I. De la demanda de marzo de 2025 a la sentencia de septiembre de 2026
El 28 de marzo de 2025 dimos cuenta en este blog de la acción de clase promovida por Omar Hurlock, en nombre propio y de otros compradores del token $LIBRA, contra Kelsier Ventures, KIP Protocol, Meteora, Hayden, Gideon y Thomas Davis, Julian Peh y Benjamin Chow. Allí reseñamos la tesis central de aquella demanda: un lanzamiento con pools de liquidez de un solo lado en la plataforma Meteora, la retención por los demandados de aproximadamente el 85% del suministro del token y el retiro de alrededor de 107 millones de dólares de esos pools, aprovechando el respaldo del presidente Javier Milei.
Iniciado ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York el 17 de marzo de 2025, el proceso fue removido al fuero federal el 9 de mayo de ese año. El 30 de julio de 2025 la parte actora presentó una demanda enmendada que sumó a un segundo actor, Anuj Mehta, comprador del token $M3M3, y reconfiguró el elenco de demandados: entre ellos ya no figuraban KIP Protocol ni Julian Peh, solo quedaron Kelsier Labs, los tres Davis, Meteora y Chow. Se invocó fraude, conspiración para defraudar, la ley RICO (18 U.S.C. § 1962(c) y (d)), los artículos 349 y 350 de la Ley General de Negocios de Nueva York y enriquecimiento sin causa.
El 29 de septiembre de 2026 la jueza Rochon hizo lugar a las tres mociones de desestimación (motions to dismiss), denegó la autorización para presentar una segunda demanda enmendada y ordenó el cierre del caso (sentencia completa acá). La demanda enmendada quedó desestimada with prejudice. Esto es, con cualidad de cosa juzgada respecto de los actores que invocaron la representación de la clase (no sobre la clase, que nunca fue certificada).
La reciente decisión no declara que el lanzamiento de $LIBRA haya sido legítimo. Solo resuelve que, tal como fueron planteadas, las pretensiones no estaban suficientemente fundadas o, respecto de algunos demandados, no podían ventilarse ante ese tribunal por falta de competencia personal (sobre estos últimos tampoco hay cosa juzgada sobre el fondo, ya que las acciones podrían plantearse ante el foro que corresponda).
II. Fraude, intención fraudulenta y las restantes pretensiones contra chow
Las pretensiones de derecho estadual se examinaron en el fondo solo respecto de Chow, a quien la actora presentaba como radicado en Nueva York y que pidió la desestimación únicamente por insuficiencia de las pretensiones (regla 12(b)(6)). Bajo la regla 9(b), la actora debía aportar una base fáctica para una inferencia “fuerte” de intención fraudulenta (scienter), que según Tellabs debe ser al menos tan persuasiva como cualquier inferencia opuesta.
Ninguno de los elementos invocados alcanzó ese umbral. La frase de Chow en una llamada de planificación de $M3M3, “no one will play the game if they see, like 90% of the supply already locked up”, fue leída como igualmente compatible con el apoyo técnico a un lanzamiento legítimo. Su reconocimiento posterior de haber “habilitado” a Hayden Davis no permite inferir que supiera, al momento de los hechos, que facilitaba un ilícito, porque “it is not reckless to lack clairvoyance”. La planilla de cálculo de Chow se consideró enteramente compatible con un lanzamiento legítimo. La magnitud del fraude, por sí sola, no permite inferir intención, y el ánimo de lucro, incluso bajo la forma de comisiones por transacciones, no basta para inferir la intención fraudulenta.
La conspiración para defraudar cayó con el fraude. La Ley General de Negocios exige que la transacción engañosa ocurra en Nueva York: respecto de Mehta, residente de Virginia, no se alegaron hechos suficientes que vincularan con ese Estado sus compras de $M3M3. En cuanto a $LIBRA, aun suponiendo que bastara que Hurlock operara desde Brooklyn, la jueza no encontró conducta de Chow materialmente engañosa. Su respuesta a la publicación de Milei sobre la reunión con Hayden Davis (“What changing the world looks like”) no fue alegada como falsa, y lo que los consumidores solo conocieron después de comprar no pudo engañarlos al hacerlo. El enriquecimiento sin causa, por último, fue rechazado por duplicar las pretensiones de fraude.
III. Sin jurisdicción sobre Kelsier y los Davis, y una segunda enmienda inútil
Respecto de Kelsier y los tres Davis, las pretensiones estaduales no se juzgaron en el fondo, sino que el tribunal declaró que carecía de jurisdicción personal y, por eso, no examinó su pedido de desestimación por insuficiencia. Las bases federales invocadas (18 U.S.C. § 1965 y la regla 4(k)(2)) cayeron con la pretensión RICO, única de naturaleza federal. Bajo el artículo 302(a) de las reglas procesales de Nueva York (C.P.L.R.), no se alegaron hechos suficientes para encuadrar el caso en alguno de sus supuestos. El uso de redes sociales, infraestructura nacional o publicidad dirigida al mercado estadounidense no bastaba.
Quedaba la jurisdicción por conspiración, que la actora presentó como su fundamento más poderoso: los Davis habrían conspirado con Chow, que operaba desde Nueva York. Pero esa teoría requiere una base legal y una conspiración debidamente alegada que incluya al coconspirador local, y todas las pretensiones contra Chow, conspiración incluida, ya habían sido desestimadas. El anclaje neoyorquino del caso desapareció con él.
El proyecto de segunda enmienda tampoco prosperó. Sumaba los tokens $MELANIA, $ENRON y $TRUST, un nuevo actor, nuevos demandados, documentos internos de planificación de $M3M3 y mensajes que se atribuyen a Hayden Davis con un informante confidencial. La jueza juzgó inútil la enmienda: el período de actividad solo se extendía a siete meses, la planilla de cálculo era compatible con la asistencia técnica de Chow y la frase de Davis según la cual se había limitado a seguir las instrucciones de Chow para lanzar tokens era igualmente compatible con su gestión técnica de Meteora.
Queda abierto un interrogante técnico. La demanda enmendada se desestimó with prejudice, pero respecto de Kelsier y los Davis el fundamento fue la falta de jurisdicción personal y el tribunal no se pronunció sobre el fondo de esas pretensiones estaduales. El alcance de esa calificación frente a una eventual apelación o a un reclamo en otro foro está por verse.
IV. El presidente argentino en la sentencia: lo que consta y lo que no se decide
Nuestra entrada anterior del blog se ocupaba, en su tramo final, del rol del presidente Milei. Y si bien nunca fue parte, como señalamos entonces, su apellido aparece dieciocho veces en el texto de la sentencia. La decisión no le atribuye responsabilidad alguna, pero tampoco la descarta. Por eso hay que distinguir lo que la jueza relata, lo que analiza y lo que decide.
IV.1. El contexto procesal del relato
La sentencia aclara que los hechos que reseña provienen de la demanda enmendada y de los documentos que esta incorpora, y que se los tiene por ciertos “for purposes of these motions”. Todo lo que la sentencia narra sobre Milei se apoya en párrafos de esa demanda. La sentencia, por lo tanto, no tiene por probados esos hechos ni los desvirtúa.
La precisión alcanza a las manifestaciones atribuidas a Hayden Davis. La jueza las narra como parte de los hechos alegados que, por imperativo procesal, se tienen prima facie por ciertos. Pero no las verifica ni se pronuncia sobre su autenticidad o su veracidad. En un caso el texto conserva incluso la mediación de la fuente, al consignar que Davis “reportedly told others” que tenía control sobre el presidente.
IV.2. Lo que consta en el relato
Según la demanda, Davis viajó a la Argentina en julio, octubre y noviembre de 2024 para reunirse con representantes del presidente. La sentencia reproduce un comunicado de la Oficina del Presidente, según el cual Milei se reunió el 19 de octubre de 2024 con representantes de KIP Protocol, que le informaron su intención de desarrollar el proyecto “Viva la Libertad”. Siempre según la demanda, Davis habría dicho a otras personas que tenía “control” sobre Milei y habría ofrecido una reunión con él y una asociación con el gobierno a cambio de unos 90 millones de dólares en criptomonedas a lo largo de 27 meses.
El relato incluye mensajes privados de diciembre de 2024 en los que Davis habría afirmado que podía conseguir que Milei tuiteara, se reuniera en persona e hiciera promoción, que lo “controlaba” y que enviaba dinero a su hermana y él firmaba lo que le dijera. La sentencia no identifica a esa persona: la referencia aparece entre corchetes como “[President Milei’s] sister”. El 30 de enero de 2025, tras una nueva reunión, Milei publicó una fotografía con Davis y Kelsier la replicó afirmando que asesoraba al presidente.
El 14 de febrero, veintitrés minutos después de la acuñación del token, Milei publicó un mensaje de apoyo con el enlace al sitio del proyecto y la dirección del token, que era la información necesaria para comprarlo. La sentencia agrega, con cita de la demanda: “In response to his announcement, investor interest, trading volume, and price surged”. Alrededor de las 22:36, Julian Peh publicó, según la demanda por indicación expresa de un allegado a Davis, que Milei no había estado ni estaba involucrado en el desarrollo del proyecto. Dos minutos después Milei borró su mensaje y publicó que no estaba al tanto de los detalles y que, al conocerlos, había decidido dejar de difundirlo. Al día siguiente, Davis vinculó en un comunicado las ventas por pánico con el retiro de esas publicaciones.
IV.3. Lo que la jueza analiza y lo que decide
En la fundamentación jurídica el nombre de Milei aparece solo al examinar si la respuesta de Chow a la publicación presidencial de enero era engañosa, y la jueza concluyó que no se había alegado su falsedad. Hay además una referencia implícita, que no lo nombra: entre las afirmaciones que, según el proyecto de segunda enmienda, los demandados habrían difundido a través de promotores, figura que $LIBRA era una iniciativa de desarrollo para la Argentina “promoted at launch with an apparent official endorsement”. Todo indicaría que esa expresión refleja que la actora incluía el aparente respaldo oficial entre las representaciones atribuidas a los demandados.
Ninguno de los fundamentos de la decisión giró en torno a Milei. La sentencia no determina si conocía el esquema denunciado, si actuó coordinadamente con sus responsables, si obtuvo algún beneficio ni si eran verdaderas las afirmaciones de Davis sobre su influencia. Tampoco formula un juicio causal propio: la frase sobre el alza del interés, el volumen y el precio pertenece a la reseña de los hechos alegados, con cita del párrafo 269 de la demanda, y no a un examen de causalidad que el tribunal, insistimos, nunca llegó a realizar.
V. Cierre: dos lecturas igualmente erróneas
Sería incorrecto afirmar que la jueza determinó que Milei participó del fraude. Y sería igualmente incorrecto sostener que el rechazo de la demanda lo exonera, porque los fundamentos de la decisión no contienen ninguna determinación sobre su conducta.
En los hechos alegados que la sentencia reproduce, la vinculación pública de Milei con Davis y su publicación del 14 de febrero forman parte de la secuencia del lanzamiento: aquella publicación contenía la información necesaria para comprar el token y, según la demanda, fue seguida por un alza del interés, el volumen y el precio.
La sentencia tampoco resuelve, ni tenía por qué hacerlo, cómo se concilia la explicación posterior del presidente, que dijo desconocer los detalles del proyecto, con la secuencia de contactos previos que la demanda describe. Fuera de este proceso, la sentencia es un registro de lo alegado, no prueba de los hechos que relata.
Sentencia disponible para descargar acá (en inglés).
