Legitimación y Vía Procesal para Solicitar Información Pública Ambiental (*SAL)

En fecha 24 de Febrero de 2009 la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta dictó sentencia en la causa “Briones, Daniel Alejandro c/ Secretaria de Políticas ambientales, Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Salta s/amparo”, iniciada por el Presidente de la Asociación de Productores Foresto Industriales de la Provincia de Salta (APROFICSA) frente a la negativa del Estado de brindar información pública ambiental requerida oportunamente a fin de “llevar adelante sin complicaciones la actividad maderera”.

A pesar de haber declarado abstracta la cuestión, el fallo contiene algunas precisiones interesantes respecto del derecho a la información en materia ambiental, la legitimación para solicitarla y la vía procesal por medio de la cual debe canalizarse el pedido en la Provincia de Salta.

En este sentido, se destaca en la sentencia que el art. 41 de la Constitución Nacional “al reconocer el derecho a un ambiente sano, impone a las autoridades la obligación de proveer a la información ambiental” y recuerda que además de lo dispuesto en el orden nacional por la Ley N° 25.831 “este específico derecho de acceso a la información pública, típico del sistema republicano, también cuenta con regulación en nuestra Provincia a través del art. 7 de la ley 7070 y su decreto reglamentario n° 3097/00”.  Esta normativa local dispone que “los habitantes de la provincia gozan del derecho a solicitar y recibir adecuada información”, por lo cual la Cámara consideró que “no cabe formular cuestionamiento alguno a la legitimación de la amparista”.

Respecto de la vía escogida por el actor para promover esta petición (cuestionada por la demandada), la Cámara destacó que “en materia de derecho ambiental resulta doctrina pacífica que debe aplicarse el principio in dubio pro acciones” según el cual ante la duda debe estarse por la admisibilidad de la pretensión.  Sobre este piso de marcha el tribunal señaló que no existiendo en la Provincia de Salta previsión expresa que determine la vía utilizable para este tipo de pretensiones de acceso a la información pública ambiental, no cabe rechazar la del amparo.

Abocándose ya al el fondo del asunto, la Cámara sostuvo que la petición de la parte actora tenía “un dudoso encuadre -en los términos de la definición legal- en la calificación de información ambiental” y luego consideró abstracto el pedido ya que el Ministerio de Ambiente de la Provincia dictó una Resolución haciendo lugar a algunas de los pedidos y denegando otros por estimarlos comprendidos en las excepciones contempladas en el marco legal de acceso a la información.

El fallo completo puede consultarse acá.  

Para mayores precisiones sobre el alcance de la noción de información pública ambiental en materia urbanística ver también el fallo “Procurador General de la provincia de Salta – Dr. Pablo López Viñals c/ Secretaría de planificación y desarrollo de la Municipalidad de la Ciudad de Salta – acción de Amparo” disponible acá.

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