Nuevo pronunciamiento sobre los alcances de la Acordada CSJN N° 12/2016: La Sala C de la Cámara Nacional en lo Comercial ratificó su aplicación a procesos iniciados antes de Octubre de 2016 y revocó la orden que exigía información a todas las asociaciones de consumidores por considerar insuficiente los datos obrantes en el Registro (*NAC)

En fecha 6 de Diciembre de 2016 la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial dictó sentencia en autos “ACYMA Asociación Civil c/ Compañía Argentina de Marketing Directo S.A. s/ Ordinario” (Expte. N°  35375/2013/CA2), revocando la sentencia de primera instancia en cuanto había ordenado “requerir a la totalidad de las asociaciones de consumidores que informen si promovieron algún proceso colectivo cuyas pretensiones guarden sustancial semejanza con la intentada en esta causa y dispuso, a tal fin, la suspensión del trámite de las presentes actuaciones” (considerando I).

En el considerando II de la sentencia se reproduce el criterio establecido por la misma Sala en su decisión del 28 de Octubre de 2016 en autos “Asociación de Defensa del Asegurado -ADA- Asoc. Civil c / Nación Seguros S.A. s/ Sumarísimo” (Expte. N° 21652/2015) (ver acá).

Luego, la Cámara señala que “En el caso, la Sra. Juez a quo dispuso requerir a la totalidad de las asociaciones de consumidores que informen ciertos datos, a fin de constatar la superposición de procesos colectivos y cumplir así con el mandato establecido por la Corte. Cierto es que el art. 52 LDC establece como sujetos legitimados para iniciar acciones colectivas a los que allí se menciona. Sin embargo no es posible descartar que las acciones que esos organismos pudieran iniciar no deban ser también comunicadas y, en su caso, inscriptas en el mencionado Registro. Así se juzga toda vez que del reglamento no surge que alguno de los sujetos mencionados hubiera sido dispensado de efectuar la aludida comunicación”.

Sobre tales premisas, resolvió “que el expediente debe volver al juzgado de trámite a efectos de que siga estrictamente el procedimiento de información previsto en tal Acordada, dicte las resoluciones que señala la Sra. Fiscal General ante esta Cámara y cumpla los demás arbitrios ordenados por el Alto Tribunal”.

La sentencia de primera instancia había considerado que no correspondía aplicar el criterio establecido en el apartado V del Reglamento de Actuación aprobado por la Acordada CSJN N° 12/2016 “no sólo porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación específicamente estableció que el mentado Reglamento se aplicará a las causas que se inicien a partir del primer día hábil del mes de octubre de 2016 sino, principalmente, porque la información contenida en el Registro de Procesos Colectivos es incompleta, en función de aquél -permítaseme reiterar- “dispar cumplimiento de la obligación de informar este tipo de procesos por parte delos distintos tribunales nacionales y federales” señalado en la Acordada 12/2016.

Cabe puntualizar que la propia Corte reconoció que se encuentra actualmente comprometida la eficacia práctica del Registro y, por ello, consideró indispensable la fijación de reglas orientadas a ordenar la tramitación de los procesos colectivos. Resulta evidente entonces que una unificación del trámite efectuada con base en la información que actualmente posee el Registro no permitirá aventar el peligro de que se dicten sentencias disímiles o contradictorias ante pretensiones idénticas o similares” (ver acá, subrayado en el original).

Texto completo de la decisión de Cámara disponible acá.

Acá el memorial que fundó la apelación y acá la contestación de la demandada.

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