La CSJN estableció que la sentencia del 2005 en «Verbitsky» no está cumplida y debe continuar su ejecución en clave colectiva. Razones probatorias y de eficiencia. Estándares para evaluar el cumplimiento de decisiones estructurales (*FED / *BA)

El 13 de mayo de 2021 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia en “Recurso de hecho deducido por el Consejo de Defensores de la Provincia de Buenos Aires en la causa Verbitsky, Horacio s/ hábeas corpus” (CSJ 1469/2014/RH1, Fallos 344:1102), revocando la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires (SCBA) que, frente al planteo del Concejo de Defensores local y remitiendo a previas resoluciones, había considerado agotada la ejecución de la sentencia colectiva del 2005 y ordenado que los planteos se canalicen por vías procesales individuales.

A pesar de que en sus inicios la ejecución de “Verbitsky” mostró auspiciosos resultados, poco a poco dejó de avanzarse en tal sentido y, posteriormente, la situación se volvió lisa y llanamente regresiva. Frente a ello, el Consejo de Defensores de la Provincia de Buenos Aires (integrantes del Ministerio Público) realizó una presentación ante la SCBA requiriendo diversas medidas para retomar la ejecución de la sentencia del 2005.

El caso llegó nuevamente a la CSJN porque la SCBA, a quien se encomendó la ejecución de la sentencia estructural del año 2005, había considerado que para el año 2007 el caso se encontraba concluido “en el estricto ámbito jurisdiccional”. Y luego, invocando esa resolución, el 29/07/2014 rechazó la presentación del Consejo de Defensores y la remitió a un juzgado de primera instancia para que gestione el caso como una nueva acción de habeas corpus respecto de la cual, también afirmó, carecía de competencia.

Ante el rechazo del recurso extraordinario federal interpuesto contra esta última resolución, el Consejo de Defensores articuló un recurso de queja que derivó, siete años después, en la sentencia del 13/05/2021 que analizaremos a continuación.

El voto de la mayoría (integrada por Lorenzetti, Highton y Maqueda) abrió la competencia extraordinaria del tribunal con un doble fundamento. Por un lado, “pues se encuentra en tela de juicio la inteligencia de un pronunciamiento del Tribunal dictado en esta misma causa, sobre cuyo alcance los recurrentes fundan sus reclamos”. Por otro lado, porque “los argumentos que sostienen la decisión cuestionada implican un inequívoco apartamiento de lo dispuesto por esta Corte en su anterior intervención en el caso” (considerando 2°).

La cuestión a decidir, entre todas las que habían sido objeto de tratamiento en la sentencia del 2005, era concretamente la efectividad de lo dispuesto en el punto cuarto de su parte dispositiva “en cuanto se ordenó a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y al resto de los tribunales de la jurisdicción hacer cesar toda eventual situación de agravamiento de la detención que importase un trato, cruel inhumano o degradante o cualquier otro susceptible de acarrear responsabilidad internacional al Estado Federal”.

Al abordar el tema, la CSJN consideró que la postura de la SCBA generaba una situación de indefensión para las personas afectadas en el conflicto por dos razones.

La primera de ellas es que obligaba a los defensores públicos que plantearon el caso “a presentar, en el futuro, sus reclamos acerca de situaciones colectivas estructurales vinculadas con las condiciones de detención de la Provincia de Buenos Aires (como los que constituyen el debate de fondo del sub lite) ante los juzgados de primera instancia de sus respectivas jurisdicciones territoriales, para que sean tramitados y resueltos individualmente”.

Esto no podía ser tolerado porque implicaba romper el caso colectivo y avanzar con una gestión atomizada del conflicto estructural, cuando el tribunal ya había advertido expresamente en su sentencia del 2005 cuando destacó “la necesidad de reconocer la protección judicial efectiva de los derechos de incidencia colectiva involucrados en el hábeas corpus, rechazándose expresamente la posible dispersión de los reclamos al admitirse la acción plural reclamada en beneficio de los intereses de todos los sujetos privados de libertad en el ámbito de la provincia” (considerandos 14 a 19 del voto de la mayoría; considerando 16 de la disidencia parcial de Fayt en aquella oportunidad).

En este orden de ideas, la Corte concluyó que “el prudente análisis de todas las circunstancias en juego, que en su momento llevó al Tribunal a admitir una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo del reclamo y a implementar un remedio congruente con su alcance, desaconseja volver a transitar un camino que ya fue considerado ineficaz desde una perspectiva enfocada en la entidad y magnitud de las violaciones que -cuando menos- deben comenzar a ser mitigadas, en tanto exceden la eventual promoción de reclamos individuales referidos a situaciones particulares(considerando 6).

La segunda razón por la cual la postura de la SCBA colocaba a las personas afectadas en una situación de indefensión no guarda relación con vías procesales, sino con cuestiones probatorias y de eficiencia judicial.

En este sentido, en primer término, la CSJN sostuvo con absoluta razonabilidad que “tampoco puede advertirse qué beneficio implicaría, medido en orden a maximizar la eficiencia del objetivo que se persigue, la propuesta de reemplazar el proceso colectivo originado a partir de la sentencia dictada hace más de dieciséis años por la sustanciación de una nueva acción colectiva de hábeas corpus (…) de procederse de ese modo, se estaría rehusando la utilidad del caudal fáctico-probatorio reunido en la instancia de origen durante todo este período, del fructuoso aporte de las partes intervinientes y de las prácticas jurisdiccionales que, en mayor o menor medida, han iniciado el proceso de remoción de las indignas condiciones carcelarias que produjeron el estado de cosas que se pretende revertir(considerando 7°).

Sobre la base estas premisas, se refirió a la cuestión de si la sentencia del 2005 podía considerarse cumplida, y descartó de plano tal posibilidad.

Al respecto afirmó que “los reclamos actuales impetrados por los defensores públicos oficiales en el expediente se vinculan con una situación fáctica que destacaron especialmente, y respecto de la cual aportaron copiosos elementos de prueba para brindarle apoyo objetivo suficiente; a saber: la persistencia de la situación de superpoblación en el ámbito carcelario provincial y su crecimiento exponencial (considerando 8°).

Entre los hechos debidamente acreditados en el proceso que demostraban que la sentencia estaba incumplida, se destaca especialmente el dictado de un acto administrativo en el año 2014 con el objeto de rehabilitar un “número significativo” de calabozos que habían sido clausurados con causa en la sentencia del 2005. Esta medida de gobierno provocó diversas denuncias en el sistema interamericano de protección de derechos humanos que condujeron, finalmente, a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptara una medida cautelar contra el Estado argentino mediante Resolución N° 31/2016 de fecha 12 de mayo de 2016.

En los fundamentos de dicha Resolución de la CIDH, señaló la CSJN, puede verse que “el organismo consideró consistente la información aportada por los solicitantes durante la sustanciación del procedimiento cautelar en pos de establecer prima facie que la vida y la integridad personal de los reclusos se encontraban en situación de riesgo, solicitando al Gobierno nacional la adopción de una serie de medidas necesarias para preservarlas” (considerando 9). Y también surge de tales fundamentos la expresa advertencia de la Comisión en punto a que “luego de la resolución en el fallo Verbitsky y la implementación de diversas acciones, se ha incrementado nuevamente la población de personas privadas de la libertad en la provincia de Buenos Aires”.

Con estos fundamentos, la CSJN resolvió hacer lugar al recurso de queja y revocar la sentencia de la SCBA porque ésta “pretende clausurar el proceso de hábeas corpus colectivo como tal, sin haber ponderado suficientemente el impacto que las medidas practicadas por la corte local habrían tenido, en función de la complejidad de los objetivos fijados en el precedente ‘Verbitsky’ tantas veces citado, y sin explicitar de qué manera fue evaluada la eficacia de su implementación, en relación con la permanencia de la situación generadora del conflicto que venían denunciando los actores” (considerando 10°).

Además, agregó que la SCBA se había “apartado de la dimensión acordada a la estructuración del proceso de ejecución de la primigenia sentencia emitida en estas actuaciones, en cuanto se le encomendó una tarea que debería mantenerse vigente mientras persistan las condiciones carcelarias que obligaron a la firme intervención de esta Corte Federal; circunstancia esta última que, a pesar de su trascendencia, no ha sido aclarada en ningún sentido en la decisión que se examina”.

Cabe destacar que la postura restrictiva de la SCBA en materia de habeas corpus colectivo en defensa de personas privadas de su libertad se manifestó nuevamente durante la pandemia, al revocar en «Altuve» la sentencia de la Cámara de Casación Penal que había ordenado medidas de prisión domiciliaria en beneficio de personas que hubiesen cometido delitos leves y se encontrasen en situación de riesgo frente al COVID-19. La CSJN, tres semanas antes de dictar la sentencia que ahora estamos comentando, confirmó aquella revocación al rechazar con un 280 la queja de la parte actora.

Volvamos a «Verbitsky».

Junto al voto de la mayoría que analizamos hasta acá, la sentencia cuenta con un voto concurrente de Rosatti y una disidencia de Rosenkrantz.

En el voto de Rosatti encontramos desarrollos muy interesantes para enfrentar el problema que supone determinar el efectivo cumplimiento de una sentencia estructural.

Lo primero que señaló al respecto es que existen principalmente dos razones que dificultan la ejecución de sentencias estructurales: “La primera, remite a la naturaleza compleja y pluricausal de los conflictos abordados, cuya solución demanda la modificación de políticas públicas y/o de prácticas institucionales. La segunda radica en el tipo de obligaciones impuestas en estas decisiones, que no siempre se efectiviza en medidas concretas sino en la enunciación de objetivos generales” (considerando 8). En este trabajo del 2013 escribimos algo sobre el tema, identificando dificultades políticas y procedimentales.

La complejidad del conflicto y las características de los mandatos generales que contienen las sentencias estructurales, continuó señalando, contribuyen a que la ejecución de esta clase de sentencias importe un proceso prolongado y complejo, en cuyo transcurso pueden cambiar los protagonistas iniciales (el universo concreto de afectados con nombre y apellido, que suelen ser reemplazados por otros), y aun las modalidades del agravio originario (algunos problemas pueden solucionarse en el tiempo, pero aparecen otros) manteniéndose –no obstante- el cuadro crítico que promovió la presentación judicial colectiva” (considerando 8).

Sobre este piso de marcha, Rosatti propuso interrogarse “¿cuándo se puede considerar concluido el proceso de ejecución?, ¿qué acciones importan el cumplimiento de esta clase de sentencias? y ¿cómo se verifica? En otras palabras, de un modo más llano: ¿cuándo y cómo se terminan estos procesos?” (considerando 9). Y como posible respuesta, destacó la necesidad de “sistematizar estándares para la ejecución de sentencias complejas y, eventualmente, determinan su clausura”, lo cual, a su turno, “requiere distinguir dos aspectos: el institucional y el funcional”.

En el plano institucional, consideró que una sentencia estructural podría considerarse cumplida cuando “i) se han definido claramente las metas a cumplir; y, ii) se ha(n) establecido el(los) órgano(s) a cargo de su instrumentación, sea(n) jurisdiccional(es) o no jurisdiccional(es) (por ejemplo, otros departamentos del Estado u organismos específicos, en los supuestos en que la actuación exceda o sea ajena al ámbito de competencia propia del órgano jurisdiccional de ejecución)”.

En cuanto al plano funcional, para considerar cumplido el objeto de la sentencia (y, por tanto, poder afirmar que el proceso colectivo concluyó), debería comprobarse “un nivel de cumplimiento efectivo de las acciones y medidas dispuestas para la solución del caso que sean suficientes para frustrar razonablemente la posibilidad de reversiones que vuelvan la situación al conflictivo punto de partida. La determinación del nivel de avance funcional que permita dar por concluida la actuación de esta Corte dependerá, lógicamente, de las especiales circunstancias de cada proceso concreto” (considerando 9).

La disidencia de Rosenkrantz se fundó centralmente en cuestiones formales, sosteniendo que “la decisión apelada no es una resolución equiparable a sentencia definitiva. No causa a la parte recurrente ningún agravio de imposible o muy difícil reparación ulterior, ni tampoco decide un punto federal de manera irreversible” (considerando 5).

En definitiva, el caso debe continuar con su trámite porque no solo no está acreditado el cumplimiento de la sentencia del 2005, sino que está demostrado exactamente lo contrario: el agravamiento de las condiciones de detención de las personas las personas privadas de su libertad en la Provincia de Buenos Aires.

Para terminar, es importante señalar que la CSJN no asumió competencia positiva en el asunto, sino que se limitó a revocar y reenviar el expediente a la SCBA para que, con una nueva integración, resuelva sobre las pretensiones de los defensores públicos orientadas a avanzar en la ejecución de la sentencia estructural del 2005 (las cuales, según adelantamos, habían sido reenviadas a un juzgado de primera instancia por la sentencia revocada).

Sentencia completa acá.

Acá un trabajo del 2019 donde analizamos algunos de los problemas de efectividad de «Verbitsky» y «Mendoza».

Autor: Francisco Verbic

Abogado y Profesor de Derecho

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