Tutela colectiva contra la discriminación de grupos vulnerables en el acceso a servicios públicos e Internet: Confirman medida cautelar que ordena a Telefónica de Argentina cumplir con sus obligaciones en un barrio donde no lo hace por considerarlo “peligroso” (*FED)

En fecha 18 de Noviembre de 2016 la Sala II  de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal dictó sentencia en autos “Rodríguez, Olga Liliana y otros c/ Telefónica de Argentina s/ Incidente de medida cautelar” (Expte. Nº 3934/2015,
Incidente Nº 1), confirmando la medida cautelar que había ordenado a la demandada brindar en condiciones adecuadas el servicio público de telefonía y el servicio de Internet en el barrio Rivadavia I y II.

El caso fue promovido el 14 de Julio de 2015 por un grupo de afectados con el patrocinio jurídico de defensores coadyuvantes del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la Defensoría General de la Nación. A tal efecto se presentaron “por derecho propio e invocando su carácter de representantes de los vecinos del Barrio Rivadavia I y II (…), en los términos de los arts. 43 de la Constitución Nacional y 52 de la ley 24.240 contra Telefónica de Argentina SA (…) a los fines de que se les brinde el servicio de telefonía e internet, debiéndose realizar para ello un conjunto de medidas técnicas y comerciales a cargo de la prestadora. A su vez, atento a la gravedad del asunto, solicitaron una medida cautelar para que se les otorgue, por lo menos, los servicios facturados y no prestados” (considerando I).

Fundaron su pretensión en la violación de “intereses individuales homogéneos que se originan en la abstención de la demandada en instalar y/o reparar el servicio público de telecomunicación que debe prestar a toda la comunidad. Exponen que han peticionado los servicios de telefonía e internet (cableado) y tras diversos reclamos no los han obtenido por distintas razones, entre ellas, que la demandada ha considerado que el barrio corresponde a una ‘zona peligrosa’ y que no cuenta con las facilidades técnicas para llevar a cabo los requerimientos”.  Los actores sostuvieron que la conducta de la demandada “es violatoria del derecho a la igualdad, a un trato equitativo y digno de los usuarios y a la protección antidiscriminatoria (arts. 16, 42 y 43 de la Constitución Nacional)” (considerando I).

Según surge de la decisión, la medida cautelar fue otorgada por el Juez de Primera Instancia en fecha 17 de julio de 2015. Por medio de dicha sentencia se ordenó a la empresa demandada “que proceda a la reparación y mantenimiento necesario del cableado ya existente en los Barrios Rivadavia I y II en el término de 30 días (cfr. fs. 45/47)”. Sin embargo, “al día de la fecha, pese al efecto con que a fs. 80 se concedió el recurso y a la intimación hecha a fs. 304 de los autos principales (que se tienen en vista), no surge que se haya cumplido con la mentada manda judicial” (considerando II).

La Cámara pasó revista a los agravios de la demandada (considerando III) y luego analizó los requisitos de procedencia de la medida cautelar (considerandos IV, V y VI). Sobre ese piso de marcha, el tribunal se interrogó puntualmente: “¿puede Telefónica de Argentina SA decidir no prestar ni reparar el servicio público de telefonía e internet en un barrio por entender que existe un ‘riesgo eléctrico’?. ¿Acaso puede, como concesionaria de un servicio público e idónea en la materia, no tomar medida alguna tendiente a eliminar aquello que impida efectuar su prestación?”  (considerando VII).

La respuesta, sostiene el fallo, “pareciera ser por la negativa. Máxime, cuando su privación restringe derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución Nacional como ser la educación, salud, igualdad real de trato y oportunidades (arts. 14, 16, 32 y 75 incs. 19, 22 y 23) y la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión que comprende la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole a través del servicio de internet (art. 1° de la ley 26.032), correspondiéndole las mismas consideraciones que a los demás medios de comunicación social (art. 1° del Decreto Nacional 1.279/1997), por lo que no pueden verse menoscabados por la falta de servicio” (considerando VII).

Así concluyó que “denegar la medida cautelar dispuesta por el ‘a quo’ puede ocasionar la afectación de los derechos constitucionales de los vecinos del barrio Rivadavia I y II, por lo que corresponde confirmar la precautoria intentada. Dicha decisión busca evitar las consecuencias perjudiciales que tendría su satisfacción sólo al cabo del desarrollo del proceso de fondo; circunstancia ésta que permite concluir en que concurre el requisito del peligro en la demora” (considerando IX).

Sentado ello, el fallo se ocupó de señalar que “las irresponsables manifestaciones de ‘imposibilidad’ de dar cumplimiento con la manda judicial deben ser rechazas de pleno”, sin perjuicio de lo cual “el tribunal no puede dejar de considerar la lamentable inseguridad que, entre otros muchos, acecha el barrio donde viven los accionantes, extremo que es de público y notorio conocimiento”.  Es por ello que “Ante la posibilidad de que puedan llegar a generarse situaciones conflictivas al momento de que el personal habilitado cumpla la medida precautoria, resulta razonable que se establezca una seguridad extra cuando se cumplimente con la manda judicial. A tales fines, resulta pertinente contar con el auxilio de las fuerzas públicas de seguridad, encomendándose al Juez de grado tomar los recaudos necesarios para su implementación, con expresa citación del Ministerio de Seguridad de la Nación a fin de que asuma la responsabilidad que le compete” (considerando X).

La decisión confirmó también la caución juratoria exigida por el Juez de Primera Instancia para efectivizar la medida, teniendo en especial consideración para eso las características del grupo afectado. Sobre esta cuestión sostuvo que “Daría la impresión que la concesionaria telefónica no se percató que los accionantes viven en uno de los barrios más marginados de esta Ciudad, con la presunción de vulnerabilidad económica que ello implica. Ante la verosimilitud en el derecho invocada y atento a las circunstancias evidentes del caso, el pedido de fijación de una caución real suficiente para responder por las costas de la presente incidencia y los eventuales daños y perjuicios, sólo puede implicar la privación de los actores al acceso a una justicia efectiva” (considerando XI).

Finalmente, la Cámara ordenó al magistrado de grado dar cumplimiento a lo dispuesto en la Acordada CSJN Nº 32/2014 y también “dar intervención en el proceso al Instituto Nacional contra la Discriminación, en los términos de los incisos ‘h’, ‘i’ y ‘l’ del art. 4 de la ley 24.515” (considerando XII).

El fallo configura un importante y bien fundado precedente con probable influencia en conflictos colectivos similares que se presentan en otras zonas de la Ciudad de Buenos Aires y del interior del país (y no sólo con relación a telefonía fija e Internet).  Al mismo tiempo, sin embargo, exhibe las limitaciones del sistema de administración de justicia para brindar una tutela efectiva y oportuna ante la violación manifiesta de derechos de incidencia colectiva: la medida se ordenó hace 16 meses y, a pesar de que el recurso de apelación carecía de efectos suspensivos, todavía no fue cumplida por la empresa.

Sentencia completa disponible acá.

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