En fecha 20 de Junio de 2011 la Suprema Corte de los Estados Unidos se expidió en el marco de una de las acciones de clase más grandes de la historia, promovida contra el empleador privado más importante de los Estados Unidos, Wal-Mart.
En «Wal-Mart Sotres Inc. v. Dukes» la clase actora estaba integrada por aproximadamente un millón y medio de empleadas y ex empleadas de dicha corporación. La pretensión llevaba por causa una supuesta discriminación contra las mujeres por razones de género, y por objeto obtener distintos tipos de medidas para evitar ese trato, daños punitivos y el reintegro de sumas de dinero no abonadas. En concreto, los actores alegaban que las decisiones discrecionales tomadas por los gerentes locales respecto de montos de salarios y promociones había sido ejercida sistemática y desproporcionadamente a favor de hombres.
La clase fue certificada en el marco del apartado (b)(2) de la FRCP 23, y esta decisión fue confirmada por la Cámara de Apelaciones. La Corte revocó dicha certificación por considerar que no se configuraba en el caso el prerrequisito de cuestiones comunes de hecho o de derecho establecido en la FRCP 23(a)(2). El problema general con el caso, sostuvo Scalia citando la opinión de un juez que se había expedido en las instancias inferiores, es que las mujeres de Wal-Mart «tienen poco en común, salvo su género y este proceso».
De acuerdo con lo que surge del voto mayoritario, el caso pudo haber terminado con un resultado diferente si los actores hubieran presentado mejores pruebas respecto del tema. Aparentemente la única evidencia aportada para sostener la alegada discriminación general fue un estudio sociológico según el cual la cultura corporativa de Wal-Mart hacía que la compañía fuera vulnerable a incurrir en prejuicios de género. Como el informe no pudo siquiera estimar qué porcentaje de las decisiones en materia de empleo fueron determinadas por estereotipos de género, la mayoría sostuvo que el testimonio del experto estaba muy lejos de constituir prueba suficiente de que Wal-Mart opera bajo una política general de discriminación. Lo único que pudieron probar los actores fue la política corporativa de deferir las decisiones de empleo a la discreción de los gerentes locales. El intento de acreditar por medios estadísticos que esa discreción fue ejercida para discriminar sistemáticamente a las mujeres estuvo lejos, según la mayoría, de aportar elementos de juicio suficientes para resolver en el sentido pedido por los actores.
La Corte también presentó en esta decisión una lectura estricta del apartado (b)(2) de la FRCP 23. Según el tribunal, este tipo de acciones de clase sólo procede cuando el remedio solicitado es de carácter indivisible y genera beneficios para todos los miembros de la clase. Si lo que se pretende es obtener sumas de dinero individualizadas (en el caso, reintegros), la pretensión debe ser canalizada por la vía de una acción de tipo (b)(3) debido a las mayores protecciones procesales que ésta brinda (predominio de cuestiones comunes sobre las individuales, que la tutela sea superior a la que podría obtenerse por otros medios, notificaciones obligatorias y derechos de optar por salirse de la clase).
El fallo completo (en inglés) puede consultarse acá.
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