- En tales condiciones, opino que la inhibitoria planteada ante la justicia ordinaria de la Provincia de Neuquén debe ser desestimada y disponerse que las actuaciones prosigan su sustanciación anta el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 13 en que se hallan radicadas”.- (la negrita me pertenece).-
    En dichos autos, en fecha 5 de junio de 2012, el Máximo Tribunal Nacional, coincidiendo con lo dictaminado por el Procurador, resolvió la competencia del Juzgado de la Capital Federal, lo que termina de zanjar la cuestión debatida en autos.-
    “De conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se declara que resulta competente para conocer en las actuaciones el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial nO 13, al que se le remitirán por intermedio de la Sala F de la cámara de apelaciones de dicho fuero. Hágase saber al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia del Neuquén, por intermedio de la cámara de apelaciones de dicha jurisdicción” .-
    En otras palabras, la CSJN ha fijado criterio en este tipo de cuestiones de competencia, permitiendo que esta clases de pleitos se canalicen en aquellas jurisdicciones donde hubiera afectados por la práctica cuestionada.-

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