En fecha 15 de Noviembre de 2016 la CSJN volvió a pronunciarse en la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo)”(CSJ 1569/2004 (40-M) /CS2 ORIGINARIO). En esta oportunidad, para requerir informes al Poder Ejecutivo Nacional.
Conforme se señala en la decisión «obran en esta causa presentaciones concretadas por la actora en las cuales ha solicitado la adopción de medidas para asegurar los fondos del préstamo que habría otorgado el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) al Estado Nacional por la suma de U$S 840.000.000, con destino al financiamiento del proyecto de desarrollo sustentable de la cuenca Matanza-Riachuelo» (considerando 1º).
Con motivo de ello y «previo a la adopción de cualquier otro temperamento» el tribunal consideró adecuado «solicitar a la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo de la Nación que informe si se ha sus cripta dicho contrato, y en su caso, su fecha; el monto total acordado; el detalle del estado de ejecución del crédito; y, si se han reasignado fondos para atender finalidades distintas a las previstas en las condiciones pactadas entre las partes» (considerando 3º).
El pedido de informes debe ser evacuado en 30 días.
Si bien la sentencia carece de referencias normativas procesales, cabe asumir que el pedido encuentra fundamento en las amplias competencias que el art. 32 de la LGA acuerda al órgano judicial encargado de atender conflictos ambientales. Estas competencias han sido invocadas por la CSJN en reiteradas oportunidades para requerir información en casos ambientales colectivos (ver ejemplos recientes acá y acá).
Texto completo disponible acá.
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