Amparo Ambiental y Basurales. Rechazo a Pesar de la Ausencia de Evaluación de Impacto Ambiental (*ERI)

En fecha 15 de Febrero de 2010 la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dictó sentencia en la causa “Buttaro, Alfredo Rafael y otros c/ Municipalidad de Concepción del Uruguay s/ Acción de amparo ambiental”.

En este proceso los actores pretendían impedir la instalación de un basural en Talita, para lo cual solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de la Ordenanza Municipal N° 8727.  El principal argumento que sustentaba la pretensión era la ausencia de un estudio de impacto ambiental previo. Los tres miembros de la Sala votaron por hacer lugar al recurso y rechazar la acción, aunque por razones diferentes.

La mayoría, integrada por los jueces Carubia y Chiara Díaz, consideró que la acción resultaba admisible pero improcedente.  Ello así por no haberse acreditado en autos “la presencia actual en el caso de daño o riesgo inminente … así como la manifiesta ilegitimidad del accionar municipal”.  A juicio de estos magistrados no se acreditó en autos que la instalación del basural fuera “causante de una actual o inminente afectación del medio ambiente superior a los niveles permitidos”. Sobre este piso de marcha, la mayoría señaló también que la sentencia apelada “se asienta en consideraciones genéricas que resultan ineficaces para sustentar la decisión a la que arriba”, descalificándola por arbitraria al no constituir, como señala la doctrina de la CSJN en esta materia, una “derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las concretas circunstancias fácticas comprobadas en el proceso”.

El voto en minoría de la jueza Mizawak consideró, al igual que el Procurador General de la Provincia en su dictamen, que la acción de amparo resultaba inadmisible.  Mientras que el Procurador fundó su postura en la “investigación exhorbitante” que demandaría este proceso, la jueza hizo lo propio argumentando que no fue demostrado en autos uno de los presupuestos habilitantes de esta vía excepcional, a saber: “la amenaza, restricción, alteración, impedimento o lesión de manera manifiestamente ilegítima de un derecho ambiental que amerite su sumaria protección”.  A pesar de votar por el rechazo de la acción, Mizawak ordenó al Municipio presentar el estudio de impacto ambiental ante “el tribunal en el cual se radicó esta acción”, estudio que además debía ser entregado y comunicado a los actores “asegurando un ámbito de discusión amplio y con participación ciudadana”.

Tanto el  voto mayoritario como la minoría destacaron que el Municipio actuó “constreñido por una singular situación de emergencia excepcional”.  El problema era la imposibilidad de depositar los residuos sólidos urbanos en el antiguo predio destinado al efecto por encontrarse inundado.  Tal vez esta circunstancia pueda explicar el resultado del proceso.

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