Matías R. TAU – Tensiones sobre la diagramación de procesos colectivos en materia tributaria.

El autor formula interesantes apreciaciones con relación a dos sentencias recientes en las cuales se abordó el tema colectivo en el ámbito tributario.  Los fallos fueron dictados por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Gualeguaychú (15/05/2012) y el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (18/06/12) en autos “Sociedad Rural Gualeguaychú c/Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) u otro s/ acción de amparo” 

Comentarios sobre el decisorio de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Gualeguaychú (CACCLG)

La decisión justifica algunas reflexiones. En cuanto a la legitimación, en primer término cabe señalar que el hecho que el elenco de sujetos contemplados en las mandas constitucionales invocadas por la CACCLG se encuentren legitimados en abstracto para iniciar acciones de clase, no importa automáticamente o justifica per se que en el contexto de un caso concreto tal función sea ejercida en forma adecuada.

Esto conecta con la segunda cuestión que puede comentarse sobre el decisorio de la CACCLG. El Tribunal  reconoció la idoneidad de la SRG a fin de representar justa y adecuadamente los intereses individuales homogéneos del grupo de contribuyentesen cuestión ponderando parámetros –quizá como un relicto de los obscuros estándares evaluados en el Considerando XII de “Halabi”- que son inadecuados e insuficientes para valorarla.

La CACCLG no echó mano a los principales criterios orientativos establecidos en el Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica  (Artículo 2º, párr. segundo) que podrán guiar al Juez al evaluar la representatividad adecuada.

Tampoco realizó ninguna evaluación sobre la representatividad adecuada de los abogados de la clase de contribuyentes presuntamente afectada por las metodologías con que se calcularon los avalúos fiscales utilizados para liquidar el impuesto inmobiliario rural del año 2012.

La segunda observación se concentra en la ponderación que realiza la CACCLG sobre el Estatuto de la actora, instrumento constitutivo que delimita el objeto y rige la actividad de la SRG. El Tribunal consideró como elemento que contribuía a fortalecer la legitimación activa y la representatividad adecuada de la actora una previsión sumamente genérica que impide inferir válidamente que la SRG se encuentra habilitada para litigar en procesos colectivos en nombre de derechos individuales, divisibles y de cuño tributario relativos a un grupo de contribuyentes que no la han autorizado para que los represente.

Por otra parte, puede apuntarse que la Cámara efectúa un análisis dogmático en torno a la concurrencia en el caso de un hecho único o complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales homogéneos, uno de los requisitos generales de admisibilidad integrante de las “pautas adjetivas mínimas” que la CSJN estableció en “Halabi” para poder litigar en tutela de este tipo de derechos de incidencia colectiva. Sin embargo, el Tribunal no identifica siquiera en forma superficial sea a nivel normativo o a nivel fáctico, las situaciones casos o actos concretos, reales y efectivos donde se manifiesta la lesividad común que provoca la conducta estatal cuestionada.

En otra parcela, la CACCLG no controló si mediaba una homogeneidad subjetiva entre los miembros de la “clase de contribuyentes” obligados al pago del impuesto inmobiliario rural, que fueron englobados en la acción colectiva sin ningún tipo de discriminación ni criterio distintivo.

Otro aspecto que merece especial interés en procesos colectivos donde se persigue el restablecimiento de derechos individuales homogéneos relativos a cuestiones tributarias, radica en la necesidad de ponderar desde una perspectiva consecuencialista equilibradamente los intereses de todos los sujetos involucrados en la recaudación y destino de las rentas públicas.

En otro ángulo el caso abre una crucial cuestión que se hace presente en todo litigio colectivo ¿cómo se incluyen debidamente los múltiples centros de interés que deben integrar el litigio o pretenden hacer oír su voz en el debate? ¿Qué status procesal se le debe otorgar a aquellos que no iniciaron la acción de clase pero que desean intervenir al igual que lo hace el representante que la interpuso? ¿Puede el Juez atender a otros argumentos postulados o pruebas aportadas u ofrecidas por los sujetos que adhieren al representante de la clase? ¿Cómo las integra o incorpora a la litis? La Cámara decide categóricamente que solo cabía atender “a los términos de la “litis” fijados por las posiciones de las partes” principales” por no estar regulado en nuestro ordenamiento procesal la intervención de los sujetos adherentes al representante de clase. Pese a haberle admitido la posibilidad de intervenir y poner de manifiesto su posición sobre la materia litigiosa, descarta los argumentos y peticiones expresadas en la audiencia pública por los sujetos que adhirieron al planteo de la SRG, brindándole un status procesal con facultades inferiores que las que se le reconocen en “procesos tradicionales” a los terceros adhesivos simples o coadyuvantes

Por último, se puede apreciar una cierta vaguedad en cuanto a las finalidades que señaló la CACCLG que justificaban la sustanciación del litigio en forma colectiva. Por un lado se esgrimen justificativos vinculados al “acceso a la justicia”, sin puntualizarse las razones que evidenciaban la satisfacción del requisito establecido por la CSJN que exige que el interés individual de cada miembro de la clase, considerado aisladamente, no justifique la promoción de una demanda. La CACCLG intenta suplirlo invocando un “fuerte interés estatal” en la protección de los derechos invocados por la SRG, premisa que queda desvirtuada por la defensa desplegada por la parte demandada encargada de velar por ese interés general y que es pasible de ser relativizada por atender a los intereses de un sector particular. Luego, las justificaciones ligadas a finalidades de índole práctica y economía procesal gozan de mayor sustento aunque por caracterizar a todo proceso colectivo no aportan fundamentos sustanciales para reconocer la admisibilidad de la acción examinada.

Comentarios sobre el decisorio del por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER)

Conviene detenerse en dos puntos que sobresalen en el horizonte del decisorio del STJER, que revocó por mayoría lo resuelto por la CACCLG sentenciando que debió declararse la inadmisibilidad in limine litis de la acción de amparo promovida por la SRG. En primer lugar, ostenta un notable contraste con la estructura argumentativa de la CACCLG pues aborda con marcada menor profundidad cuestiones vinculadas a los procesos colectivos profusamente tratadas por la Alzada. Puede considerarse que la CACCLG edifica su sentencia con base en el paradigma colectivo, paradigma que no anima la decisión del STJER.

En segundo lugar, es llamativa la enérgica e insistente crítica que se realiza contra la audiencia de conocimiento celebrada, reprochando a la CACCLG por haber ordenado su realización en el marco de un amparo y objetando la asistencia y participación en esa instancia de dialogo deliberativo de los órganos estatales demandados.

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