El caso por la contaminación del río Limay. Medidas de publicidad. Discrepancias entre la Acordada CSJN N° 32/2014 y la N° 12/2016 respecto de la registración de procesos colectivos ambientales. Soluciones alternativas (*FED / *NQN)

Por María Victoria Gerbaldo

La falta de un marco legal específico para los procesos colectivos en Argentina genera una preocupante inseguridad jurídica en su tramitación. Las Acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 32/2014 y Nº 12/2016 presentan inconsistencias sistémicas que dificultan la interpretación y, como consecuencia, generan situaciones de incertidumbre y falta de transparencia en el acceso a la información.

En este contexto, el 23 de agosto de 2018 la jueza María Carolina Pandolfi, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Neuquén, dictó una solución innovadora en la causa «BUENO, FABIOLA ARMANDA Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE CENTENARIO Y OTRO s/AMPARO AMBIENTAL” (Expte. Nº FGR 136/2017). La decisión, que enfrentó de manera creativa la problemática, resulta de gran interés para la comunidad jurídica.

En este proceso colectivo, un vecino y una vecina de la ciudad de Centenario que viven aguas abajo de la Planta de Tratamientos de Líquidos Cloacales del municipio, promovieron una acción de amparo colectivo contra el municipio, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) “y/o quien resultare responsable”, con el fin de obtener la siguiente serie de medidas:

  1. Convocatoria a una audiencia pública y creación de una mesa de diálogo que incluya la participación del Defensor del Pueblo de la Nación, el Defensor del Pueblo de la ciudad de Centenario y de la Provincia de Río Negro, así como de ONGs y ciudadanos interesados.
  2. Ejecución, en el plazo de 180 días, de un programa de acondicionamiento de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de la ciudad de Centenario, establecimiento de procedimientos y mecanismos adecuados para minimizar los riesgos ambientales, prevenir y mitigar las emergencias ambientales y reparar los daños causados por la contaminación ambiental, contemplando la capacitación del personal involucrado.
  3. Diseño y puesta en marcha de un plan de educación ambiental para los habitantes afectados por los hechos denunciados.
  4. Integración y organización de la información ambiental relativa a la Planta de Tratamientos de Líquidos Cloacales de Centenario, asegurando el derecho de acceso a la información gratuita de los ciudadanos (artículo 3 de la ley 25.831).
  5. Reparación del daño ambiental, contratación de un seguro de cobertura para financiar la recomposición del daño e integración de un fondo de restauración ambiental para llevar a cabo las acciones de reparación necesarias.

La parte actora del proceso denunció que la planta sufría diversos desperfectos técnicos, por lo que «al verterse los líquidos cloacales crudos al río Neuquén se estaba ante un caso de contaminación directa de este recurso, lo que vulneraba sus derechos a la salud, a un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano y a la información y educación ambientales». Por esto, pidieron y se les concedió una medida cautelar.

El Tribunal se encontró con la dificultad de inscribir esta causa como proceso colectivo en el Registro Público de Procesos Colectivos debido a la interpretación de la Acordada N° 12/2016 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aunque la Acordada había excluido expresamente de su ámbito de aplicación a los procesos iniciados en el marco de la Ley General del Ambiente N° 25.675, el Reglamento de Registro Público de Procesos Colectivos aprobado por la Acordada N° 32/2014 de la Corte permitía la inscripción de procesos colectivos tanto para bienes colectivos como para derechos individuales homogéneos. En base a ello, la jueza consideró que el proceso debía inscribirse en el Registro a pesar de lo dispuesto por la Acordada N° 12/2016.

Ello así, porque «el Reglamento de Registro Público de Procesos Colectivos aprobado por la Acordada 32/2014 expresamente indicaba en su art. 1 que “En el Registro se inscribirán ordenadamente todos los procesos colectivos, tanto los que tengan por objeto bienes colectivos como derechos individuales homogéneos».

Esta interpretación contrariaba lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Acordada 12/2016. Por tanto, el Registro respondió que “[e]n respuesta a la aclaración efectuada el día 17/2/17, se hace saber a Ud. que la acordada 12/16 excluyó del ámbito de aplicación a los procesos que se inicien en los términos de la ley 25.675. Es decir que NO SE REQUIERE LA INSCRIPCION de aquellas causas (referidas a temáticas ambientales) iniciadas con posterioridad al 1/10/16”.

La jueza expresó que su interpretación de las Acordadas es diferente, pero aun así, por razones de economía procesal, decidió adoptar el criterio de la dependencia del máximo Tribunal que gestiona el Registro en su faz administrativa, Y frente a la negativa del Registro a inscribir el proceso, consideró que «será necesario que los actores publiciten adecuadamente su existencia por otras vías».

En consecuencia, ordenó:

A la parte actora:

  1. Que publique un anuncio en un diario de circulación local y un banner en el sitio web del mismo diario durante tres días, uno de ellos sábado o domingo, informando a los habitantes del ejido de la ciudad de Centenario, Cinco Saltos y Neuquén sobre el proceso colectivo que se está llevando a cabo en el Juzgado Federal N° 1 de Neuquén, con la siguiente leyenda: “Se informa a los habitantes del ejido de la ciudad de Centenario, Cinco Saltos y Neuquén, en especial los radicados sobre las márgenes del río Neuquén, desde la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de Centenario… hasta la confluencia de los ríos Neuquén y Limay, que en el Juzgado Federal N° 1 de Neuquén, sito en Santa Fe 318 de esa localidad, tramita un proceso colectivo bajo el número FGR 136/2017, caratulado “BUENO, FABIOLA ARMANDA Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE CENTENARIO Y OTRO s/AMPARO AMBIENTAL”, en el que los Sres. Fabiola Armanda Bueno y Raúl Horacio Busca demandan que se ordene a la Municipalidad de Centenario y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), “…la realización de una audiencia pública y se establezca una mesa de diálogo…integrando…a las figuras del Defensor del Pueblo de la Nación, Defensor del Pueblo de la ciudad de Centenario y de la Provincia de Río Negro…” así como a ONGs y ciudadanos interesados«.

A las demandadas:

  1. Que, en un plazo de 180 días, desarrollen y ejecuten un programa de acondicionamiento de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de la ciudad de Centenario y establezcan procedimientos y mecanismos adecuados para minimizar los riesgos ambientales, prevenir y mitigar las emergencias ambientales y recomponer los daños causados por la contaminación ambiental. Además, deberán contemplar la formación de los recursos humanos involucrados en estas tareas.
  2. «Diseñar y poner en marcha un plan adecuado» con el objetivo de lograr la «educación ambiental de los habitantes afectados por los hechos denunciados».
  3. Que organicen e integren la información ambiental referida a la Planta de Tratamientos de Líquidos Cloacales de Centenario para asegurar el derecho a la información libre y gratuita de los ciudadanos, tal como establece el artículo 3 de la ley 25.831.
  4. Recomponer el daño ambiental causado por la contaminación y que contraten un seguro de cobertura para financiar la recomposición del daño. Además, se estableció la creación de un fondo de restauración ambiental para instrumentar acciones de reparación.

Por un lado, la solución continúa la lineal jurisprudencial que otorga demasiada discrecionalidad a la dependencia administrativa encargada de llevar a cabo la inscripción en el Registro, limitando así el control judicial de la actividad administrativa. Pero, por otro lado, se logró encontrar un equilibrio para garantizar la protección efectiva de los derechos sin limitar el acceso a la justicia. Recordemos que la función del Registro Público de Procesos Colectivos es centralizar y publicitar los procesos colectivos iniciados en el país, proporcionando una herramienta útil para los operadores jurídicos y la ciudadanía en general.

Acordada CSJN N° 32/2014

Esta Acordada establece la creación del Registro Público de Procesos Colectivos, como una herramienta para la inscripción y seguimiento de los procesos colectivos en todo el territorio argentino. Esta Acordada establece que en el Registro deben inscribirse ordenadamente todos los procesos colectivos, tanto los que tengan por objeto bienes colectivos como derechos individuales homogéneos, según lo establecido en la Ley N° 27.347.

Asimismo, la Acordada establece las condiciones y requisitos para la inscripción de los procesos colectivos en el Registro, así como la necesidad de mantener actualizada la información referente a los procesos inscriptos en el Registro. La creación de este Registro busca garantizar una mayor transparencia y acceso a la información sobre los procesos colectivos en Argentina, lo que favorece una mayor protección de los derechos colectivos en el país.

Acordada CSJN N° 12/2016

Esta Acordada establece criterios para la admisibilidad de los procesos colectivos en la justicia federal argentina. Esta Acordada establece que los procesos colectivos sólo son admisibles cuando se trate de casos que involucren bienes colectivos o derechos individuales homogéneos y siempre que la pretensión de los actores sea idéntica o sustancialmente similar.

Asimismo, la Acordada establece que para la admisibilidad de los procesos colectivos se debe demostrar la existencia de una situación que afecte a un grupo determinado o determinable de personas y la necesidad de una solución colectiva para el caso en cuestión. La Acordada también establece que la admisibilidad de los procesos colectivos dependerá de la identificación de la legitimación activa y pasiva en cada caso específico.

Esta reglamentación ha generado controversias y críticas por su interpretación restrictiva y por la falta de claridad en algunos de sus criterios, lo que ha llevado a la jurisprudencia a tener interpretaciones divergentes en algunos casos.

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