Legitimación de las OMIC, Medida Cautelar y Tutela Anticipada con Relación al Dec. 2067/08 (*FED)

En el marco de la causa “Organismo Municipal de Información y Defensa del Consumidor y Usuario de Gral. Viamonte c/ P.E.N. y Ots. s/ acción de amparo”, la Sala II de la Cámara Federal de Apleaciones en lo Civil y Comercial de La Plata dictó una interesante decisión por medio de la cual confirmó la medida cautelar dispuesta por el Juez Federal de Junín.

La parte actora pretende en su demanda que se declare la inconstitucionalidad del decreto del PEN Nº 2067/2008 (que creó el Fondo Fiduciario para atender las importancias de gas natural), la resolución del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Nº 1451/2008, la resolución del ENARGAS Nº 563/2008, la resolución del ENARGAS Nº 570/2008, y toda otra norma dictada en concordancia con las citadas.  Según afirmó, la aplicación de esta normativa “dio como resultado facturaciones que contenían valores irrazonables, abusivos, arbitrarios y manifiestamente ilegales, en colisión con la Constitución Nacional y la Ley 24240, en relación al conjunto de usuarios del servicio público de gas natural por redes del partido de General Viamonte”.

La demanda también contenía un pedido de medida cautelar, la cual fue otorgada por el juez de primera instancia.  Fue así que -en carácter cautelar- se ordenó que el Estado Nacional, el Ente Nacional Regulador del Gas y Camuzzi Gas Pampeana S.A. “se abstuvieran de aplicar el cargo creado por el decreto 2067/08 a todo usuario del partido de General Viamonte que así lo solicitase, hasta tanto se brindara información concreta, precisa y detallada respecto del precio a abonar por el consumo de gas realizado”. Esta manda cautelar también estableció “que el distribuidor domiciliario podría volver a refacturar o a recibir el pago parcial de las facturas emitidas, con el descuento del cargo señalado y del IVA que correspondiera por este concepto”.

Apelada la decisión por ambas partes, la Cámara la confirmó con alguna modificación en cuanto a su alcance.

Para ello sostuvo en primer término que la actora se encontraba plenamente legitimada para accionar del modo en que lo hizo.  En este sentido señaló que “las comunas son las principales representantes de los intereses de sus vecinos y además, en el caso, está obligada a garantizar el servicio público de gas. Considero, pues, que el organismo actor resulta un afectado directo respecto del cargo específico en análisis”.  El primer postulado es interesante. La segunda consideración creo que no es del todo acertada y puede acarrear interpretaciones indeseadas. Me explico: las OMIC se encuentran legitimadas por expresa disposición legal (art. 52 LDC) y con total independencia de que sean afectadas o no.  Las OMIC no son titulares de los derechos que buscan proteger, son legitimados extraordinarios, colectivos, anómalos o como se los quiera llamar.  No es necesario que paguen la boleta de gas para promover un pleito como el presente, no es necesario que sean “afectadas”. Basta con que los usuarios del servicio domiciliados en el municipio donde aquéllas ejercen su actuación resulten damnificados por la medida impugnada. Ellos son los afectados, la OMIC, mientras tanto, sólo es su representante colectiva en el proceso.

En segundo lugar, la Cámara se avocó al análisis de la medida cautelar trabada y sostuvo que “una primera aproximación a la cuestión de autos, permite vislumbrar que no se habrían seguido las pautas oportunamente dispuestas por la Ley 24.076, en cuanto a la regulación de las tarifas y los subsidios, lo cual permite alegar que el cargo creado por el Decreto 2067/08 no contaría con un debido respaldo legal, asunto que requiere, sin dudas, un cuidadoso examen para su decisión”. Por tal motivo afirmó que “a esta altura del proceso aparece suficiente la apariencia del derecho en la pretensión esgrimida”.  También se consideró comprobado el peligro en la demora debido a la cercanía de la temporada invernal y la potencial incidencia que el aumento repentino de la tarifa podría generar en el regular pago del servicio por parte del grupo de usuarios afectados y, por ende, en la regular prestación de tal servicio esencial cuando más se lo necesita. 

En consecuencia, la Cámara dispuso “ordenar como medida precautoria, durante el tiempo que tramite esta causa y hasta el dictado de una sentencia definitiva, que la empresa Camuzzi Gas Pampeana SA se abstenga de efectuar el corte del suministro de gas a los usuarios de la zona, con la condición de que éstos abonen regularmente los importes facturados correspondientes a los rubros que se incluyen en la factura de Camuzzi Gas Pampeana SA, con excepción del importe equivalente al valor del concepto que corresponde al cargo específico establecido en el Decreto 2067/08, más el IVA sobre el mismo. Asimismo, disponer que la empresa distribuidora devuelva el importe del cargo cuestionado a los usuarios que lo hayan abonado, a través de la compensación de dicho pago en las sucesivas facturaciones del servicio”.

Nótese que no sólo se ordena el cese temporario en la exigibilidad del concepto impungado, sino que además se confirma la orden de reintegrar anticipadamente, materialmente (puesto que aun no hay sentencia de fondo) las sumas que hubieran sido percibidas por tal concepto.  Este adelanto material, que puede considerarse una tutela anticipada de la solución de fondo, quedará pendiente de confirmación “jurídica” a la hora de dictarse la sentencia de mérito.

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