¿Acciones colectivas ante el nuevo fuero de consumo creado por la Ley N° 26.993? (*CBA)

Durante el pasado XXVIII Congreso Nacional de Derecho Procesal celebrado en la ciudad de San Salvador de Jujuy tuve oportunidad de mantener interesantes discusiones con algunos colegas en torno a la viabilidad de promover acciones colectivas ante el nuevo fuero de consumo creado por la Ley N° 26.993, pendiente aun de implementación debido a varios factores (entre los cuales se destaca la reciente medida cautelar ordenada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en autos “Ministerio Público Fiscal CABA c/ EN s/ proceso de conocimiento”, por medio de la cual se ordenó suspender los concursos N° 351 y 352 del Consejo de la Magistratura de la Nación. Ver sentencia acá).

Poco después de sancionarse la Ley N° 26.993 escribimos con Ornela Piccinelli un trabajo donde analizamos las reformas procesales avanzadas por dicha normativa y, con relación a este tema puntual, señalamos que “el modelo aprobado no se encuentra pensado para la tramitación de procesos colectivos. Esto se desprende con evidencia, entre otras cosas, del monto límite aludido y de la falta de normas en materia de tutela colectiva (al margen de alguna aislada previsión referida a legitimación activa). De cara a las características de la litigiosidad actual en este campo, lo apuntado constituye un importante déficit en el marco de una reforma que pretende mejorar el acceso a la justicia y las garantías judiciales de consumidores y usuarios frente a los proveedores de bienes y servicios” (trabajo completo acá).

Frente a ello, la posición que sostenían mis colegas es que efectivamente resultará posible accionar en clave colectiva ante el nuevo fuero en aquellos casos sin contenido patrimonial, ya que en tales supuestos la competencia por valor establecida en la ley no operaría como un obstáculo para el planteo (recordemos: tope máximo de 55 salarios mínimos, vitales y móviles, lo cual equivale a $ 333.300 desde el 24/07/2015).  Comparto esta lectura y creo que en ese tipo de asuntos sería posible salvar el problema del monto máximo del litigio. De todas maneras, mantengo mis dudas sobre la viabilidad de discutir colectivamente ante el nuevo fuero debido al carácter extremadamente sumario del proceso diagramado por la Ley N° 26.993 y a la ausencia de normas de trámite que permitan dar una discusión ordenada y razonable sobre este tipo de conflictos (me refiero a las “pautas adjetivas mínimas” y a los criterio de admisibilidad y procedencia establecidos por la CSJN en “Halabi” y todos los precedentes que, siguiendo su línea, profundizaron en dichas cuestiones e incluso agregaron nuevos recaudos formales para este tipo de discusiones).

 

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