El habeas corpus colectivo por condiciones de detención es competencia local cuando la clase representada se encuentra a disposición de jueces locales (*FED / *LPA)

En fecha 27 de Mayo de 2015 la CSJN dictó sentencia en la causa “Superior Tribunal de Justicia de La Pampa s/ Competencia” (Expte. Competencia CSJ 3089/2014/CS1), un conflicto negativo de competencia suscitado con motivo de una acción de habeas corpus colectivo deducida por el Defensor General y el Defensor de Ejecución Penal de La Pampa “con el propósito de hacer cesar el alojamiento de detenidos a disposición de la justicia provincial en cárceles ubicadas fuera del territorio de La Pampa, por considerar que esa práctica repetida suponía un agravamiento de las condiciones de detención, al dificultar significativamente las visitas y otros derechos de las personas privadas de la libertad”.

La contienda negativa de competencia se había suscitado entre el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa y el Juzgado Federal de Santa Rosa.  La CSJN determinó la competencia de la justicia local para entender en el asunto, remitiendo para ello a los fundamentos del dictamen de la Procuración General.  Dicho dictamen, a su turno, se fundó en los siguientes argumentos: “Sin perjuicio de que en la presente causa se pone en cuestión la facultad del Servicio Penitenciario Federal de designar la unidad de detención en que deben alojarse los internos, cabe también destacar que el ejercicio concreto de esa facultad, en la medida en que atañe a un aspecto característico del régimen penitenciario, no debe quedar vedado al examen de legalidad y razonabilidad de los jueces a cargo del control de la ejecución de la pena (conf. Fallos: 317:282, disidencia del juez Fayt; 317:916; 323:546). En este sentido, estimo que para la solución del presente conflicto es preciso tener en cuenta que el reclamo tomó la forma de una acción de clase que abarca sólo a los condenados por la justicia provincial que ·se encuentren o puedan encontrarse en la situación narrada en los antecedentes, razón por la cual es a ese fuero, encargado de la ejecución de sus propias sentencias, al que le corresponde definir la legalidad y razonabilidad de la práctica cuestionada”.

El fallo de la CSJN está acá, y el dictamen de la Procuración acá.

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