Consumo: Interrupción de la prescripción y ejecución de la sentencia de condena (*BA)

En fecha 10 de Julio de 2012 la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala Segunda, dictó una interesante sentencia en los autos “Asoc. Civil de usuarios Bancarios Arg. c/ Bazar Avenida S.A. (Red Megatone) s/ Materia a categorizar”.  El decisorio aborda dos cuestiones de gran importancia práctica en el contexto de casos colectivos de consumo: prescripción y ejecución de la sentencia de condena.

En primer lugar, la Cámara confirmó el rechazo de la excepción de prescripción opuesta oportunamente por la demandada.  Interpretando los alcances del art. 50 LDC, sostuvo que las causas de interrupción de la prescripción allí previstas “incrementan las reseñadas en el art. 3986 del Cód. Civ.”.  Igualmente, consideró que en el caso en tratamiento “las ‘nuevas infracciones’ a las que alude la norma, como desencadenantes de la interrupción de la prescripción, tuvieron lugar al continuar la accionada con la operatoria comercial impugnada”.

En cuanto a la modalidad de ejecución de la sentencia, interpretando el art. 54 LDC la Cámara sostuvo que, cuando la condena ordena restituir sumas de dinero indebidamente cobradas a los clientes, “una de las facultades con las que cuentan los jueces es la de ordenar que la obligación se cumpla por la misma vía en que aquéllas fueron percibidas”. En este caso, la decisión de primera instancia había ordenado que un sub grupo de los consumidores afectados “debían solicitar ante las respectivas sucursales el reintegro del monto percibido por la entidad en exceso -en concepto de financiación e impuesto de sellos”.  

El tribunal de alzada consideró que “el mecanismo establecido en la sentencia respeta los términos de la norma (art. 54 de la Ley 24240), al ordenar la restitución de las sumas de dinero por los mismos medios en que fueron indebidamente percibidas (en el seno de las aludidas sucursales); ponderando la alternativa que mejor aprovecha -por su objetivo beneficio o ventaja- a los afectados”.

Es importante también destacar que la Cámara fue muy clara al explicar la diferencia que existe entre los “daños diferenciados” y aquellas sumas que deben ser reintegradas como consecuencia de decretarse la ilegalidad de la operatoria comercial.

En este sentido, sostuvo que no era necesario acudir a procedimiento incidental alguno puesto que, en efecto, no se trataba de daños diferenciados: “Por lo demás, el planteo del quejoso relativo a exigir la vía incidental a la que alude el art. 54 de la Ley 24240 in fine por encontrarnos en el supuesto de ‘daños diferenciados’ -ya que la determinación de cada importe a restituir dependerá del producto que se hubiera adquirido y de la financiación utilizada-, no merece ser acogido pues, tal como lo ha interpretado la jurisprudencia, no deben confundirse los daños que el obrar ilícito del demandado pudiera acarrear -a los que va dirigido el trámite incidental pretendido-, de aquellas sumas de dinero que éste hubiera retenido de manera indebida en el marco del incumplimiento obligacional -que es lo que se presenta en autos- que se encuentran alcanzadas por el sistema de reintegro previsto en la primera parte del cuarto párrafo de la norma”.

También se abordó en el fallo otra cuestión determinante para logar la efectiva ejecución de la condena.  Me refiero a la posibilidad del consumidor de iniciar el trámite de ejecución ante los jueces de su domicilio.

Al respecto la Cámara sostuvo lo siguiente: “Finalmente, cuando la sentencia prevé que de mediar incumplimiento por parte de la obligada al pago, los beneficiarios podrán recurrir ante los tribunales del lugar donde debía cumplirse la obligación o del lugar de su domicilio, a su elección (a los fines de obtener compulsivamente el cumplimiento de la presente sentencia), estimo que no media un apartamiento discrecional del juez de las normas procesales en materia de competencia como lo afirma el apelante, pues ello importaría desconocer el carácter de microsistema de orden público que hace a la esencia de la ley de protección de los consumidores y usuarios, por medio de la cual se alteran o limitan -según el caso- las perspectivas de determinación convencional por las partes de la competencia territorial de los tribunales que deban conocer en caso de conflictos judiciales derivados de una vinculación negocial consumerista”.

Por último, la sentencia rechazó el agravio dirigido contra la falta de fijación de plazo para que los consumidores pudieran ejercer su reclamo.  En este orden, la Cámara consideró que no se causaba gravamen alguno a la demandada por cuanto el plazo decenal de prescripción “se constituye ipso iure desde que la sentencia se encuentra firme”.

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