Procesos colectivos, control judicial de políticas públicas y protección de grupos vulnerables: Medida cautelar ordena al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizar un censo y un diagnóstico provisorio sobre las personas en situación de calle (*CBA)

En fecha 10 de Agosto de 2016 el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4 dictó sentencia en autos “Donda Pérez, Victoria y ots. c/ GCBA s/ Amparo” (Expte. Nº A 13385-2016/0), una acción de amparo colectivo promovida por los actores “en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional y del 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de que se ordene al mismo que cumpla con su obligación de realizar el relevamiento anual de las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle con la información desagregada que posibilite un diagnóstico y fijar políticas puntuales para los distintos subgrupos,  conforme lo establecido en el artículo 4°, inc. K de la Ley 3.706 (considerando I).

Como pretensión cautelar también se solicitó en la demanda que “se ordene al GCBA la urgente y provisoria individualización de la totalidad de los hombres o mujeres adultos/as, niños/as o grupo familiar, sin distinción de género u origen, que se encuentren en situación de calle o en riesgo a la situación de calle (conforme lo establecido por la Ley 3706), y les otorgue albergue inmediato, el cual deberá ser irrestricto, continuo, seguro, limpio y acorde a las necesidades de cada grupo familiar o persona individual, como así también el urgente refuerzo de los programas destinados a la entrega de alimentos, frazadas, medicación y/o otros elementos que fueran necesarios, hasta tanto el hoy demandado cumpla con la realización de un relevamiento anual de las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle con información desagregada que posibilite un diagnóstico y fijar políticas puntuales para los distintos subgrupos. Asimismo, se promueva la elaboración del diagnóstico con la participación de expertos en la materia, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil integradas o no por personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle, conforme lo establecido por la normativa invocada” (considerando I).

La sentencia hizo lugar parcialmente a la medida cautelar peticionada y ordenó al Gobierno de la Ciudad que “en el término de diez (10) días hábiles, proceda a la confección un relevamiento provisorio dando cabal cumplimiento a lo previsto en los arts. 2 y 4 inc. K de la Ley 3706, esto es contemplando a las personas en efectiva situación de calle, pero también a aquellas personas en riesgo a la situación de calle: hombres o mujeres adultos o grupo familiar, sin distinción de género u origen, que padezcan al menos una de las siguientes situaciones: 1) Que se encuentren en instituciones de las cuales egresarán en un tiempo determinado y estén en situación de vulnerabilidad habitacional. 2) Que se encuentren debidamente notificados de resolución administrativa o sentencia judicial firme de desalojo. 3) Que habiten en estructuras temporales o asentamientos, sin acceso a servicios o en condiciones de hacinamiento. A tales fines, el GCBA deberá arbitrar los medios que estime pertinentes a fin de que las organizaciones a las que hace referencia el inc. I del art. 4 de la Ley 3706 participen activamente del relevamiento, velando por el cumplimiento de las pautas fijadas en la ley para la realización del mismo ” (punto 1 de la parte resolutiva, énfasis en el original).

Asimismo resolvió que, una vez efectuado dicho relevamiento, el Gobierno de la Ciudad deberá elaborar “en el término de treinta (30) días hábiles, un diagnóstico provisorio sobre la situación de las personas en situación de calle y en riesgo a la misma, con la participación de expertos en la materia, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil integradas o no por personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle, conforme lo establece el art. 4 inc. K de la Ley 3706. En dicho diagnóstico, deberán analizarse las causas que provocaron la situación de calle o el riesgo a la misma, sean estas las previstas por la Ley 3706 u otras no contempladas” (punto 2 de la parte resolutiva, énfasis en el original).

Entre los fundamentos que sostienen la verosimilitud en el derecho en la cual se apoyan las medidas dispuestas con carácter cautelar, la Jueza señaló que “Es claro entonces que de la ley y del decreto reglamentario respectivo surge que hay obligación del GCBA de efectuar un “relevamiento anual” con los siguientes requisitos: 1. información desagregada, 2. con aptitud para determinar un diagnóstico y 3. para determinar políticas “puntuales” para cada subgrupo (en situación efectiva de calle o en riesgo), 4. Se promoverá la participación de expertos en la materia, ONGs y organizaciones de la sociedad civil, 5. La autoridad de aplicación debe determinar las “pautas” de procedimiento que lógicamente cumpla con los requisitos legales y reglamentarios.  Ahora bien, de la documentación acompañada por la actora y del contenido del escrito de inicio se desprenden una serie de elementos que señalan –con el nivel de intensidad suficiente para la instancia cautelar en que nos hallamos y de gran convicción de quien suscribe–los incumplimientos varios de particular gravedad con las que la autoridad de aplicación lleva adelante, digamos pretendida implementación de la ley, en particular, del relevamiento anual previsto en el inc. K del art. 4 de la ley” (considerando II).

Igualmente tuvo presente que “se ordenó librar un oficio al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano a fin de que remita a este Tribunal, en el término de dos (2) días hábiles, ‘el relevamiento anual de las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle con su información desagregada, previsto en el inc. K del art. 4 de la Ley Nº 3706 y el diagnóstico al que hace referencia dicha norma’.   En respuesta al puntual requerimiento efectuado a la autoridad de aplicación por el tribunal, a fs. 68/74 no obra el relevamiento solicitado, sino un “informe” producido por la Dirección General de Atención Inmediata del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del GCBA” (considerando III, énfasis en el original).

La decisión analizó el señalado informe y concluyó lo siguiente: “Siendo que la ley asigna al ‘relevamiento anual’, la aptitud para fijar ‘… un diagnóstico y fijar políticas puntuales para los distintos subgrupos’ (inc. K, art. 4, Ley 3706), llama escandalosamente la atención que el mismo se base en un único ‘relevamiento’ de una noche otoñal (acaso determinada al voleo),  sin considerar, el complejo y dinámico universo social que compone el colectivo humano de personas en situación de calle y en riesgo a la misma. Es así que, adquieren verosimilitud los dichos de la actora en el escrito de inicio de demanda de amparo, en cuanto a que el mentado relevamiento de este año en curso efectuado por el GCBA no da cumplimiento siquiera en grado mínimo con lo previsto en la Ley” (considerando III).

También se destaca del fallo el análisis realizado en el considerando V sobre las características del grupo tutelado por los actores. En este aspecto la sentencia sostuvo que “Las personas en situación de calle o en riesgo pertenecen a un sector vulnerado de la sociedad.  Se trata de un sector vulnerado y no de un sector vulnerable por considerar que dicha condición la padecen luego de una sucesiva puesta en marcha de políticas tendientes a generarla y no una condición natural o intrínseca del colectivo social referido. Ningún ser humano viene a este mundo con un destino preestablecido de pobreza, dado que el estado de pobreza, no es una condición natural sino como se dijo, el resultado de políticas públicas de los gobiernos” (énfasis en el original).

En base a estas premisas, con relación al nivel de injerencia del Poder Judicial sobre la administración pública la decisión aclaró que “De lo expuesto se desprende no solo el fundamento de la decisión que a continuación adoptaré sino también la trascendencia que asigno a la problemática que concita este amparo dado que están en juego cuestiones que atañen directamente a la condición humana y a su consecuente dignidad y respeto. Por lo tanto, no se trata como bien lo explican los tratadistas españoles citados, de revisar la decisión administrativa en su faz discrecional;  se trata en cambio de ejercer por esta vía, esa modalidad de control judicial que los profesores españoles denominan ‘el control de los hechos determinantes’ dado en la presente causa por la situación de vulnerabilidad socio-económica del colectivo en cuestión” (considerando V).

A modo de cierre, en cuanto a la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora la sentencia apuntó: “qué más puede pedirse en aras de estos requisitos, que el hecho público y notorio de las personas que viven y duerme en la calle, aquí en las puertas de este tribunal” (considerando VI).

Y sobre el requisito de “no frustración del interés público” previsto en el art. 177 del CCAyT de la Ciudad, sostuvo que “no se encuentra comprometido en autos, toda vez que la medida requerida se funda en el incumplimiento expreso por parte de la Administración de los recaudos previstos en una ley de la Ciudad, tendientes a la protección un colectivo social vulnerado”(considerando VI).

Sentencia completa disponible acá.

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