Nulidad del crédito de Argentina con el FMI. Demanda y ampliación. Pedido de convocatoria a amigas y amigos del tribunal. Orden judicial de encuadrar la pretensión como proceso colectivo (*FED)

El 3 de diciembre de 2019 el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) promovió una pretensión de nulidad contra el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de la República Argentina, mediante la cual se busca obtener la declaración de invalidez “de las Cartas de Intención y sus memorandos adjuntos, suscriptas por el Estado argentino en fechas 12/06/2018 y 17/10/2018 (esta última, junto con sus modificaciones) y dirigidas al Fondo Monetario Internacional (FMI) para contraer con dicho organismo un crédito Stand-By por la suma de U$S 50.000.000.000 y luego ampliarlo por la suma de aproximadamente U$S 7.100.000.000” (escrito de demanda disponible acá).

El caso tramita en el expediente “Murúa, Eduardo c/ EN – BCRA s/ Procesos de conocimiento” (N° CAF 064538/2019), radicado ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9. Los documentos y expedientes oficiales en que se sostiene el planteo pueden consultarse acá.

El 23 de junio de 2020 el MNER amplió la demanda para acompañar dos informes. Por un lado, el de la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público “Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Investigación sobre la legalidad del origen del endeudamiento contraído en el año 2018. Desarrollo y resultados provisorio”, publicado en el mes de marzo de 2020. Por otro lado, el informe del Banco Central de la República Argentina “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015- 2019”, publicado el 14 de mayo de 2020.

En ese escrito de ampliación de demanda (disponible acá) el MNER también solicitó se disponga la convocatoria a amigos y amigas del tribunal en general, y en especial de profesores de derecho administrativo y constitucional:

“En atención a la trascendencia jurídica, social, económica y política que reviste esta causa, solicitamos a usted que habilite la presentación de amigas y amigos del tribunal en esta primera instancia para que aporten opiniones expertas sobre las cuestiones a resolver.

Asimismo, en particular, solicitamos que, por vía de correo electrónico dirigido a las casillas oficiales de cada Decanato, se invite a intervenir en tal carácter a todas y todos los profesores y profesoras titulares (por concurso o interinas) de Cátedras de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo de las Universidades Públicas del país”.

Frente a este escrito, el 6 de agosto de 2020 el juez de la causa ordenó encuadrar la pretensión en la Acordada CSJN N° 12/2016 para que tramite como proceso colectivo:

“Por su parte, advirtiéndose en este acto que se incurrió en un error material en la providencia de fecha 11/12/19 –en la cual se ordenó la comunicación a la Procuración del Tesoro de la Nación– corresponde dejar sin efecto dicho punto y en atención a que la demanda –en los términos en la que fue propuesta– constituye una acción colectiva, requiérase el cumplimiento de lo normado por la Acordada Nº 12/16, de la CSJN” (providencia disponible acá).

Autor: Francisco Verbic

Abogado y Profesor de Derecho

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