Salud pública, COVID-19 y federalismo: medida cautelar colectiva suspende una norma que impedía a médicas y médicos de Corrientes trasladarse hasta la provincia de Chaco y ordena arbitrar medidas que así lo permitan (*FED / *CHA)

En fecha 29 de marzo de 2020 el Juzgado Federal de Resistencia se pronunció en “Asociación de Clínicas y Sanatorios y Federación Médica del Chaco c/ Ministerio de Salud de la Provincia de Corrientes y/o Poder Ejecutivo de la Prov. de Corrientes s/ Medida Cautelar” (Expte. N° 1331/2020), dictando una medida cautelar por medio de la cual suspendió la aplicación de la Circular N° 6/2020 dictada por el Comité de Crisis Covid-19, dependiente del Ministerio de Salud de Corrientes, y ordenó además al Poder Ejecutivo de la Provincia de Corrientes, arbitre las medidas necesarias para permitir a los profesionales médicos consignados en la demanda libre circulación hacia esta provincia para la prestación de los servicios esenciales de salud en los establecimientos en que ellos se desempeñan y su regreso hacia Corrientes, en los términos y con las limitaciones establecidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, en tanto no presenten síntomas compatibles con coronavirus (COVID-19)”. 

La cautelar fue dictada por un plazo determinado: “4°) HACER SABER que la presente medida tendrá vigencia hasta tanto finalice el Aislamiento social, preventivo y obligatorio y/o se dicte sentencia definitiva, lo que ocurra primero”.

El caso fue promovido por organizaciones de primer y segundo grado que nuclean a profesionales y entidades médicas y sanatorios de la provincia de Chaco.

Tal como se desprende del escrito de demanda (disponible acá), la legitimación colectiva de tales personas jurídicas se fundó en atender “no solo a la defensa y promoción de los intereses particulares de los médicos afectados por la medida encarada por el gobierno correntino, en tanto lesiona su derecho a trabajar, sino también un espectro mucho más grande que excede la individualidad de los profesionales médicos, es decir, que aquella repercute en la salud pública del pueblo chaqueño”.

En este sentido, sostuvieron que “el reconocimiento del derecho actuado (…) necesariamente habrá de extender sus efectos jurídicos en favor de todo el universo de ciudadanos del Chaco, y que quedarán indirectamente dentro de las resultas de la sentencia”.  Y también que el accionar de la provincia de Corrientes “afecta actualmente y con creciente amenaza un derecho social fundamental, de incidencia colectiva, como lo es el derecho a la salud de los ciudadanos de la Provincia de Chaco”.

La sentencia admitió el carácter representativo de la acción considerando que “si bien se podría cuestionar que las entidades accionantes solo tendrían legitimación en cuanto a la protección de los derechos de las personas que resultan afiliadas a ellas, o que dependen de las entidades que la integran, según el caso de cada una, lo cierto es que se advierte que la situación que se genera en la presente excede la determinación de si en el caso se ve o no afectado, prima facie,el derecho de trabajar de esas personas, extendiendo sus efectos aún más, esto es, que la decisión adoptada por la Circular 6/2020 trae aparejada consecuencias directas e inmediatas sobre la salud pública de la región y porque no de la Nación”.

Compartimos la clara afectación de la salud pública que implica la medida tomada por la provincia de Corrientes, pero debemos señalar que la premisa de que las actoras solo podrían accionar en representación de sus afiliadas o médicas y médicos que de ellas dependen, es equivocada.  La legitimación colectiva del art. 43 CN no se limita a defender a los miembros de la organización que promueva la acción, sino al grupo o clase que ella identifique (siempre y cuando, por supuesto, se cumplan los requisitos exigidos legal y jurisprudencialmente para cada supuesto).

Luego la decisión analizó los alcances de la norma impugnada, mediante la cual “se dispuso concretamente ordenar el Aislamiento social obligatorio de los profesionales y personal de la salud que teniendo domicilio en la provincia de Corrientes hayan prestado servicios en instituciones públicas o privadas de salud de la Provincia del Chaco en los últimos catorce(14) días, por ser considerados personal sanitario de riesgo”. 

Y en lo sustancial, sostuvo lo siguiente:

“Tal como nos han explicado los expertos en la materia, estamos frente a un enemigo externo e invisible, que ataca a la Nación en su totalidad, en un sistema federal, por lo que la medida adoptada por la Provincia de Corrientes no advierte la situación de salud de la Provincia del Chaco, como parte de la Salud Pública Nacional, en contraposición de las reglas básicas establecidas a nivel Nacional para “garantizar” la atención sanitaria y médica de la Pandemia que nos afecta como Nación. 

Dentro de estas medidas, estaría   precisamente   la   de   exceptuar al personal de la salud a su desplazamiento debiendo limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios, conforme lo dispone concretamente en el art.6 del Dcto. 297/2020.

Se advierte así que la Provincia de Corrientes no podría, en principio, dictar normas que impidan a las   personas   indicadas   por   las   entidades   amparistas, la libre circulación hacia esta ciudad, ello en base a nuevas “definiciones” efectuadas por el Comité de Crisis COVID-19 en materia de prevención, y considerándolos personal sanitario de riesgo, dificultando la prestación de los servicios médicos a que están abocados, en los términos y con las limitaciones establecidas por el  D.N.U. N° 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, quedando a salvo sus facultades para disponer lo que resulte pertinente al respecto en el ámbito provincial que es de su competencia”.

Además de suspender la vigencia de la norma y ordenar a la provincia de Corrientes que arbitre medidas para permitir que las médicas y médicos afectados puedan trasladarse, atento al hecho que “la cuestión excede el marco de los derechos individuales, encontrándose involucradas cuestiones de orden público relacionadas con la salud pública nacional”, también ordenó poner en conocimiento de la decisión “al Ministerio de Salud de la Nación, en tanto autoridad de aplicación de la normativa referida, y a los efectos que resultaren pertinentes”.

Sentencia completa acá.

 

 

 

Autor: Francisco Verbic

Abogado y Profesor de Derecho

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