Compartimos el trabajo de Carlota Ucín titulado «Dimensión democrática y deliberativa del proceso judicial de Interés Público», ponencia presentada por la autora en el XXIX Congreso Nacional de Derecho Procesal celebrado en la ciudad de Termas de Río Hondo del 14 al 16 de septiembre de 2017 y de reciente publicación en la Revista Direito e Justiça: Reflexões Sociojurídicas.
Entre otras cosas, allí se sostiene lo siguiente:
«La consideración de los derechos fundamentales como mandatos de optimización parece ser una forma de permitir un control de la proporcionalidad (ponderación) de las medidas de gobierno a partir de un esquema que asegure un recorrido argumental que abastezca la fundamentación adecuada de las decisiones judiciales.
Pero además, resulta fundamental contar con estándares normativos que faciliten a los jueces la interpretación de los alcances de los derechos así como también, herramientas de medición que les permitan luego la evaluación del cumplimiento de tales obligaciones constitucionales de parte de los otros poderes. Todo ello, al clarificar las obligaciones asumidas por el Estado en materia de derechos sociales, permite adicionalmente el ejercicio del control de parte de la ciudadanía de la vigencia de éstos.
El desarrollo de este tópico resulta fundamental para la justificación concreta del obrar de los jueces en áreas de aplicación del Derecho que antes le resultaban ajenas. Este control de constitucionalidad, les viene impuesto a su vez, por el proceso de constitucionalización de los ordenamientos jurídicos, del que nuestro país no está exento. Por ello, si lo que se quiere es legitimar dicha intervención, también se habrá de
trabajar sobre este punto».
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