Tutela colectiva del derecho al trabajo: Suspendieron cautelarmente los efectos de la Resolución que exigía el dictado de clases durante el receso invernal en la Provincia de Buenos Aires (*BA)

En fecha 13 de julio de 2017 el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata se pronunció en autos “Federación de Educadores Bonaerenses y otro/a c/ Poder Ejecutivo s/ Pretensión anulatoria” (Expte. Nº 39.441), ordenando como medida cautelar la suspensión de los efectos de la Resolución N° 1.131/17 de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires “mediante la cual, las autoridades educativas ordenan la elaboración de un plan para la continuidad pedagógica a implementarse durante los días 17 a 21 de julio del corriente año, en las instituciones educativas que permanecieron sin actividad durante días hábiles en el presente ciclo lectivo”.

Las entidades sindicales actoras denunciaron como hecho nuevo en el expediente el dictado de dicha Resolución y peticionaron, además de la manda cautelar, “la nulidad del citado acto administrativo, dado que –según sostienen- representa una medida de naturaleza sancionatoria, que revela la finalidad de hostigamiento contra los docentes que hubieran adherido a las medidas de fuerza realizadas en ejercicio del derecho a huelga. Asimismo, ante la inminencia del inicio del período de receso invernal y de efectivización de la citada Resolución, requieren el urgente dictado de una medida cautelar tendiente a la suspensión de los efectos del acto.

Alegan que si bien el pasado 4 de julio lograron un acuerdo paritario con las autoridades provinciales, por el cual se estableció la pauta salarial del presente ciclo lectivo, nada se acordó respecto de la devolución de los días de huelga descontados de los haberes de sus representados, ni la modalidad de recupero de los contenidos pedagógicos que se hubieran afectado como consecuencia de las medidas de fuerza adoptadas. Sostienen, frente a ello, que se trata de una medida discriminatoria destinada básicamente a amedrentar a los docentes que realizaron huelga y que, además, ya sufrieron los descuentos en sus salarios por ese mismo hecho, razón por la cual, sostienen que se trataría de una doble sanción, que vulnera la regla del ‘non bis in ídem'”.

La sentencia consideró acreditada la verosimilitud en el derecho sobre la base de que “la efectiva aplicación de la Resolución N° 1.131/17, de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, por la cual se ordena la continuidad pedagógica durante los días 17 a 21 de julio de 2017, implicaría un acto contrario a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación, por el hecho de haber adherido a la huelga convocada por las entidades gremiales en el conflicto paritario del presente año.

No ha de perderse de vista que los docentes que participaron de las citadas medidas de fuerza sufrieron descuentos en sus haberes por los días no trabajados, de donde la continuidad del período lectivo en época de receso invernal podría significar un desempeño de tareas sin justa retribución, con afectación de su derecho al descanso y vacaciones pagas (art. 14 bis de la C.N. y 39 incs. 1 y 4 de la CPBA)”.

Además tuvo en consideración el estado de incertidumbre “respecto de la efectiva realización de la medida (asistencia efectiva de los alumnos en vacaciones de invierno), derivada de la falta de información oficial y adecuada, puede generar una alteración en la planificación familiar durante ése período. Advierto sobre el punto, que en el contexto actual –y a pocas horas del comienzo del receso existe un generalizado desconocimiento de cuáles son las escuelas que deberán abrir sus puertas y si ello implica la asistencia o no de los alumno (…) Esa circunstancia, prima facie altera los principios de buena fe, como así también, al deber de lealtad y confianza, derivado de aquél principio, en el ejercicio del poder jerárquico y organizacional (…); más aún cuando se podrían ver afectados derechos constitucionales de los accionantes, de carácter social y alimentario (arts. 10, 31 y 36 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires)”.

El último argumento sobre el cual se sostuvo la verosimilitud en el derecho para obtener la medida cautelar fue que “los fundamentos de la Resolución en crisis ponen de manifiesto la ausencia del dictamen previo y necesario para este tipo de reglamentos (Conf. Art. 123 del Decr. Ley 7647/70 de Procedimiento Administrativo), circunstancia que puede determinar la existencia de un vicio grave que acarrea su nulidad”.

En lo que respecta al peligro en la demora, el fallo señalo que “se configura frente a la inminencia de la fecha prevista para el comienzo del receso invernal y que la continuidad del ciclo lectivo en ese período se encuentra verosímilmente cuestionado”.

Y sobre el requisito de “no afectación del interés publico” afirmó que “No se advierte ‘prima facie’ que la medida cautelar que habré de ordenar pueda producir una grave afectación al interés público.

A su vez, como he señalado en diversos pronunciamientos, la sola inobservancia del orden legal, por parte de la administración, vulnera el interés público determinado por el pleno sometimiento de la misma al ordenamiento jurídico, como postulado básico del Estado de Derecho”.

Para la traba de la medida se eximió a las actoras de prestar cauciòn “Atento la naturaleza de los derechos involucrados y que la medida tiende a proteger intereses colectivos que exceden el mero interés individual”.

Sentencia completa acá.

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