Rechazaron amparo colectivo de alcance nacional promovido contra aumento de la tarifa del servicio público de electricidad: Falta de legitimación activa, ausencia de homogeneidad en las situaciones de los miembros del grupo y falta de idoneidad de la vía procesal (*FED)

En fecha 27 de mayo de 2019 el Juzgado enl o Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 4 de La Plata dictó sentencia definitiva en “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ PEN y Otro s/Amparo colectivo” (Expte. N° FLP 654/2019). En lo sustancial, esta decisión resolvió hacer lugar a “la defensa de Falta de Legitimación para Obrar, interpuesta contra el “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad” (CEPIS)” y rechazar “la acción de Amparo Colectivo promovida por la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC)”.

El caso fue promovido por diversas organizaciones del tercer sector, intendentes y el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires (a quienes posteriormente adhirieron diversos legisladores nacionales y locales) con el objeto de que “se declare la nulidad e inconstitucionalidad de la resolución 366/2018 de la Secretaría de Gobierno de Energía de la Nación y de las resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) Nº 24/25/26 y 27 del 2019 por ser contrarias la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la CSJN”.

Luego de reseñar las posiciones de las partes, la sentencia comenzó por considerar la legitimación colectiva invocada por CEPIS y cuestionada tanto por la Secretaría de Gobierno de Energía como por el ENRE.

Al respecto señaló lo siguiente:

“La legitimación procesal de la asociación CEPIS se encuentra condicionada a que ésta resulte una asociación especializada y registrada -conforme a la ley- en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional y, por tanto, habilitada para litigar colectivamente en nombre de quien dice representar. En este orden de ideas, la omisión de acreditar la inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores obsta a la posibilidad de encuadrar al presente reclamo como una acción colectiva en los términos de la doctrina sentada por la Corte, en el precedente “PADEC” (Fallos:336:1236)”.

En virtud de ello, “la falta de inscripción advertida determina que, en el caso, esa Asociación no se encuentre formalmente habilitada para iniciar la acción y que por ello no deba reconocerse su legitimación activa”, porque “de conformidad con lo resuelto por la Corte en la causa CSJ 803/2010 (46-A) /CS1 “Asociación Civil DEFEINDER y otros c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ proceso de conocimiento”, sentencia del 27 de noviembre de 2014, la inscripción en el referido registro es un presupuesto necesario para que las asociaciones de consumidores puedan accionar en el ámbito nacional, en representación de los intereses de usuarios y consumidores”.

Además aclaró que “La preexistencia de acciones en las cuales se reconoció la legitimación de CEPIS (para demandar en tutela de derechos colectivos, alegada por los representantes de la entidad) no implica que dicho temperamento deba de ser receptado en autos, en tanto aquí (a diferencia de la causa precedente) las demandadas han resistido dicha invocación, y por tanto, se requería de la accionante la acreditación del cumplimiento del presupuesto formal para accionar,tal como lo señaló el Máximo Tribunal, en el precedente referido.

Dicho en otras palabras: las cuestiones que han quedado firmes en otras causas e instancias, como consecuencia de la ausencia de impugnación en tiempo oportuno (por ende, no sometidas al conocimiento del juez, por imperio de los principios dispositivos y de congruencia), no pueden invocarse como precedentes válidos para fundar nuevas omisiones”.

También afirmó compartir “el criterio expuesto por la actora CEPIS en el punto II. D) de su responde obrante a fs. 337/347, en cuanto califica como derecho administrativo a la naturaleza de la problemática traída a estudio. No obstante, debo destacar que recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación,en autos “Asociación Sepa Defenderse c/ Secretaría de Energía de la Nación y otros s/ Amparo colectivo”, resolución de fecha 26/12/2018″ aplicó el criterio expuesto en “Asociación Civil DEFENDIER” (litigio referido al servicio de telefonía), en el marco de un proceso donde se debatía materia tarifaria sobre el servicio público de gas. La presente causa resulta sustancialmente análoga, razón por la cual cabe aplicar el criterio seguido por la Corte,en razón del leal acatamiento debido por los Tribunales Federales alas sentencias del Alto Tribunal (Fallos: 301:169, 306:1698, 307:108 entre muchos otros)”.

Sobre la base de estas premisas la sentencia hizo lugar a la defensa de falta de legitimación activa, y dejó en claro que eso no era un obstáculo “para proceder al dictado de la sentencia definitiva, en virtud dela legitimación activa reconocida a otro litigante, en el caso, la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), inscripta en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores bajo el n° 0221 desde el año 2005 -ver fs. 46/48-,entidad respecto de la cual las codemandadas no han opuesto la defensa en tratamiento”. 

Sobre la cuestión de la falta de registración especial y sus consecuencias procesales, escribimos hace poco un breve trabajo en el cual criticamos la decisión de la CSJN en “Sepa Defenderse” (disponible acá).

Una vez resuelta la falta de legitimación activa de CEPIS, la sentencia pasó a considerar el fondo de las pretensiones discutidas en el proceso. Lo hizo bajo el título “Heterogeneidad del grupo. Imposibilidad de efectuar el análisis de razonabilidad en términos genéricos, en el proceso colectivo”, adelantando así las razones que llevaron a su rechazo.

En este sentido, sostuvo que “Desde el precedente “Halabi” -Fallos 332:111- se señaló como requisito de procedencia, que el comportamiento –en su virtualidad normativa o fáctica- que se imputa a las demandadas, debe afectar de igual forma, a todos los sujetos que integran el colectivo que se pretende representar. Por lo tanto, no puede tenerse por corroborada, con una certeza mínima, la existencia de efectos comunes que permitan tener por habilitada la vía, cuando las diversas situaciones subjetivas de cada uno de los miembros del colectivo exhiben una afectación que resulta diferenciada”.

Luego invocó el precedente de la CSJN “Loma Negra”, señalando que “Allí sostuvo la Corte que la adecuada y detallada determinación del conjunto de perjudicados por una conducta u acto, permite delimitar los alcances subjetivos del proceso y de la cosa juzgada y, además, aparece como un recaudo esencial para que los tribunales de justicia puedan verificar la efectiva concurrencia de los requisitos establecidos en la jurisprudencia de la Corte para la procedencia de la acción”.

Sobre ese piso de marcha, recordó que la clase representada por los actores estaba conformada por “todos los usuarios residenciales del servicio de energía eléctrica, colectivo que se encuentra conformado por diversos grupos, a saber: a) Beneficiarios de la tarifa social; b) Electrodependientes (servicio gratuitos según ley 27.351); c) Usuarios de subcategorías T1R1 a T1R9(las cuales abarcan desde jubilados y pensionados, que perciben el haber mínimo, hasta empresarios, ejecutivos y profesionales de alto nivel adquisitivo); d) Entidades de bien público”.

Y al respecto afirmó, en línea con “Loma Negra”, que el universo de situaciones y supuestos que se pretende abarcar en la demanda resulta excesivamente vasto y heterogéneo y, además, presenta singularidades que impiden resolver la cuestión útilmente y con efecto expansivo, en el marco de un único proceso”.   

Ello así por cuanto “Es evidente que las particularidades socioeconómicas propias de cada uno de los usuarios del servicio impiden concluir, con un mínimo de certeza, que la conducta cuestionada haya tenido un efecto común sobre todo el colectivo involucrado (…) El juicio sobre la razonabilidad de una tarifa determinada, no puede efectuarse sin consideración alguna respecto de las características propias inherentes al sujeto sobre el cual recaen. Y en esa dirección, la clase sobre la cual se pretende la realización del examen, en abstracto, se encuentra conformada por numerosos individuos y grupos que no evidencian analogía socioeconómica sustancial. Existen, en consecuencia, condiciones especiales que determinan la imposibilidad de caracterizar al grupo como un colectivo uniforme. En tales circunstancias, devendría lesivo al principio de igualdad -art. 16 CN- un pronunciamiento estimatorio con efectos extra partes, que resuelva en forma idéntica, situaciones que en realidad son diferentes”.

En otro orden, la sentencia consideró que la vía del amparo no era idónea para discutir el conflicto y que la audiencia pública (respecto de lo cual consideró que sí había homogeneidad en la posición de los miembros del grupo) no era un requisito obligatorio en este tramo del aumento tarifario.

La decisión fue tomada “sin especial imposición de costas, en virtud de lo establecido en el artículo 55, segundo párrafo de la Ley 24.240 -doctrina de Fallos 338:40– y en atención a la naturaleza de la cuestión debatida –Fallos 339:1077“.

Sentencia completa acá.

Acá la sentencia de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que pocos días antes rechazó la inhibitoria planteada por el PEN en la Ciudad de Buenos Aires.

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