A comienzos del mes de junio la Legal Services Corporation (LSC) publicó su informe anual sobre «brecha de justicia» («2017 Justice Gap Report. Measuring the Civil Legal Needs of Low-income Americans», completó acá y resumen ejecutivo acá). La LSC es la institución encargada de financiar programas de ayuda legal a nivel federal para personas carentes de recursos en los Estados Unidos.
El reporte en cuestión explora la diferencia existente entre las necesidades de asesoramiento legal que tienen los estadounidenses de bajos recursos en materia no penal y los recursos disponibles para enfrentar tales necesidades en el año 2017. Esa diferencia es denominada «brecha de justicia» (justice gap).
De acuerdo con este informe:
(i) Durante el año 2016 el 86% de los conflictos en materia no penal que fueron reportados por estadounidenses de bajos recursos recibieron asistencia legal inadecuada o bien no recibieron ninguna.
(ii) El 71% de los hogares de bajos recursos sufrieron al menos un problema legal en materia no penal durante el año 2016, incluyendo situaciones con el sistema de salud, condiciones habitacionales y de alquileres, accesibilidad para discapacitados, beneficios sociales para veteranos de guerra y violencia doméstica.
(iii) Se estima que en el año 2017 los estadounidenses con bajos recursos llevarán un estimado de 1.700.000 conflictos ante organizaciones de asistencia legal financiadas por la LSC. Más de la mitad de tales conflictos no recibirán asistencia o bien recibirán solo asistencia limitada debido a la falta de recursos.
A pesar del potencial de las acciones de clase para garantizar el acceso a la justicia de muchas de estas personas cuyos conflictos encuentran causa común, desde el año 1996 los programas financiados por la LSC tienen expresamente prohibido promover este tipo de procesos como resultado del lobby legislativo y la fuerte presión que ejercieron ciertos sectores de poder económico incomodados por tal posibilidad.
Acá un trabajo donde analicé y critiqué esta prohibición.