Dictamen del MPF en la causa por el DNU N° 70/17 que modificó la Ley de Migraciones: inconstitucionalidad parcial y recorte del caso por incumplimiento de requisitos de admisibilidad del proceso colectivo (*FED)

En fecha 19 de septiembre de 2017 el Ministerio Público Fiscal emitió dictamen en el marco de su intervención previa al dictado de la sentencia definitiva en la causa “Centro de Estudios Legales y Sociales y otros c/ EN – DNM s/ Amparo Ley 16.986” (Expte. N° 3061/2017), promovida por diversas organizaciones no gubernamentales con el objeto de obtener “la declaración de nulidad absoluta e insanable del Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 70/17″.

El dictamen afirma que la norma impugnada cumple con los requisitos formales necesarios para sostenerse como acto válido (ver apartado VII).

Luego, comenzando a adentrarse en el análisis de la “constitucionalidad material del decreto 70/17”, el Fiscal realizó una serie de consideraciones vinculadas con los requisitos de admisibilidad del proceso colectivo (apartado VIII).

En este orden señaló primero que “la pretensión de la actora sólo está concentrada en los ‘efectos comunes’ para toda la clase de los sujetos afectados, en los puntos vinculados al régimen de recursos administrativos y judiciales; en particular, el agravio constitucional referido a la exigüidad de los plazos de interposición, y a las condiciones de acceso a la asistencia letrada en el marco del procedimientos.

En efecto, las modificaciones introducidas en este punto se aplican de forma análoga a todos los integrantes de la clase, afectándolos de manera similar en sus garantías del debido proceso legal, y de tutela judicial y administrativa efectiva, con independencia del daño que puedan sufrir individualmente en sus restantes derechos”.

En segundo lugar, afirmó que sólo respecto de esas dos cuestiones (recursos administrativos y judiciales / condiciones de acceso a asistencia letrada) el “recaudo de estar comprometido seriamente el ‘acceso a la justicia’ —cuyo cumplimiento, según se expresó en ‘Halabi’ (Fallos: 332:111) (…) se encuentra cumplido respecto de todos los miembros del colectivo”.

Con relación a los recursos administrativos y judiciales:

“En efecto, de no reconocerse legitimación procesal a las asociaciones actoras para obtener la declaración de inconstitucionalidad solicitada en este punto, se produciría una clara vulneración del acceso a la justicia. Ello así, pues no parece justificado que cada uno de los migrantes sometidos a los mencionados trámites articule individualmente un planteo de inconstitucionalidad contra los plazos normados en el DNU 70/17, en oportunidad de impugnar judicialmente los actos administrativos de expulsión. De ser así, el planteo sólo exhibiría la “concreción e inmediatez” necesaria para que los jueces ejerzan el control de constitucionalidad (CSJN, Fallos, 326:1007) si la acción judicial y/o el recurso administrativo fuesen presentados extemporáneamente, con el riesgo de comprometer su admisibilidad formal si el planteo no prospera. Contrariamente, si la impugnación administrativa y/o judicial fuesen deducidas dentro de los plazos previstos en el DNU 70/17, el eventual planteo constitucional se tornaría insustancial, pues al no reparar un perjuicio concreto, el eventual pronunciamiento favorable carecería de “utilidad” (Fallos, 321:1352 y Fallos, 323:1339). En ambos supuestos, los integrantes del colectivo representado se verían impedidos de peticionar individualmente la subsanación del agravio constitucional, en lo que atañe a la exigüidad de los plazos de impugnación administrativa y judicial.

Por ello, es posible sostener que el caso involucra en este aspecto un supuesto en el que se encuentra comprometido el acceso a la justicia. Ello así, en tanto cabe aquí presumir una posición de mayor vulnerabilidad del colectivo representado, frente al efectivo cumplimiento de la garantía constitucional invocada (considerando 13, 4° párrafo del precedente “Halabi” citado). A este respecto, el Tribunal ha resaltado en diversos precedentes la importancia del proceso colectivo como una forma de garantizar el acceso a la justicia, valor que cobra especial importancia en este supuesto, toda vez que el costo que significaría solicitar individualmente la declaración de inconstitucionalidad de los plazos regulados en el decreto 70/17, supera claramente el beneficio que cada uno de los migrantes sometidos a trámites de expulsión podría obtener de la sentencia dictada en esta causa. Por el contrario, y atendiendo a las razones dadas en el párrafo anterior, una interpretación que restringiera a este grupo la posibilidad de demandar de manera colectiva equivaldría, lisa y llanamente, a negar efectividad a la tutela constitucional de las garantías del debido proceso y tutela judicial y administrativa efectiva, por las que se acciona en autos (Cfr. mutatis mutandi, CSJN en “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c. Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo”, 18/08/2016, considerandos 12 y 13)”.

En lo que hace al acceso a asistencia letrada:

“Si cada migrante sometido a tales procedimientos tuviera que plantear individualmente la inconstitucionalidad de la nueva reglamentación de la asistencia jurídica, el efecto reparador del control de constitucionalidad resultaría tardío e ineficaz, toda vez que dicho planteamiento sólo podría ser deducido en la instancia judicial revisora ulterior al procedimiento recursivo, de modo que la lesión a la garantía de defensa operada en la instancia administrativa, como consecuencia del nuevo mecanismo, quedaría huérfana de toda reparación”.

Las modificaciones introducidas por el DNU impugnado a la Ley de Migraciones en ambos aspectos (recursos judiciales y administrativos / acceso a asistencia letrada) fueron consideradas inconstitucionales en su sustancia (ver apartados X y XI del dictamen).

En lo que respecta al resto de las pretensiones contenidas en la demanda, dirigidas contra las modificaciones efectuadas por el DNU en materia de ampliación de los supuestos alcanzados por el procedimiento de expulsión, régimen de detención preventiva, notificaciones, y terminación “anormal” del procedimiento por desistimiento de hecho, y derecho de reunificación familiar, el dictamen aconseja dejarlas afuera del caso colectivo por lo siguiente:

“Con todo, en lo que atañe a los restantes agravios, no se ha demostrado que el ejercicio individual de la acción no aparezca plenamente posible, en atención a la entidad de las cuestiones planteadas (Cfr. CSJN, “Sociedad Rural Río V c. AFIP s/ ordinario”, 4 de agosto de 2016). Además, en tales planteos, la pretensión no se enfoca adecuadamente en el aspecto colectivo de los efectos derivados de la aplicación de las disposiciones cuestionadas (Cfr. CSJN, “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04”, 24/02/2009 considerandos 12 y 13; y en igual sentido, “PADEC c. Swiss Medical S.A”.¸ 21/08/2013). Antes bien, los fundamentos desarrollados en el escrito inicial, demuestran que la pretensión se enfoca estrictamente en el perjuicio individual que la normativa en crisis puede acarrear respecto de ciertos casos particulares”.

El análisis efectuado en esta última parcela del dictamen sobre el requisito de admisibilidad que exige demostrar serios problemas de acceso individual a la justicia es cuanto menos discutible ya que, en el contexto de un caso de derechos fundamentales que involucra un grupo de especial protección convencional y constitucional como son los migrantes, aplica un precedente de la CSJN dictado en un caso tributario promovido por una organización ruralista para lograr que sus asociados puedan ajustar por inflación sus balances a efectos de pagar menos impuesto a las ganancias.

Además, el dictamen omitió ponderar la excepción que la CSJN reconoció para este requisito en “Halabi” y luego aplicó en “ACDAFID c. INSSJP”, un conflicto que involucraba derechos de tutela preferente de distintos grupos de personas en condiciones de especial vulnerabilidad (supuesto similar al que presenta el caso contra el DNU N° 70/17).

Texto completo del dictamen acá.

Escrito de demanda y más información sobre la causa acá y acá.

Acá un trabajo donde criticamos por inconstitucional el requisito de admisibilidad de la tutela colectiva que exige demostrar problemas de acceso individual a la justicia.

acá una nota a la sentencia de la CSJN en “CEPIS”, donde cuestionamos su aplicación concreta y aportamos argumentos para sostener que tampoco en ese supuesto correspondía utilizar como fuente el precedente “Sociedad Rural Río V c. AFIP” que ahora invocó el dictamen en comentario.

3 comentarios en “Dictamen del MPF en la causa por el DNU N° 70/17 que modificó la Ley de Migraciones: inconstitucionalidad parcial y recorte del caso por incumplimiento de requisitos de admisibilidad del proceso colectivo (*FED)

  1. Pingback: Tutela colectiva de grupos vulnerables: la CNCAFed anuló el DNU N° 70/17 que modificó la Ley de Migraciones N° 25.871 por no cumplir los requisitos previstos en el art. 99 inc. 3° de la Constitución Nacional (*FED) | Class Actions en Argentina

  2. Pingback: Tutela colectiva de grupos vulnerables: la CNCAFed anuló el DNU N° 70/17 que modificó la Ley de Migraciones N° 25.871 por no cumplir los requisitos previstos en el art. 99 inc. 3° de la Constitución Nacional (*FED) | Class Actions en Argentina

  3. Pingback: Rechazo del amparo colectivo promovido por organizaciones de derechos humanos contra el DNU N° 70/17 que modificó la Ley de Migraciones: definición del “caso colectivo”, división de poderes y flexibilización de la congruencia (*FED) | Cla

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s