La CSJN ratifica que los Defensores del Pueblo locales carecen de legitimación para promover procesos colectivos que impugnen actos emanados de autoridades nacionales (*FED)

En fecha 27 de noviembre de 2018 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia en los expedientes “Defensor del Pueblo y otro c/ Poder Ejecutivo Nacional – Secretaría de Transporte de la Nación y otro s/ amparo ley 16.986” (Exptes. FRE 11002690/2013/2/RH2 y FRE 11002690/2013/3/RH3), haciendo lugar a los recursos de queja en tratamiento y rechazando en consecuencia la demanda promovida por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Chaco por un conflicto vinculado con el servicio de transporte interjurisdiccional Chaco – Corrientes.

Para resolver de ese modo, en primer lugar sostuvo que correspondía analizar de oficio la legitimación activa del Defensor del Pueblo: “Que esta Corte comparte lo manifestado por la señora Procuradora Fiscal en su dictamen en cuanto a que corresponde examinar de oficio la legitimación procesal invocada por el actor pues se trata de un presupuesto necesario para que exista un caso o controversia que habilite la intervención de un tribunal de justicia”.

Sobre esa premisa, por remisión a los precedentes de Fallos 329:4542 y Fallos 340:745, resolvió que “el señor Defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco carece de legitimación para cuestionar judicialmente la decisión adoptada por la autoridad nacional por la cual se dispuso el aumento de la tarifa del servicio de transporte de pasajeros interprovincial Chaco-Corrientes”.

Este criterio, que también fue seguido en Fallos 326:663 y en el dictamen del Procurador General en la causa “Abarca” (ver acá), entre otros, es problemático por al menos dos razones.

La primera es que, como se ha señalado en distintos ámbitos de discusión, es difícil justificar por qué cualquier organización de la sociedad civil puede impugnar actos y omisiones del Estado Nacional que afectan a personas domiciliadas en cualquier lugar del país mientras que, al mismo tiempo, se impide hacer lo propio a una figura pública que -ya desde lo conceptual- tiene este tipo de actuaciones colectivas como una de sus misiones y funciones esenciales.

La segunda es que, a nuestro modo de ver, los alcances de la legitimación de los Defensores del Pueblo locales deberían definirse por el grupo o clase representada (habitantes de la Provincia de que se trate) y no por el objeto mediato de la pretensión procesal.  De hecho, podría afirmarse que cuando la afectación de habitantes de las Provincias y la CABA tiene por causa un acto u omisión del Estado Nacional es cuando existen más razones todavía para permitir la representación colectiva de los Defensores del Pueblo locales.

Sentencia completa acá.

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