Procesos colectivos

Verbic, Francisco «Procesos colectivos», Editorial Astrea, Buenos Aires, 2007.

INTRODUCCIÓN

«Las ideas que desarrollaremos en este libro son fruto de un trabajo que iniciamos hacia fines del año 2003 con el objeto de profundizar el tema del fenómeno de los procesos colectivos. Dos causas influyeron fuertemente para embarcarnos en tal empresa. La primera de ellas era la actualidad y multiplicidad de perfiles desde los cuales podía ser abordado el tema. La materia se encontraba en pleno desarrollo y había ganado un lugar preferencial en la agenda nacional e internacional de encuentros científicos, sobre todo en el área del derecho procesal civil. Tal amplia divulgación puso en evidencia la gran relevancia social y política, además de jurídica, que implicaba la creciente judicialización de los conflictos colectivos en el mundo contemporáneo. La segunda de las causas, y tal vez la más determinante, se encontraba en el hecho de que por entonces, transcurridos más de nueve años del reconocimiento de los derechos de incidencia colectiva en el marco de la Constitución nacional, aún no se había implementado en el orden federal argentino un sistema procesal específico y adecuado para proteger en forma eficiente a los grupos de individuos que pudieran verse afectados por su vulneración. Estábamos convencidos de que tal circunstancia no era fruto de la casualidad y de que, ante los problemas que aquejaban a la sociedad en este campo, el análisis crítico en la búsqueda de sus causas se tornaba imperativo.

El avance a pasos agigantados del progreso científico y tecnológico se tradujo en la expansión de la sociedad industrial moderna a todos los confines del planeta, generando nuevos conflictos que pusieron en jaque las estructuras tradicionales del derecho procesal.

Pretensiones dirigidas contra el Estado en busca de una vivienda digna o del respeto al derecho de sufragio de aquellas personas detenidas sin condena en establecimientos penitenciarios, reclamos de daños y perjuicios por un hecho contaminante frente al cual numerosos individuos están en similar posición, peticiones de restitución de sumas indebidamente percibidas por entidades bancarias, mediante la modificación unilateral de contratos de tarjeta de crédito, entre muchos otros, son buena muestra de la magnitud de los asuntos que comenzaron poco a poco a ser discutidos en sede judicial.

Frente a estos nuevos problemas, que involucran grandes grupos de personas y complejos asuntos de índole social y política, el proceso civil tradicional comenzó a enfrentar serios inconvenientes para brindar soluciones eficientes a los justiciables. Ocurre que éste era entendido tradicionalmente como un asunto entre dos partes, destinado a la solución de un conflicto que involucraba sus propios intereses individuales. Los dilemas sectoriales o de grupo y ciertos temas políticamente sensibles no encontraban cabida en dicho espacio de debate. Se entendía que debían ser canalizados y desactivados por otras vías de discusión, por lo general incardinadas en la legislatura o en el marco del Poder Ejecutivo nacional.

Tal concepción, que no era casual sino fruto de la notable influencia ejercida en este campo por los principios liberales del individualismo que caracterizaron las grandes codificaciones del siglo XIX, se vio superada por las circunstancias y debió comenzar a ceder frente a una realidad acuciante que demandaba respuestas.

La colectivización de los conflictos y el cada vez más frecuente interés en que la disputa sobre éstos se lleve a cabo frente a un tercero independiente e imparcial, son dos fenómenos que fueron desarrollándose y evolucionando en todo el mundo al compás del proceso de globalización. Y en el marco de dicha situación general, la República Argentina no fue la excepción. En efecto, los ejemplos apuntados hace un momento –extraídos al azar de los repertorios jurisprudenciales– evidencian que esta realidad cobra plena actualidad en un país caracterizado por un sostenido aumento en la conflictividad social y una grave ausencia de respuestas racionales para enfrentarla.

A este complejo panorama se suma en nuestro país un particular contexto normativo constitucional, nacido a la luz de la reforma de 1994 con la incorporación de diversos tratados internacionales sobre derechos humanos, como parte del núcleo duro de nuestra democracia (art. 75, inc. 22, Const. nacional) y con la recepción expresa de cierto tipo de derechos denominados de incidencia colectiva, junto con determinados sujetos con capacidad y competencia para defenderlos judicialmente ante cualquier vulneración de que pudieran ser pasibles (art. 43, párr. 2º, Const. nacional).

Esta conjunción de factores sociales, políticos y jurídicos hace de la temática en estudio un campo de contornos indefinidos que ha merecido la atención de estudiosos de diversas ramas del derecho en la búsqueda de definir sus alcances. El abordaje desde la óptica del derecho administrativo, civil y ambiental resultó de gran utilidad en muchos aspectos, no obstante lo cual creemos que también produjo ciertos problemas al reproducir e intentar aplicar determinados contenidos y principios específicos de cada una de tales ramas del saber jurídico a un fenómeno que exige –según entendemos– ser observado desde un nuevo prisma que abarque el aspecto procesal independientemente del derecho de fondo que se encuentre en disputa.

Llegados hasta aquí, y antes de avanzar sobre lo que será la hoja de ruta de este trabajo, debemos advertir que asumimos como punto de partida y premisa fundamental el hecho de que la desactivación de conflictos colectivos requiere una tutela diferenciada con límites predispuestos y delineados que permita conciliar los intereses en juego en torno a ellos. Esta aclaración cobra sentido para comprender el tono crítico con que abordaremos la mayoría de los temas a desarrollar, y servirá como justificativo de alguna toma de posición que pueda aparecer en cierto punto como intransigente.

Sentado ello, veamos entonces cuál será la estructura del trabajo y los puntos que nos proponemos plantear y someter a discusión para analizar el estado actual del tema en nuestro país, presentar algunas pautas orientativas en la búsqueda del establecimiento de un sistema procesal colectivo eficiente y demostrar las ventajas que éste traería aparejado.

En tal orden de ideas nos ocuparemos en primer lugar de identificar la noción de conflicto colectivo y señalar aquellas características que la diferencian de la de conflicto individual. Esto nos permitirá precisar cuál debería ser el campo de actuación de la tutela colectiva, extremo que resulta de suma importancia para nuestro estudio ya que carecería de sentido continuar avanzando si no existiera alguna razón que ameritara el cambio propugnado.

Una vez identificado el objeto de los procesos colectivos, señalaremos ciertas cuestiones relevantes a la hora de presentar este tipo de conflictos ante la justicia, y nos detendremos principalmente en la forma que debe asumir el planteo de la pretensión para permitir el tratamiento del asunto en clave colectiva, con especial referencia a los hechos del caso y los alcances de la representación invocada por quien acciona. Como veremos, el modo de plantear el caso lejos se encuentra de ser una mera cuestión de enfoque, para erigirse en un punto fundamental a fin de permitir la actuación de la tutela colectiva. Es que la falta de tratamiento unitario del asunto que nos ocupa conllevó en la República Argentina serios problemas para los justiciables a la hora de obtener solución a conflictos colectivos en sede judicial. Según argumentaremos, algunos de tales problemas pueden ser evitados explicitando con particular detenimiento el carácter invocado al promover la demanda, prestando especial atención en la narración de los hechos del caso para introducirlos en su dimensión colectiva y circunscribiendo con suma claridad los alcances de la causa de pedir.

Para continuar con el objetivo trazado, pasamos a examinar las finalidades que persiguen en el derecho comparado este tipo de mecanismos de debate, para entenderlas desde el prisma de las ventajas que representan en el marco de una sociedad democrática. El reforzamiento del derecho humano de acceso a la justicia, la igualación de los sujetos que se encuentran en conflicto, el acercamiento del Poder Judicial a la ciudadanía y el importante ahorro de tiempo y dinero que significa para el Estado, son algunos de los tópicos que abordaremos allí.

Una vez desarrollados estos temas preliminares, profundizaremos sobre los dos pilares más importantes de cualquier sistema colectivo de resolución de conflictos: la legitimación para accionar y la cualidad de cosa juzgada de los efectos de la sentencia.

En relación a la primera, comenzaremos por efectuar un análisis de su concepción tradicional y de los alcances que debe asumir en esta nueva arena para no conducir a resultados frustrantes. A tal fin estudiaremos la raíz constitucional del instituto, el requisito de la adecuada representatividad que debe reunir quien pretenda erigirse en portavoz de un grupo y las previsiones del derecho comparado local sobre el tema, entre otras cuestiones. Cumplido ello revisaremos la función política que la legitimación activa juega en el marco del sistema republicano, indagando sobre los alcances de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en torno a la existencia de “caso contencioso”, “causa” o “controversia” como elemento habilitante de la competencia judicial, y su necesario redimensionamiento en el campo de los procesos colectivos.

Abastecidas estas cuestiones nos detendremos a analizar cada uno de los sujetos a los cuales el constituyente dotó de capacidad o competencia suficiente a fin de promover procesos colectivos. En tal orden de ideas, intentaremos delimitar los alcances de la actuación del afectado, el defensor del pueblo de la Nación, las asociaciones intermedias y el Ministerio Público de la Nación en este campo, de manera que podamos avanzar sobre los perfiles que fueron ganando dichas figuras a través de la jurisprudencia.

Para cumplir tal objetivo analizaremos tanto previsiones normativas de derecho local y comparado como trabajos doctrinarios sobre la materia. En cuanto a la jurisprudencia, ésta será presentada de modo tal que nos permita arribar a conclusiones parciales y aproximativas sobre la parcela de nuestro objeto de estudio, aunque siempre teniendo en miras una visión sistémica del mismo. Las sentencias analizadas presentan casos en los cuales se plantearon y discutieron pretensiones que involucraban (explícita o implícitamente) conflictos colectivos, y no se limitarán a las dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación o los superiores tribunales locales, ya que el catálogo incluirá también aquellos casos resueltos por tribunales inferiores que estimamos de suficiente relevancia para el desarrollo de estos puntos.

En lo que hace a la cualidad de cosa juzgada de los efectos de la sentencia el camino a recorrer será diferente. Una vez determinado el alcance tradicional de la noción y la importancia de establecer su expansividad sobre los miembros ausentes del grupo representado en el proceso por cualquiera de los legitimados colectivos, nos adentraremos en el problema constitucional que este fenómeno genera a la luz del carácter contramayoritario del Poder Judicial en el marco de una sociedad democrática.

Este último tema es quizás el aspecto más delicado del asunto que nos ocupa, razón por la cual intentaremos presentar argumentos suficientes para sostener que, a pesar de tratarse de un departamento del Estado que no responde a la lógica mayoritaria (en tanto sus miembros no son escogidos por sufragio popular), el Poder Judicial cuenta con la competencia necesaria para resolver los conflictos colectivos sometidos a su estudio.

Finalmente, efectuaremos un análisis sobre la relación que existe entre la posible expansividad de la cosa juzgada y el objeto contenido en la pretensión procesal, para demostrar por medio de éste la debilidad de las bases sobre las cuales descansa actualmente la resolución de estos conflictos en nuestro país.

Concluida esta parte neurálgica del trabajo, realizaremos un breve repaso de ciertos institutos procesales cuyos contornos también habría que repensar, a fin de determinar si resultan adecuados para operar en el marco de los procesos colectivos o, en su caso, cómo debería ser su nuevo diagrama en este campo. Al respecto, nos limitaremos a presentar el problema y anotar ciertas opciones que presenta el derecho comparado local e internacional, dejando abierta la discusión y un análisis más profundo de cada uno de ellos para otra oportunidad.

Se ha dicho que las notas del mundo actual marcan el debilitamiento del punto de vista individual y el robustecimiento del aspecto social en las relaciones entre los hombres, fenómeno que ha exhibido toda su impronta en el proceso judicial durante la última década. Dicho cambio, del cual estamos siendo testigos, brega por un espacio de discusión jurídica y decisión política donde buscar respuestas racionales para enfrentar la transformación.Sin pretensión de completitud y con las limitaciones propias de quien escribe, este trabajo intenta contribuir a ello».

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