Amparo colectivo ambiental y tutela de la salud de personal no docente, maestros, niños, niñas y adolescentes: sentencia de Cámara prohíbe fumigar con agrotóxicos en un radio de mil metros alrededor de las escuelas rurales de toda la Provincia de Entre Ríos (*ERI)

En fecha 1 de octubre de 2018 la Cámara Segunda en lo Civil y Comercial de Paraná, Sala II, dictó sentencia definitiva en la causa “Foro Ecologista de Paraná y otra c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y otros s/ Acción de amparo” (Expte. N° 01.711), un proceso colectivo ambiental promovido por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos contra el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y el Consejo General de Educación, con el objeto de que “se exhorte a los mismos a establecer medidas urgentes para proteger a los niños, niñas y adolescentes, maestros y personal no docente que concurren a las escuelas rurales de la Provincia, de los impactos negativos que la actividad agrobiotecnológica genera en el suelo, el agua superficial y subterránea, el aire y, en consecuencia, en la salud”.

Más específicamente, dichos legitimados colectivos requirieron al Poder Judicial que “1) se determine la fijación de una franja de 1.000 metros libres del uso de agrotóxicos alrededor de las escuelas rurales, y una zona de resguardo consistente en una barrera vegetal, cuyo objetivo sería impedir y disminuir el egreso descontrolado de agroquímicos hacia los centros educativos; 2) se prohíba la fumigación aérea en un radio no menor a los 3.000 metros, de conformidad a lo ordenado por el decreto reglamentario de la Ley de Plaguicidas para el radio de las plantas urbanas; 3) se ordene el establecimiento de un sistema de vigilancia epidemiológica sobre los niños, niñas y adolescentes y personal docente y no docente que asistan a las escuelas rurales, mediante análisis de sangre, orina y genéticos de los menores; y 4) a través de la Dirección de Hidráulica de la Provincia, se ordene el análisis sobre el agua de lluvia y agua utilizada para el consumo de los alumnos, que comprenda un estudio físico químico y se investigue la presencia de los siguientes agrotóxicos: órganos clorados y fosforados, carbomatos y piretroides”.

Sobre la admisibilidad formal de la vía intentada, la Cámara sostuvo que “en atención al peculiar objeto de la aquí promovida, no se advierte configurada ninguna de las causales de inadmisibilidad que expresamente contempla la Ley 8369 en su art. 3°, habida cuenta que, frente a la hipótesis de verificarse palmariamente demostrada una afectación al derecho fundamental de vivir en un ambiente sano y equilibrado, apto para el desenvolvimiento humano, donde las actividades sean compatibles con un desarrollo sustentable, para mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras, conforme lo impone el art. 22 de la Const. de E. Ríos, ninguna duda cabe acerca de la viabilidad formal del ejercicio de la especial acción de amparo ambiental, expresamente consagrada en la norma del art. 56 de nuestra Carta Magna provincial”.

La señalada Ley N° 8.369 es la “Ley de Procedimientos Constitucionales de la Provincia de Entre Ríos” y regula la figura del amparo ambiental para la tutela de “intereses difusos y colectivos” en su capítulo V (arts. 62 a 65).  Cabe destacar que se trata de una norma sancionada en el año 1990.

Respecto de la admisibilidad la decisión fue muy clara, afirmando que “un minucioso repaso de los medios procedimentales al alcance de las entidades accionantes, me otorga la certeza de que no existe otro que realmente pueda resultar más idóneo para dar respuesta al caso comprometido en la especie y haga caer la admisibilidad del amparo ambiental. El peligro inminente -que las demandadas sostienen que no se ha configurado- se materializa en la amenaza derivada de la aplicación de los agrotóxicos; y destaco que la falta de certeza científica sobre sus consecuencias no me parece un argumento que justifique la improponibilidad de la acción, sino todo lo contrario, ya que no es posible soslayar que se trata de una situación extremadamente delicada y sensible, estando en juego la salud de miles de niños entrerrianos, a lo que se debe agregar el hecho absolutamente irrebatible que ningún producto químico que sea esparcido en el ambiente o derramado sobre la superficie terrestre resulta inocuo o carente de efectos”.

Además, distinguió esta vía del amparo tradicional con los siguientes argumentos: “la razón de ser de esa desigualdad es permitir el efectivo cumplimiento del bloque constitucional ambiental, en pos de lograr la real operatividad de los derechos colectivos al ambiente, tanto como la protección del derecho humano al ambiente sano, equilibrado y apto, no sólo para las generaciones actuales, sino también para con las futuras (cfr. FALBO Anibal J., “El amparo ambiental como la vía más adecuada para tutelar el ambiente”, La Ley Online: AR/DOC/4267/2012). Esta visión flexibilizadora a la hora de efectuar el análisis de los presupuestos de admisibilidad y procedencia del amparo persigue, por encima de cualquier ritualismo, que el texto constitucional pueda cumplir sus altos objetivos en forma rápida y eficaz en pleitos donde se invoca, no sólo un cercenamiento de derechos de incidencia colectiva, sino además el quebrantamiento de la legalidad ambiental (cfr. CAFFERATTA Nestor A., “Tratado Jurisprudencial y Doctrinario de Derecho Ambiental”, Ed. La Ley 2012, Tº I, pág. 711)”.

También se refirió a la nueva silueta que adquirió el derecho de daños en el contexto del nuevo Código Civil y Comercial, traducida especialmente en institutos como la acción preventiva del art. 1711 y la amplia legitimación para su planteo establecida en el art. 1712.  En este aspecto, la sentencia consideró que el CCyC “establece un deber general de prevención para toda persona, cuando la posibilidad de prevenir se encuentre en su esfera de control. Y surge así también el deber de los órganos jurisdiccionales de desplegar la tutela preventiva con el fin de evitar que el daño temido que preanuncia el riesgo se torne real o, en todo caso, a neutralizar o aminorar en lo posible las consecuencias lesivas que alcanzarían al afectado”. 

Y con respecto a la legitimación colectiva de quienes promovieron la acción sostuvo:

“En el caso, considero que las actoras satisfacen los recaudos de legitimación, porque su pretensión no reposa en la afectación de situaciones subjetivas individuales, sino en el derecho a un ambiente sano.

Desde esta óptica, si bien el Foro Ecologista tiene por objeto la defensa, preservación y mejoramiento del medio ambiente de la ciudad de Paraná, también lo tiene sobre su región, los ríos y ecosistemas que conforman la Cuenca del Plata en toda su extensión (cfr. art. 2 del estatuto de la entidad, obrante a fs. 3/23); y además, para el cumplimiento de su objeto, cuenta con expresas funciones para elaborar y ejecutar planes y programas de estudios de problemas relacionados con las áreas que atañen a una mejor calidad de vida de los pueblos de la región, en el marco global determinado por los arts. 41, 42, 43 y 124 de la C.N., y para ello puede realizar todos los actos jurídicos dirigidos al mejor cumplimiento de los fines de la entidad, como así también demandar administrativa y judicialmente cuando corresponda (cfr. art. 3 del estatuto referido).

En el caso de AGMER es claro que, al tener por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores de la educación, se encuentra legitimada para reclamar que sus tareas se desenvuelvan en un ambiente sano. Conforme a su documento fundacional, se encuentra facultada para peticionar la adopción de medidas que tiendan a elevar las condiciones profesionales de quienes representa y realizar toda actividad lícita que tenga por finalidad conquistar mejoras de toda índole para los mismos (cfr. art. 3 del estatuto que corre a fs. 24/34). Por ello, desde la mirada amplia que debe regir este tipo de procesos, es innegable que existe vinculación entre sus objetivos estatutarios y el tema traído a debate. Por último, no se puede soslayar que el art. 30 de la Ley 25.675 establece un amplio campo para la legitimación sustancial activa, con sustento en el propio art. 43 de la Const. Nacional”.

Sobre este piso de marcha, teniendo especialmente en consideración el carácter fundamental de los derechos en juego y las característica de extrema vulnerabilida de los grupos afectados, la Cámara realizó una intepretación flexible de las pretensiones planteadas:

“En el supuesto bajo examen se advierte cierta imprecisión en la imputación de la conducta ilegítima atribuida a la accionada, lo que se traslada a las pretensiones, en donde se entremezclan algunas dirigidas a obtener el cese de actividades generadoras de daño ambiental, con otras que buscan la adopción de medidas concretas, como la construcción del cerco vegetal, y finalmente otras, sobre las que volveré más adelante, que exceden la órbita de las competencias judiciales. Sin perjuicio de lo cual, valorando especialmente el delicado tema bajo examen y con ánimo de encauzar la cuestión traída a juicio, puede establecerse con precisión, que las amparistas plantean como objeto de su demanda una amenaza al medio ambiente y a la salud de los niños y personal que asiste a las escuelas rurales, en virtud de las fumigaciones que se efectúan y frente a la ausencia estatal dirigida a prevenirlas, lo que sin lugar a dudas constituye una pretensión propia de la acción de amparo ambiental en los términos establecidos por el art. 30 de la LGA”.

En cuanto al fondo del asunto, afirmó con claridad que “el derecho a un ambiente sano es un derecho colectivo universal por su carácter no excluyente y no distributivo, por lo que todos los habitantes somos titulares del mismo, y la obligación de efectivizarlo pesa sobre los tres poderes del Estado”. 

Igualmente, destacó la “ausencia de normativa específica respecto a las distancias de aplicación de las escuelas rurales de la Provincia, y una clara omisión estatal en orden a la prevención que este tipo de prácticas requiere. Es evidente que el sistema de denuncias instaurado es insuficiente, en tanto es posterior al daño causado; y más allá de las medidas de difusión y educación realizadas, las accionadas no han acreditado -en torno a la escuelas rurales- llevar a cabo ningún tipo de medida idónea de prevención”.

Este camino argumental llevó a la Cámara a concluir en “la necesidad de dar respuesta a la cuestión planteada y la viabilidad de la acción promovida, en orden a la prevención de daños futuros. Es que justamente el acento debe ser puesto allí, en el entendimiento de que no hay daño ambiental inocuo o completamente reparable, y que el Estado debe prevenir la producción de los riesgos con anticipación, ya que la función resarcitoria en estos casos es tardía y disfuncional. Y si bien como ya se expuso, el cese de la actividad fumigadora, aunque reconocidamente contaminante, no resulta posible, no sólo por ser lícita sino además imprescindible para la agricultura, deviene necesaria la fijación de una distancia prudencial desde el límite de los lotes a fumigar hasta las escuelas rurales”.

En cuanto al contenido y alcance de lo resuelto, resulta destacable la línea de análisis que se propone para abordar la vinculación entre el Poder Judicial y el resto de los Poderes del Estado en el contexto de este tipo de procesos:

“En este punto, no puedo pasar por alto que excede las facultades judiciales la determinación de una norma como la solicitada por las amparistas, en tanto la división de poderes resulta trascendental de acuerdo al principio republicano de gobierno que la Nación adoptó y que las provincias deben respetar en la conformación institucional, de manera tal que ninguno puede traspasar sus límites legales sin ser eficazmente controlado y restringido por el otro. Desde esta óptica, resulta necesario que la norma en cuestión sea determinada en un momento ulterior por el Poder Legislativo, órgano competente al efecto, y con la participación de todos los sectores afectados. Sin perjuicio de lo cual, y sin interferir en la actividad que es propia de otro de los poderes, la índole de los derechos en juego impone una amplitud de criterio, en el entendimiento que el derecho ambiental requiere justamente una participación activa de la judicatura”.

En definitiva, en su parte dispositiva la sentencia establece lo siguiente:

“1º) ADMITIR parcialmente la acción, prohibiendo la fumigación terrestre con agrotóxicos en un radio de mil metros (1.000 mts) alrededor de todas las escuelas rurales de la Provincia de Entre Ríos, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres mil metros (3.000 mts) alrededor de dichos establecimientos educativos; todo ello, hasta tanto se determine por las áreas estatales específicas que se obtendrán idénticos efectos preventivos para la salud de alumnado y personal que asiste a los mismos con distancias diferentes.

2º) EXHORTAR al Estado Provincial para que, a través de sus reparticiones, efectúe en forma exhaustiva y sostenida en el tiempo, los estudios que permitan delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos, poniendo el acento precisamente en la prevención de los daños; y a realizar una correcta evaluación que permita determinar el estado de situación actual de contaminación, como paso imprescindible para identificar las medidas que deben adoptarse, su idoneidad y los espacios que deben mejorarse.

3) CONDENAR al Estado Provincial y al CGE a que en el plazo de dos (2) años contados desde la presente procedan a implantar barreras vegetales a una distancia de ciento cincuenta metros (150 mts.) de todas las escuelas rurales de la Provincia, con las especificaciones detalladas en los considerandos.

4º) SUSPENDER de inmediato las aplicaciones de productos fitosanitarios en las áreas sembradas lindantes a las escuelas rurales, en horario de clases, debiendo efectuarse las aplicaciones en horarios de contra turno y/o fines de semana, a modo de asegurar la ausencia de los alumnos y personal docente y no docente en los establecimientos durante las fumigaciones.

5º) Costas a las demandadas, art. 20 de la Ley 8369″.

Texto completo acá.

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