Amparo colectivo provincial, tutela del medio ambiente y deber de motivación: La CSJN equiparó a definitiva y revocó por arbitraria una sentencia que interpreta derecho procesal local (*FED / *RN)

En fecha 11 de Octubre de 2016 la CSJN se pronunció en autos “Recurso de hecho deducido por la Defensora General de la Provincia de Río Negro en la causa Custet Llambí, María Rita -Defensora General- s/ amparo” (Expte. Nº CSJ 2810/2015/RHl), revocando una decisión del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que había rechazado un recurso de la actora por cuestiones formales (puntualmente, la limitación recursiva establecida en el art. 20 de la Ley B 2779),  en un amparo colectivo promovido “contra la mencionada provincia y la Municipalidad de San Antonio Oeste, con el objeto de que se hiciera efectiva la remediación de las zonas contaminadas con plomo y otros metales pesados y se resguardaran los derechos a la salud y a un medio ambiente sano de los niños, niñas y adolescentes, tanto mediante acciones preventivas tendientes a evitar daños futuros como a través del tratamiento sanitario de los niños con altos niveles de plomo en sangre” (considerando 1º).

Sobre la admisibilidad del REF la Corte sostuvo que cabía equiparar la decisión a una sentencia definitiva por el agravio de imposible reparación ulterior que produjo. En este sentido afirmó que “en principio, la posibilidad de que la actora pueda replantear por otra vía procesal el análisis y resolución de la controversia resultaría ilusoria, ya que -tal como surge del relato efectuado- al declarar mal concedido el recurso de revocatoria, el Superior Tribunal provincial convalidó la sentencia que resolvió sobre el fondo del asunto. En efecto, al decidir del modo en que lo hizo, el tribunal a quo omitió ponderar que el juez del amparo había rechazado tácitamente las medidas de remediación de la zona afectada solicitadas por la actora, motivo por el cual, en su caso y con acierto, se podría oponer la autoridad de cosa juzgada (Fallos: 335:361)” (considerando 3º).

Asimismo, apoyó la apertura de su competencia en el hecho que “según se desprende de las constancias de la causa, al momento de decidir sobre la procedencia del recurso de revocatoria, la situación ambiental llevaba un prolongado tiempo sin resolver e incidía negativamente en la salud de niñas, niños y adolescentes que habitan las zonas afectadas (…) lo cual demuestra -más allá de lo expuesto precedentemente- que los efectos de la sentencia apelada son susceptibles de causar agravios al medio ambiente que, por su magnitud y circunstancias de hecho, pueden resultar de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior (“Martínez”, Fallos: 339:201)” (considerando 3º).

También dio por superado el óbice formal derivado de la circunstancia de tratarse de una decisión sobre materia de derecho procesal local (derecho común).  Para ello la Corte acudió a la doctrina de la arbitrariedad, sosteniendo que “el Superior Tribunal local, al declarar mal concedido el recurso de revocatoria, prescindió de dar respuesta a planteas de la actora, conducentes para la solución del caso, tendientes a demostrar que dicho recurso era la vía adecuada para la tutela de los derechos invocados. Especialmente, omitió considerar que la interposición del remedio procesal aludido se fundó en que la acción de amparo había sido parcialmente denegada por el magistrado interviniente y que, en consecuencia, su decisión era susceptible de ser apelada por esa vía, en los términos de los arts. 20 de la ley B 2779 y 43 de la ley K 2430” (considerando 4º).

En esa línea  el fallo apuntó también que “de lo expuesto se desprende que el tribunal a quo soslayó en autos argumentos serios y pertinentes de la actora tendientes a demostrar que la decisión no satisfacía su reclamo, ni tutelaba los derechos que se intentaban proteger con grave violación al principio de congruencia ínsito en la garantía del debido proceso del justiciable (Fallos: 323: 4018, entre otros) e impidió la revisión del fallo mediante una fundamentación aparente, prescindente del análisis de las constancias de la causa, apoyada en inferencias sin sostén jurídico o fáctico, con el solo sustento de la voluntad de los jueces (Fallos: 330:4983, entre otros)” (considerando 6º).

Como consecuencia de ello la CSJN revocó la sentencia y reenvió para que se dicte un nuevo pronunciamiento, señalando que “el Superior Tribunal local no solo afectó el derecho de defensa de la recurrente sino que convalidó una decisión sobre el fondo del asunto susceptible de afectar de modo irreparable el derecho a la salud y al medio ambiente sano de los demandantes” (considerando 6º).

Cabe recordar que en marzo de este año el Procurador Fiscal ante la CSJN había sostenido en su dictamen  (ver acá) que “la decisión recurrida resulta arbitraria en tanto no efectuó una interpretación razonada de las normas provinciales aplicables con arreglo a las circunstancias de la causa, y desatendió el acceso a la justicia en el marco de un proceso colectivo que persigue la protección de los derechos a la salud y al ambiente sano y equilibrado de los niños, niñas y adolescentes de San Antonio Oeste”. Ello así puesto que “el juez del amparo, si bien admitió parcialmente la acción, rechazó en lo sustancial las pretensiones de la defensora general (…) Más allá de los términos de la parte dispositiva de la sentencia, el juez no hizo lugar a uno de sus reclamos principales, esto es, la imposición a la provincia y al municipio de una obligación positiva de ‘remediación del sitio contaminado en un plazo no mayor a 12 meses’” (apartado VII).

En esta línea, el dictamen calificó la decisión como un “supuesto de excesivo rigor formal”, recordando que: (i) “La Corte Suprema enfatizó, en asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental, que la acción de amparo tiene por objeto la efectiva protección de los derechos vulnerados, por lo cual, en ese marco, las reglas procesales deben ser interpretadas con un criterio amplio que, sin trascender el límite de su propia lógica, ponga el acento en su carácter meramente instrumental de medio a fin” (cita interna omitida); y (ii) “Al decidir de esa forma el tribunal imposibilitó la revisión de un fallo dictado en el marco de un amparo colectivo que involucra derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y equilibrado (artículo 41 de la Constitución Nacional) por lo que le era exigible el máximo grado de prudencia en la verificación de los requisitos para la procedencia del recurso, con el riesgo de frustrar una vía procesal apta para asegurar la tutela judicial efectiva de la personas directamente afectadas por el daño ambiental” (citas internas omitidas) (apartado VII).

Sentencia de la CSJN completa acá.

Acá un trabajo sobre motivación de sentencia donde se propone discutir si existe un deber de motivación calificado en las sentencias que resuelven conflictos colectivos (apartado V).

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