Tutela colectiva del derecho a la vivienda: legitimación, causa o controversia y límites al alcance de la condena (*CBA)

En fecha 11 de Marzo de 2016 la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA dictó sentencia en autos “Bernardis, Lilia Beatriz y otros c/ GCBA y otros s/ Amparo” (Expte. Nº A699-2014/0), una causa promovida por un grupo de personas contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Instituto de la Vivienda en resguardo de sus “derechos constitucionales a la vivienda y al hábitat adecuado, a la salud, a gozar de un ambiente sano, a la preservación del espacio público, la protección de los espacios verdes (…) en la medida en que esos derechos se encuentran lesionados en forma grave, manifiesta y reiterada como consecuencia de la omisión arbitraria de las codemandadas de llevar adelante los trabajos tendientes a la recuperación del Complejo Habitacional Mariano Castex” (considerando I).

Las actoras solicitaron en su demanda “que se ordene a las codemandadas presentar y ejecutar las obras necesarias a los fines de lograr la total rehabilitación del Complejo Habitacional Mariano Castex”. El Juez de Primera Instancia hizo lugar a la pretensión, condenando a las demandadas a “realizar las acciones necesarias para ejecutar las obras enumeradas en el artículo 2 de la ley nº 3199, en las formas y condiciones establecidas en la sentencia” (Considerandos I y II).

Apelado por el gobierno local, la Cámara confirmó el fallo en todo lo relacionado con la configuración de una “causa o controversia” colectiva, la existencia de derechos de incidencia colectiva vulnerados (tanto difusos como individuales homogéneos) y la legitimación de las actoras para promover la demanda (considerando VI), así como también en cuanto a la admisibilidad de la vía del amparo para discutir el conflicto (considerando VII), la falta de responsabilidad del consorcio de propietarios (considerando VIII) y el plazo establecido para el cumplimiento de la condena (considerando X).

Sin embargo, revocó la decisión de grado en cuanto había establecido la modalidad de cumplimiento de la condena.  Sobre este punto el apelante sostuvo que la sentencia había sido dictada “en exceso de jurisdicción, arrogándose funciones propias del Poder Ejecutivo con menoscabo en el principio de división de poderes (v. fs. 1073 vta.). Asimismo, la recurrente sostiene que lo decidido en la sentencia resulta contrario al principio de legalidad presupuestaria y al régimen de contrataciones pública (v. fs. 1078 vta.). En virtud de ello, considera que la decisión apelada resulta de cumplimiento materialmente y jurídicamente imposible” (considerando IX). 

La Cámara señaló al respecto que “se advierte que el sentenciante condenó a las demandadas a dar cumplimiento con los trabajos indicados en la ley nº 3199 y también determinó la forma de ejecutarlas tomando como referencia las recomendaciones y propuestas señaladas por el perito ingeniero interviniente en autos”. Además, el Juez de Primera Instancia “definió el modo en que se financiarían las obras a ejecutar, ordenando que el Poder Ejecutivo realice la respectiva previsión presupuestaria en el curso de este año y gestione los fondos públicos necesarios para la efectiva puesta en valor del Complejo Mariano Castex” (considerando IX).

En este contexto, la sentencia de Cámara consideró que “en efecto, tal como lo señaló el Sr. fiscal ante la Cámara, el alcance de la decisión apelada excede el objeto de la presente acción de amparo, dado que el ámbito propio de la sentencia consiste en que se emita una orden judicial para que el GCBA y el IVC den cumplimiento con los trabajos previstos en la ley nº 3199. En virtud de ello, cabe concluir en que asiste razón a la parte recurrente y, en consecuencia, corresponde revocar el pronunciamiento de grado en tanto determina la forma de ejecutar a realizar las obras previstas en la ley nº 3199 de conformidad con el apartado V.2.1. de la decisión apelada. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que el magistrado de primera instancia podrá tener en cuenta las recomendaciones y propuestas señaladas por el perito ingeniero interviniente en autos, en la etapa de ejecución de la sentencia” (considerando IX; ver también el apartado c.3. del dictamen fiscal, disponible acá).

Por último, la sentencia redujo los honorarios del letrado de la parte actora con los siguientes fundamentos: “ponderando la naturaleza y complejidad del proceso, su carencia de contenido económico, el mérito de la labor profesional desarrollada, la importancia, duración y efectividad de la gestión y la responsabilidad comprometida en ella, así como las pautas generales que surgen del artículo 386 del CCAyT, dado el carácter de auxiliar de justicia y el cometido de la actuación” (considerando XII).

Fallo completo disponible acá. Sentencia de Primera Instancia acá.

 

 

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