Tutela colectiva del derecho a la educación y discriminación por edad: Ordenaron restablecer el Boleto Especial Educativo para los estudiantes del Centro Especializado de Bachillerato de Adultos con orientación de Salud Pública N° 1 de La Plata (*BA)

En fecha 3 de febrero de 2020 el Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata dictó sentencia en la causa “Luna, Leandro Ariel y otros c/ Dirección General de Cultura y Educación y otro s/ Pretensión cesación vía de hecho administrativa” (Expte. N° 62.776), condenando “a la Dirección General de Cultura y Educación y al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires – Subsecretaría de Transporte, a arbitrar conjuntamente los medios necesarios para garantizarles el acceso al “Boleto Especial Educativo” (BEE) mediante el “Sistema Único de Boleto Electrónico” (SUBE)  conforme la modalidad y fines establecidos en la Ley 14.735 y su Reglamentación -Decreto 863/16- según corresponda (conf. art. 198 Const. Pcial.; 12 inciso 5, 14 inc. 1 ap. “d”, 50 inc. 3 y concs. del CCA)”.

El caso fue promovido por un grupo de estudiantes del Centro Especializado de Bachillerato de Adultos con orientación en Salud Pública n° 1 de La Plata (CEBAS n° 1), por derecho propio y ejerciendo la representación colectiva del resto de sus compañeros y compañeras.

En su demanda (disponible acá), denunciaron que “son alumnos del CEBAS n° 1 y que, no obstante encontrarse dicha institución debidamente registrada en la Plataforma ABC, el sistema no habilita la carga de datos de los alumnos que asisten a ella bajo la modalidad estudiantes “adultos””.  También explicaron que“ello resulta indispensable en el trámite del boleto estudiantil, pues el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), sólo reconoce como beneficiarios del mismo, a quienes se hallen incorporados en la referida Plataforma”.

Asimismo, sostuvieron que “la pasividad demostrada por la administración, además de lesionar el derecho constitucional de acceder a la educación pública y gratuita en las mismas condiciones -igualdad- que el resto de los estudiantes; concreta una verdadera discriminación por edad, que impacta en sus proyectos educativos y personales, según exponen en un video que acompañan en soporte digital, elaborado con la idea de concientizar a la comunidad educativa a la que pertenecen, la problemática que enfrentan diariamente como estudiantes adultos (arts. 198 Const. Pcial.; 14, 16, 23, 75 inc. 19 Const. Nac.)”.

La vía procesal elegida para el planteo fue una “acción sumarísima instaurada en los términos del artículo 21 del CCA (conf. art. 496 CPCC), a su vez como pretensión colectiva, entendiendo que se erigen como adecuados representantes de quienes resultan igualmente afectados por el hecho lesivo estatal”.

La demandada se defendió argumentando sobre la improcedencia formal de la vía, sosteniendo para ello que “la existencia de un proceso administrativo pendiente, impide configurar una omisión antijurídica”.

Además, afirmó que la carga de datos era “paulatina y progresiva, dando prioridad a las ramas Educativas Obligatorias tanto de gestión pública como privada”, y que “en la actualidad continúan trabajando para la incorporación de todos los beneficiarios del sistema educativo y en comunicación permanente para solucionar los problemas operativos que se vayan suscitando”. 

La cuestión de fondo fue resuelta por la jueza sobre las siguientes premisas:

“No obstante, el hecho que la instrumentación del “Boleto Especial Educativo” (BEE) sea “gradual y progresiva atendiendo a las cuestiones inherentes a su implementación práctica” conforme expresamente dispone el artículo 4 del decreto n° 863/16, no exime a las autoridades para que, como efectores del sistema, arbitren las medidas alternativas necesarias para garantizar el cumplimiento de los fines previstos en la Ley, esto es “seguir avanzando en la implementación de políticas que profundicen la inclusión en la educación y garanticen el acceso a la mayor cantidad posible de la comunidad educativa, garantizando el transporte de los alumnos del sistema educativo en todos sus niveles, eliminando cualquier barrera económica que pueda influir o ir en detrimento del acceso a los distintos establecimientos…”; que el citado decreto recepta como “…el acceso igualitario a la educación y la continuidad de las trayectorias educativas, como instrumento para la equidad y la integración social…” (conf. 2° párr. de los fundamentos y art. 1 del Anexo I, Decreto 863/16).

Concretamente, la reglamentación de la ley dispone que “La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires deberá informar a la Subsecretaría de Transporte, los listados de estudiantes que revistan la condición de alumno regular y si gozan de algún beneficio otorgado por la Provincia, con idénticos fines que el presente. Asimismo, trimestralmente, deberán informar sobre cualquier novedad del listado de estudiantes respecto de la condición de alumno regular, ejerciendo el control del cumplimiento de esta condición y asumiendo la responsabilidad de la información” (art. 2, ap. III.- del Anexo I, Decreto 863/16).

Entonces, ora por el incumplimiento de este deber impuesto, ora por no prever otras vías de acceso al boleto electrónico estudiantil hasta tanto se complete la incorporación de todos los beneficiarios del régimen instituido, queda expuesto el acaecimiento de la vía de hecho dministrativa que sustenta la pretensión actoral, en tanto materialmente promueve una limitación o cercenamiento de los derechos y garantías allí reconocidos (conf. SCBA, causa B 64.200, “Chacur”, sent. del 27-XI-2002; art. 2 Ley 14.735 y 1, 2 -Anexo I, de su decreto reglamentario; 12 inc. 5 y 21 CCA)”.

En cuanto al carácter colectivo de la pretensión, la sentencia apuntó lo siguiente:

“Sentado ello, resta señalar que la homogeneidad fáctica y normativa que convoca la lesión invocada, permite expandir subjetivamente los efectos de lo aquí decidido, en beneficio de todos los estudiantes que nuclea el CEBAS n° 1 en la modalidad adultos, según la legitimación activa invocada (art. 43, 2° párr. Const. Nac.; conf. Fallos 332:111, “Halabi”; SCBA, causa C 91576, “Lopez”, sent. del 26-III-2014)”.

Las costas fueron impuestas a la demandada.

Sentencia completa acá.

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