Dictamen del MPF en la causa “CEPIS”: Audiencia pública obligatoria y alcances del control judicial de políticas públicas (*FED)

En fecha 17 de Agosto de 2016 el Ministerio Público Fiscal de la Nación emitió su dictamen en la causa “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo” (Expte. Nº FLP 8399/2016/CS1), sosteniendo la obligatoriedad de audiencia pública previa a la modificación de la tarifa de gas natural.

Sobre el fondo del asunto el dictamen señala que “la sentencia recurrida interpretó adecuadamente el derecho federal vigente al concluir que el aumento tarifario no pudo ser válidamente implementado sin la realización previa de una audiencia pública dado que la Ley 24.076 de Gas Natural impone ese mecanismo como herramienta para garantizar el derecho constitucional de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores en el artículo 42 de la Constitución Nacional” (apartado V).

En el apartado VI  desarrolla en detalle el marco normativo convencional, constitucional, legal y reglamentario que determina la obligatoriedad de la audiencia pública como requisito de validez del acto administrativo en este contexto tarifario. Asimismo, se explica allí por qué no resulta de aplicación la Ley de Hidrocarburos N° 17.319 y se recuerda “la relevancia de la audiencia pública, que configura una instancia de participación ciudadana que favorece la democratización de las decisiones, la formación de consensos, la transparencia y la publicidad de los actos y los procedimientos, lo que, en definitiva, fomenta el control social”.

En el apartado VII se abordan y descartan los argumentos del Estado Nacional vinculados con distintos regímenes de emergencia que se alega tornarían innecesaria la celebración de audiencia pública.

Finalmente, el apartado VIII se ocupa de precisar que “Si bien es cierto que el mérito o conveniencia de una política pública es una cuestión que excede el ámbito de una revisión judicial, no es menos cierto que tales políticas deben implementarse con acatamiento a los límites que resultan del marco regulatorio legal específico en la materia, y sin vulnerar los derechos y garantías constitucionales reconocidos a favor de los usuarios y consumidores. En tal sentido, una de las funciones del Poder Judicial es controlar que los restantes poderes del Estado no se extralimiten en el ejercicio de sus facultades y respeten el ordenamiento jurídico vigente” (sobre esta última afirmación, ver lo sostenido recientemente por la CSJN acá).

Texto completo del dictamen disponible acá.

 

 

 

 

 

 

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