Una nueva decisión de la CSJN ratifica los alcances constitucionales del beneficio de justicia gratuita establecido en el art. 55 de la Ley de Defensa del Consumidor (*FED)

En fecha 20 de febrero de 2018 la CSJN se expidió en autos “Unión de Usuarios y Consumidores c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ sumarísimo” (Expte. N° CSJ 4/2013 (49-U)/CS1), rechazando por inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por la organización actora contra la sentencia de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones que había declarado la incompetencia territorial de dicho fuero para entender en el proceso, apartándose para ello del criterio establecido en el precedente “Banco de la Provincia de Neuquén” (ver acá dicho precedente y acá su evolución en la jurisprudencia posterior de la CSJN).

La decisión se fundó en que la sentencia impugnada no era definitiva ni equiparable a tal.  Lo relevante es que, por mayoría, resolvió que el rechazo del recurso extraordinario debía ser “Sin especial imposición de costas en virtud de lo establecido en el art. 55, segundo párrafo, de la ley 24.240”. 

De este modo el tribunal ratifica su doctrina sobre el alcance que corresponde acordar al beneficio de justicia gratuita establecido en la ley de defensa del consumidor como incentivo para la promoción de acciones colectivas en defensa del sector: un instituto no limitado a la eximición de pago de la tasa de justicia, sino equivalente al beneficio de litigar sin gastos.

Ver acá las decisiones previas de la CSJN sobre este tema, acá y acá trabajos que abordan también la jurisprudencia de otros tribunales inferiores, y acá una breve nota sobre la importancia de un sistema de incentivos adecuado para facilitar el acceso a la justicia en clave colectiva.

La disidencia de Rosenkrantz sostuvo que correspondía aplicar costas por la incidencia con fundamento en el art. 68 del CPCCN, sin tomar en consideración la normativa especial en la materia ni dar razones sobre por qué no discrepó del criterio de la mayoría.

Sentencia acá y dictamen fiscal del 25 de febrero de 2016 acá.

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