Entrega temática del documento de trabajo “Propuesta de bases para la discusión de un proyecto de ley que regule los procesos colectivos”, elaborado por Leandro J. Giannini, Alejandro Pérez Hazaña, Caren Kalafatich, Dante Rusconi, José M. Salgado, Matías A. Sucunza, Matías R. Tau, Carlota Ucín y Francisco Verbic (introducción al documento y acceso al texto completo acá).
Si te interesa el tema podés sumarte a participar en el foro de debate abierto en el marco del Programa Justicia 2020, donde fue presentado este documento de trabajo. El enlace directo al foro es este. Hay que registrarse antes.
«15) Mecanismos de incentivo. Honorarios profesionales, costas, beneficio de litigar sin gastos
Si se pretende que el sistema de tutela colectiva de derechos funcione, la ley debe establecer mecanismos de incentivo adecuados y proporcionales al interés público que tienen este tipo de procesos y a las finalidades que persiguen en términos de acceso a la justicia, disuasión de conductas ilícitas colectivas, economía procesal y obtención de soluciones igualitarias. En este sentido debería discutirse cuanto menos: (i) la incorporación de un beneficio de litigar sin gastos automático, salvo demostrada litigación de mala fe y/o abuso del proceso; y (ii) pautas regulatorias razonables para los abogados, peritos y otros expertos intervinientes.
Mucho se ha dicho sobre los abusos en el campo de los procesos colectivos y sobre la incidencia que ciertos mecanismos de incentivo como los que proponemos discutir tienen para fomentar estas malas prácticas. Frente a ello destacamos que el abuso procesal y la utilización del proceso judicial para fines reñidos con la buena fe no resulta algo exclusivo de este campo del derecho. También se producen abusos en la utilización de otras herramientas procesales, y no por ello éstas son eliminadas del sistema.
No puede juzgarse un instrumento exclusivamente por el modo en que es utilizado por los operadores del sistema. Lo que debería hacerse es fortalecer los mecanismos de control y juzgamiento de tales operadores. Esto es, diagramar mecanismos adecuados para minimizar las posibilidades de abuso y, en caso de suceder, sancionarlo efectivamente.»
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