Acción meramente declarativa de inconstitucionalidad contra Ley N° 27.610 (IVE). Derecho de incidencia colectiva a la vida. Falta de legitimación activa del municipio (*FED)

El 23 de febrero de 2021, el Juzgado Federal N° 2 de Rosario dictó sentencia en la causa “Municipalidad de Roldan C/ Poder Ejecutivo Nacional S/ Acción Meramente Declarativa de Inconstitucionalidad” (Expte. N° 1449/2021), promovida por la Municipalidad con el argumento de que la ley 27.610 es inconstitucional porque “regula, en abierta contradicción con el plexo constitucional, la interrupción voluntaria del embarazo a requerimiento libre y consentido de la mujer gestante y a la atención postaborto sobre pretextados compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino de adecuar la legislación interna a los estándares internacionales en materia de salud pública, derechos humanos de las mujeres y de identidad de género, e invocando la finalidad de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible de mujeres.

Además, la actora agregó que “mediante esta ley se legaliza la interrupción del embarazo (aborto) priorizando la voluntad de la mujer y el goce desentendido de toda responsabilidad de la sexualidad y aptitud reproductiva, sin atender a las cuestiones biológicas, éticas, morales y jurídicas y aprobando la muerte de un ser vivo que es persona”. 

La demanda plantea también la dimensión colectiva del conflicto, sosteniendo que “que el “derecho a la vida” es claramente un derecho de incidencia colectiva, porque atenta contra la vida como derecho universal y básico de los seres humanos, siendo encuadrable en las previsiones del artículo 43 de la Constitución Nacional. Que el bien jurídico protegido es la vida humana”.

La Municipalidad sostuvo que tenía legitimación colectiva para promover esta causa en los siguientes términos: “Funda su legitimación activa en lo dispuesto en los artículos 43 y 123 de la Constitución Nacional; en el decreto municipal Nro. 01.278/13 del 24 de octubre de 2013 en cuanto declaró a la ciudad de Roldán como “Protectora y Promotora de los Derechos de los Niños por Nacer” y en la declaración del Consejo Municipal de la ciudad de Roldán de fecha 30 de mayo de 2013”.

La jueza hizo un análisis de admisibilidad de la acción y sostuvo:

“[L]uego de la reforma constitucional de 1994, se otorgó legitimación para accionar en defensa de derechos de incidencia colectiva en general, al afectado, al defensor del pueblo y a las asociaciones que tiendan a esos fines, registradas conforme a la ley (art. 43, segundo párrafo, CN; Fallos 330:2800). Entonces, es dable concluir que, en la especie, el municipio carece de legitimación activa para cuestionar judicialmente con el alcance pretendido la validez de la ley en trato. Ello, atento no encuadrarse en ninguno de los supuestos previstos por la norma.

”Así pues, el intendente de la Municipalidad de Roldán no es un legitimado extraordinario, en tanto, reitero, no se encuentra entre los mencionados en el citado artículo. (…) la Municipalidad de Roldán, no es afectado directo, en los términos dispuestos por el artículo 43 supra mencionado y la doctrina que emana de los precedentes jurisprudenciales del máximo tribunal, desde que los intereses que se esbozan como inherentes al municipio en el caso no son tales, pese al decreto y declaración del Consejo Municipal referido [énfasis en el original]”.

Sobre la base del fallo “Halabi”, continuó señalando que los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos existen dos elementos de calificación que resultan prevalentes, a saber: a) la petición debe tener por objeto la tutela de un bien colectivo, lo que ocurre cuando éste pertenece a toda la comunidad, siendo indivisible y no admitiendo exclusión alguna. Por esta razón sólo se concede una legitimación extraordinaria para reforzar su protección, pero en ningún caso existe un derecho de apropiación individual sobre el bien ya que no se hallan en juego derechos subjetivos. No se trata solamente de la existencia de pluralidad de sujetos, sino de un bien que, como el ambiente, es de naturaleza colectiva”

La conclusión sobre esta cuestión fue que “tratándose de la tutela de un derecho de incidencia colectiva que tiene por objeto un bien colectivo, como bien lo mencionara la accionante en su libelo postulatorio, la Municipalidad de Roldán no puede atribuirse la protección de este bien”.

Respecto al requisito que exige que la pretensión esté focalizada en la incidencia colectiva del derecho, consideró que en esta acción, tampoco puede alegar válidamente la Municipalidad de Roldán un perjuicio directo, invocando la contradicción entre su decreto y declaración del Consejo Municipal con la ley nacional cuya inconstitucionalidad pretende, en aras de la protección de un bien colectivo como la vida de los “niños por nacer””.

Por todo esto, la jueza decidió que “la Municipalidad de Roldán, representada por su Intendente Municipal, carece de legitimación activa para interponer esta acción colectiva de inconstitucionalidad de la manera que pretende”, y resolvió “rechazar in liminey declarar la inadmisibilidad de la acción declarativa de inconstitucionalidad propuesta”.

Resolución completa acá.

Autor: Francisco Verbic

Abogado y Profesor de Derecho

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