Tutela colectiva de áreas naturales protegidas: la SCBA ordenó suspender la vigencia de la Ordenanza N° 4234 del Municipio Ensenada. Estándares de procedencia de medidas cautelares en acciones originarias de inconstitucionalidad. Principios precautorio, preventivo y de progresividad. Citación de terceros (*BA)

El 4 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se expidió en la causa “Gianuzzi, Leda y otros c/ Municipalidad de Ensenada s/ Inconstitucionalidad de Ordenanza N° 4234″, ordenando como medida cautelar “disponer la suspensión de los efectos de la ordenanza 4234/16 dictada por la Municipalidad de Ensenada, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos (arts. 204, 230, 232, y concs., CPCC)”.

La Ordenanza impugnada derogó su similar N° 1829/95, mediante la cual se habían declarado como “Áreas Naturales Protegidas” a las costas del Río de la Plata y sus canales adyacentes en el distrito, al Parque “Gobernador Martín Rodríguez” y a la Selva Marginal de Punta Lara. Asimismo, derogó la Ordenanza N° 2051/97, por la cual se creó el Departamento de Áreas Naturales Protegidas con sede dentro del predio del Parque “Gobernador Martín Rodríguez”.

El objetivo de la norma es autorizar la construcción de un tramo de aproximadamente dos kilómetros de la autopista “Ricardo Balbín”, que atravesará al parque en cuestión.

El caso fue promovido por un grupo de vecinos del barrio El Dique del Partido de Ensenada, con el patrocinio letrado de las Clínicas Jurídicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP.

Luego de reseñar los antecedentes de la causa y las medidas para mejor proveer ordenadas (informes de distinto tipo a organismos provinciales y al propio municipio), el tribunal comenzó por señalar el estándar que corresponde aplicar para evaluar la procedencia de medidas cautelares en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad:

“IX.1. Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento a la presunción de constitucionalidad de la que gozan las ordenanzas municipales (doctr. causas I. 68.276, “Empresa de Transportes 25 de Mayo”, resol. de 21-IX-2005; I. 68.174, “Filón”, resol. de 18-IV-2007; I. 72.269, “CEAMSE”, resol. de 6-XI-2012; I. 73.607, “Spadone”, resol. de 22-XII-2015; I. 74.061, “Romay”, resol. de 4-V-2016; I. 72.454, “Defensor del Pueblo”, resol. de 4-VII-2018 e I. 75.538, “Wal-Mart Argentina S.R.L.”, resol. de 26-IX-2018, entre otras).

Por excepción, y en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230, inc. 1°, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., e.o.), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590, “Saisi”, resol. de 5-III-2003, I. 72.634, “Frigorífico Villa Olga SA”, resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, “Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell”, resol. de 22-XII-2015, e.o.), ha acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3521, “Bravo”, resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, “Del Potro”, resol. de 4-V-2005, e.o.) y por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, “Romay”, resol. de 4-V-2016 y sus citas)”.

Sobre este piso de marcha, ponderó la verosimilitud en el derecho en base al principio de progresividad, señalando entre otras cosas lo siguiente:

IX.2. Teniendo en cuenta el contenido de la norma impugnada, la que sencillamente deroga el régimen de conservación que el propio municipio había dispuesto sobre ciertas “Áreas Naturales Protegidas” mediante dos ordenanzas anteriores, resulta verosímil la alegación efectuada en la demanda en punto a la concreta probabilidad de vulneración del art. 28 de la Carta local.

La circunstancia de que, por regla, no sea pertinente alegar una infracción constitucional frente a la reforma de preceptos generales, ni la existencia de un derecho adquirido al mantenimiento de ese tipo de normas (legales o reglamentarias) o a su simple inalterabilidad (CSJN, Fallos 326: 1442; 327:2293; 5002; 329:976; 1586; 333:108; 2222; entre muchos otros), en modo alguno implica convalidar, en asuntos como el aquí examinado, la juridicidad de toda modificación regulatoria, cualquiera fuere su contenido, pues por esa vía podría comprometerse el medio ambiente y la salud de la comunidad, afectando el interés público implicado en su tutela constitucional (arts. 41, Const. nac.; 28, Const. prov.). Desentenderse de los efectos que sobre la población pueda provocar la iniciativa de reformas normativas como ésta, se exhibe, al menos en esta instancia inicial, reñido con el principio de progresividad vigente en la materia (conf. art. 4, ley 25.675; CSJN Fallos: 329:2316; doctr. causas I. 71.446, cit.; I. 70.771, “Rotella”, resol. de 28-III-2012; I. 72.669, “Picorelli”, resol. de 24-IX-2014 e I. 72.760, “Asociación para la Protección del Medio Ambiente y Educación Ecológica 18 de octubre”, resol. de 28-X-2015, e.o.) que, al tiempo que procura la mejora gradual de los bienes ambientales supone que los estándares de protección vigentes o actualmente logrados, no sean sustituidos por otros, inferiores u ostensiblemente ineficaces”.

En cuanto al peligro en la demora, la decisión de la SCBA se sostuvo en los principios precautorio y preventivo establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675, pero también “ínsitos” en el art. 28 de la Constitución Provincial:

“Tratándose del posible gravamen o afectación del ambiente, la ponderación del peligro debe efectuarse a la luz de los principios preventivo y precautorio, propios de la materia ambiental, ínsitos en la cláusula del art. 28 de la Carta local y consagrados expresamente en el art. 4 de la ley 25.675”.

Finalmente, la sentencia ordenó la citación como terceros del Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires “a efectos de evitar el planteo de futuras nulidades”:

“Esto, a la luz de los alcances de la norma cuestionada, que ha sido dictada –según se alega- con el objeto de otorgar un permiso de paso a través del Parque “Gobernador Martín Rodríguez” a favor del Ministerio de Transporte – Vialidad Nacional-, a fin de realizar la obra denominada “Enlace Autopista Buenos Aires La Plata con Ruta Provincial N°11” (Licitación Pública N° 14/11), la cual fuera declarada de utilidad pública y sujeta a expropiación por resolución 449/99 de la Dirección de Vialidad provincial.

En consecuencia, si bien el ámbito de conocimiento reservado a esta vía reside en la discusión sobre la validez constitucional de la ordenanza 4234/16 –considerada en abstracto-, se advierte que la potencial declaración que sobre ella recaiga podría tener implicancias directas en el desarrollo y ejecución de la referida obra, cuyos sujetos responsables no coinciden con aquél que sancionó el precepto impugnado”.

Sentencia disponible acá.

Autor: Francisco Verbic

Abogado y Profesor de Derecho

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